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Comunicados

Guatemala: el Icefi entrega a Comisión de Finanzas del Congreso análisis y propuestas para mejorar el proyecto de presupuesto para 2018

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) entregó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República un documento ejecutivo con elementos de análisis y propuestas para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

En el documento, el Icefi plantea como contexto político el rechazo ciudadano a incrementar en 2018 el techo presupuestario, debido a la desconfianza generada por el número creciente de escándalos de corrupción y el intento al final de agosto pasado de declarar persona non grata y expulsar de Guatemala al Comisionado Internacional Contra la Impunidad. Aunado a la escasa confianza ciudadana en el Gobierno, aspectos técnicos son causa de preocupación para el Icefi, como el hecho que casi la tercera parte del incremento presupuestario propuesto se haya recomendado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda —Micivi— (Q 3,191.3 millones), entidad seriamente cuestionada ante el escándalo del caso Corrupción y Construcción así como la demostración de una escasa capacidad para ejecutar su presupuesto.

Por otro lado la crisis política por la que atraviesa el Gobierno también genera dudas e inestabilidad en rubros prioritarios del gasto social. En este sentido, la propuesta de un incremento de Q 1,415.8 millones al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el 14% del incremento total propuesto, se hubiese saludado como correcto y gozado del apoyo de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Sin embargo, debido a que el objetivo principal de este aumento es la implementación en 2018 del Modelo Incluyente en Salud (MIS), la renuncia de la Ministra anterior y de todo su equipo de trabajo en agosto pasado, y sobre esto las declaraciones del nuevo Ministro en cuanto a su intención de ya no continuar con el MIS, son causa de preocupación seria por la pérdida de ese esfuerzo tan prometedor para la salud pública guatemalteca.

Por el lado de los ingresos públicos, el Icefi considera que la proyección de ingresos tributarios contenida en el proyecto de presupuesto para 2018 es factible toda vez se cumplan todos los supuestos que la sustentan, incluyendo que la SAT cumpla la meta para 2017. Sin embargo, el Gobierno ya ha admitido públicamente que no alcanzará la meta de recaudación para 2017, hecho que genera preocupación sobre la posibilidad que la proyección para 2018 resulte demasiado optimista. Contribuye a alimentar la preocupación el hecho que en los últimos dos años gran parte de la recaudación adicional lograda ha sido producto de dos factores exógenos al comportamiento pasivo de la recaudación: en lo positivo, el cobro de varios casos judiciales pendientes de ejecutar; en lo negativo, una amnistía tributaria. Ambas fuentes de recaudación adicional no son replicables, por lo que aunados al impacto de la crisis política que sufre el Gobierno del Presidente Morales, se teme generen un vacío en 2018 y años subsiguientes.

El Icefi supone que en un contexto caracterizado por la desconfianza ciudadana en el Gobierno, el proyecto de presupuesto debió haber fortalecido con prioridad y de manera significativa sus normas complementarias de transparencia de la ejecución presupuestaria. En este sentido, aunque el Instituto ve con agrado algunas de las normas propuestas en materia de presupuesto por resultados y la publicación de documentos adicionales a los contemplados en la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, como algo negativo en materia de transparencia fiscal del proyecto de presupuesto para 2018 es la supresión de algunos controles que contiene el presupuesto de 2017 para prevenir abusos y corrupción en los programas sociales, la reprogramación de obras por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo anteriores a 2016, y que enfrentan señalamientos por corrupción u otras anomalías, para las asignaciones destinadas a efectuar pagos a contratos de inversión pública en infraestructura vial adjudicados en períodos anteriores, especialmente los que enfrentan señalamientos en el marco del caso Corrupción y Construcción.

Finalmente, el Icefi formuló propuestas concretas para mejorar el proyecto de presupuesto en las siguientes áreas y temas:

 Ingresos

- La SAT debe explicar en forma detallada su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización, y con base a su estudio determinar la viabilidad de obtener en 2018 los ingresos adicionales por medidas administrativas para alcanzar la meta de recaudación tributaria propuesta.

- Suprimir cualquier autorización de exenciones y exoneraciones de impuestos.

-  La SAT debe adoptar una actitud más proactiva, sobre todo ante el hecho que las autoridades han reconocido que en 2017 no alcanzará la meta de recaudación tributaria, y presente una planificación de acciones efectivas y muy concretas.

Gasto público

- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe considerar como prioridad la continuidad de los esfuerzos para la consolidación, fortalecimiento y expansión del Modelo Incluyente en Salud.

- A más tardar el 31 de enero de 2018, conjuntamente el MinFin y el Micivi deben publicar un informe detallado de los contratos adjudicados en ejercicios fiscales anteriores que estarían recibiendo pagos con cargo al presupuesto de 2018.

- Suprimir el incremento de Q 339.8 millones en la asignación para el Ministerio de la Defensa Nacional (respecto al presupuesto aprobado original de 2017).

- La Dirección de Planificación del Mineduc debe explicar públicamente las razones por las cuales en 2018 se prevé deterioro en numerosos indicadores, incluyendo la matriculación en primaria, tanto monolingüe como bilingüe, básicos y diversificado, y el número de textos.

- Suprimir los aportes a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y todo tipo de entidad no estatal que no se ajusten a las disposiciones específicas que para el efecto contienen la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto.

- Reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala de forma que los recursos para cubrir el costo de la política monetaria no provengan del presupuesto.

- Prohibir a las entidades del Estado la contratación de seguros privados de vida o gastos médicos.

-  Modificar los techos presupuestarios de los programas respectivos a efecto de que se le pueda dar cumplimiento a la ley de alimentación escolar, aprobada después de la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso.

Transparencia

- Revisar cuidadosamente las normas que se proponen en el proyecto de presupuesto y que ya están contempladas en la Ley Orgánica del Presupuesto, para no duplicar, debilitar o limitar el alcance de las normas vigentes. En particular, esta revisión debe evitar contradicciones y antinomias.

- Establecer fechas claras para el cumplimiento de las normas de transparencia incluidas en el proyecto de presupuesto, y un mandato preciso para que el Minfin informe sobre su incumplimiento.

- El Minfin debe publicar una evaluación detallada y completa sobre la efectividad en la implementación de las normas de transparencia contenidas en la ley anual del presupuesto, como base para analizar su continuidad en la normativa del siguiente ejercicio fiscal.

- Incrementar la asignación presupuestaria que de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos para el cumplimiento de sus atribuciones como autoridad garante de ese derecho humano.

- Cumplimiento pleno del Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018.

- MinFin debe publicar una explicación de la metodología empleada para la proyección de ingresos ordinarios para 2018, base de cálculo para los aportes constitucionales y otros aportes.

- Adicional a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, a más tardar el 31 de enero las entidades del Estado deben publicar en sus portales de Internet su plan estratégico institucional.

Gestión de recursos humanos

- Publicar el censo de trabajadores y funcionarios de todo el sector público (gobierno central, municipalidades entidades autónomas y semiautónomas, entre otras) incluyendo variables como distribución geográfica, funciones y el costo por plaza.

- Elaborar y publicar un estudio sobre los pactos colectivos de condiciones de trabajo vigentes en el sector público, que ayude a identificar las medidas legítimas vigentes y los abusos que requieren ser eliminados.

Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org

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