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Una oportunidad para reformar la SAT

La semana pasada, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República presentó el dictamen favorable para los cambios a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se debe felicitar a dicha Comisión por haber abierto las puertas para que esta discusión contara con una mesa técnica conformada por diputados y representantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca, con puertas abiertas para la cobertura ciudadana y mediática. A inicios del pasado febrero, solamente el Icefi y el Ministerio de Finanzas Públicas presentaron propuestas completas de reforma a la Ley Orgánica de la SAT, con las cuales se inició la elaboración de la iniciativa de ley. Las audiencias públicas llevadas a cabo en mayo con el fin de preparar el dictamen, reiteraron la apertura del espacio para presentar propuestas, expresar críticas y apoyos a la iniciativa elaborada.

En esas audiencias participaron, entre otros, la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (Cien), el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC (Ipnusac), Acción Ciudadana, la Fundación Economía para el Desarrollo (Fedes), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal), el Cacif y la propia SAT. Al analizar el dictamen, se evidencia que los integrantes de la mesa técnica, procuraron recoger el máximo grado de acuerdo posible.

Los cambios más significativos que se proponen a la Ley Orgánica de la SAT, son tres. Primero, sobre la gobernanza. Se cambia la integración y funciones del Directorio, que continuará presidido por el Ministro de Finanzas Públicas, junto a dos miembros que serán funcionarios públicos, elegidos por el Presidente de la República. Con esto se corrige la falta de responsabilidad, los posibles conflictos de interés y la carente rendición de cuentas del Directorio actual. Asimismo, el Directorio tendrá asignadas tareas estratégicas, como el nombramiento, evaluación y remoción del superintendente, así como la aprobación del plan operativo anual y el presupuesto.

Se crea el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que asumirá la función de resolver las impugnaciones que los contribuyentes presentan en el ramo administrativo, tarea que actualmente desempeña el Directorio. Asimismo, se crean dependencias responsables de investigaciones internas y del aseguramiento y resguardo de información confidencial.

Segundo, medidas de transparencia. Se regula la publicidad de documentos, estudios y estadísticas, en especial las metas de recaudación tributaria y los datos sobre el combate a la evasión y la defraudación aduanera. Se moderniza la regulación del secreto bancario, por medio de cambios al Código Tributario y a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, con lo que se logra que la SAT tenga acceso más rápido a la información bancaria de los contribuyentes, mediante autorización de juez y exclusivamente para fines de control y fiscalización.

Tercero, sobre los derechos del contribuyente. La propuesta incluye una modificación al Código Tributario para concretar la garantía, entre otros, de un trato imparcial, asistencia, confidencialidad de los datos, el ser informado al inicio de actuaciones de control o fiscalización y la prescripción de la acción de la administración tributaria.

Todos los participantes en la mesa técnica debieron dejar de lado algunas de sus propuestas con el fin de construir una idea colectiva sobre los necesarios y urgentes cambios que requiere la SAT.  Puede que aquellos que no tuvieron argumentos robustos para impulsar sus ideas en la mesa técnica, estén despotricando en contra de la aprobación de estas reformas. Sin embargo, el Congreso de la República tiene hoy en sus manos una herramienta para mejorar la administración tributaria. Se requerirá ahora tanto del voto de 105 diputados, como de una ciudadanía informada que analice esta propuesta a la luz de los acontecimientos vividos en el último año, y presione por su aprobación.

Esta columna fue publicada el 1 de julio en la revista Contra Poder de Guatemala