Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Blog

El presupuesto público como herramienta de desarrollo social

El ministro de finanzas públicas presentó el 2 de septiembre, como lo establece la Ley, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Estado  2016, el cual asciende a Q72,430.0 millones, 2.6% superior al aprobado para 2015, e inmediatamente se dispararon las luces de emergencia en varios sectores sociales, de investigación, económicos y de la población en general, sobre la posibilidad real de financiarlo, pero sobre todo por la imposibilidad de concebirlo como un instrumento de desarrollo efectivo para la sociedad guatemalteca.  El presupuesto  planteado no puede considerarse una herramienta para favorecer la inclusión y el desarrollo social por varios factores, siendo los principales:

    a) El financiamiento proviene principalmente de impuestos indirectos, que de ninguna forma producen una redistribución de la riqueza. Prueba irrefutable es que el 46% de la recaudación total está prevista a ser obtenida del cobro del IVA, pagado en su totalidad por los consumidores.   Tampoco se avanza en la eliminación de privilegios fiscales, necesaria para promover la justicia fiscal.  

    b) El gasto previsto en el presupuesto no obedece a un plan de desarrollo de largo plazo y por ende corresponde más al mantenimiento de cuotas a cada uno de los ministerios, secretarías y dependencias, que a objetivos concretos para mejorar el bienestar social.  En este punto, destaca la carencia efectiva de indicadores que muestren las metas de los resultados que espera el gobierno por la utilización de recursos públicos. Se percibe la conservación del paradigma erróneo de la ejecución total como prueba de buena gestión.
Es obvio que el gasto debe obedecer a un horizonte de largo plazo que privilegie el bien común: mejorar la educación, la salud, la protección social dando prioridad a los grupos más vulnerables: niñez, adolescencia, adultos mayores, etc. Sin embargo, en el presupuesto ni se privilegia el gasto en dichos segmentos, ni existen metas concretas que identifiquen el porqué de las asignaciones a otros rubros, por lo que siguen existiendo gastos superfluos e innecesarios y en muchos casos que dan lugar a corrupción.

     c) El endeudamiento planificado, debido en gran parte a la crisis política latente desde abril del presente año, sin llegar a ser inmanejable, sí será más caro. Como consecuencia del virtual cierre de las ventanillas de los organismos multilaterales de crédito, el déficit fiscal será financiado con bonos, los cuales deberán pagar una tasa mayor en el mercado, comprometiendo recursos que no podrán ser utilizados para financiar el bienestar social.

    d) Finalmente, la falta de transparencia sistémica de los organismos de Estado  en los que ante la carencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, persisten prácticas opacas que favorecen la corrupción y discrecionalidad en el manejo de los recursos, además que no existen parámetros para identificar el uso real de los mismos. Sobre este particular, debe recordarse que los usuarios de recursos públicos no se encuentran exclusivamente en el Organismo Ejecutivo,  también en los organismos Legislativo, Judicial, instituciones autónomas, descentralizadas y en las empresas del sector público, en donde debe avanzarse en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia.

El sector público guatemalteco tiene recursos limitados por lo que se debe hacer un uso óptimo de los mismos, en la búsqueda del bien común consagrada en la Constitución de la República, pero dicho uso debe hacerse de forma que favorezca la inclusión social y promoviendo el desarrollo, especialmente de los sectores sociales que hasta la fecha perciben, poco o nada, el bienestar de vivir en nuestra sociedad.

*Esta columna fue originalmente publicada el 25 de septiembre en la revista Crónica de Guatemala