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La moral tributaria y el presupuesto 2018

El proyecto de presupuesto para 2018 contiene una estimación de ingresos por Q67,707.5 millones, de los cuales Q63,012.4 millones son ingresos tributarios (93.1%).   Además, las fuentes financieras incluyen Q18,312.0 millones por endeudamiento público y Q1,903.4 millones por disminución de saldos de caja y bancos.    Las cifras desnudan algunas debilidades: a) los ingresos totales representan 11.2% del PIB, de los cuales 10.5% son carga tributaria, una de las más bajas del mundo; b) los ingresos sólo financian el 77.0% del presupuesto, mientras el endeudamiento lo hará en el 20.8%, síntoma de poca sostenibilidad en el manejo de las finanzas públicas, c) la única fuente de financiamiento real del presupuesto son los impuestos.    

En cuanto a la recaudación esperada, la misma presenta un incremento del 8.7% respecto a 2017, ligeramente por encima del 7.7% de incremento del PIB nominal, lo que produce un pequeño aumento de la carga tributaria. El valor establecido como meta recaudatoria, no parece ser de difícil manejo debido a que el trabajo de una administración tributaria es aumentar la productividad de los tributos y reducir el nivel de evasión, atendiendo a la legislación vigente.  Para lograrlo en el rubro de “otros impuestos indirectos”, el presupuesto incluye Q2,350.0 millones (0.4% del PIB), que equivalen al esfuerzo administrativo de la SAT y que es acorde a los valores alcanzados por otras administraciones tributarias en el mundo.

Y entonces: ¿Debiera preocupar a la ciudadanía el alcance de las metas de recaudación?  La respuesta es sencilla: Sí.    Es cierto que en el papel el valor presupuestado no es imposible de alcanzar, sin embargo, en la realidad la capacidad efectiva de recaudación de la SAT en la actualidad es muy limitada.     En los últimos dos años, gran parte de la recaudación ha sido resultado de dos factores exógenos al comportamiento de la recaudación: el cobro, muy valiente por cierto, de los casos judiciales pendientes de ejecutar y una amnistía tributaria, ambas situaciones no replicables,  dejan un vacío para el futuro.   La amnistía tributaria que favoreció la recaudación en 2017 jugará en contra el siguiente año, debido a que muchos de los “morosos consuetudinarios” estarán esperando acumular saldos para un próximo perdón del gobierno.   No obstante, el riesgo más grande parece ser la coyuntura política actual en la que nuevamente se cuestiona la transparencia del Presidente y del Ejecutivo, lo que producirá un impacto sobre la moral tributaria, reduciendo el pago de impuestos.  

Es cierto que la SAT no es responsable de éste último factor o de la apreciación del tipo de cambio,  pero sí de una apropiada planificación de su gestión, por lo que para garantizar el alcance de las metas, es apropiado que, en una actitud más proactiva, sobre todo ante la amenaza de que este año no alcance la meta contemplada en el Presupuesto, presente una planificación de acciones efectivas –no generalidades- que debieran ser dadas a conocer e implementadas desde ahora, no a mediados del siguiente año como se ha acostumbrado, evitando de esa forma que el gobierno esté posteriormente tronándose los dedos porque existe un nuevo agujero fiscal.