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Comunicados

Guatemala: Icefi advierte falta de control y aumento de riesgos de corrupción en la aplicación del Estado de Calamidad en las carreteras

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), después de analizar el Decreto Gubernativo No. 5-2017 de la Presidencia de la República concluye que aunque son necesarias acciones urgentes para reparar la red vial, el Estado de Calamidad decretado es débil en controles y vulnerable a la corrupción. Por ello, recomienda al Congreso de la República que, en caso decida ratificarlo, debe modificarlo incluyendo controles y mecanismos anticorrupción.

El Icefi explica que según el artículo 2 del referido Decreto Gubernativo, la justificación del Estado de Calamidad decretado es «el inminente riesgoque las personas individuales y jurídicas contratadas para la construcción y mantenimiento de los diferentes tramos carreteros paralicen actividades». Aunque el segundo Considerando e información de los medios hace presumir que la referida paralización inminente pueda deberse a la persecución penal de contratistas en el marco del denominado caso Construcción y Corrupción, el Icefi destaca que el Ejecutivo debe explicar de forma clara y transparente por qué considera inminente esta parálisis en los contratistas.

El Instituto explica que el artículo 5 (medidas) faculta al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que durante el plazo del Estado de Calamidad (por ahora 30 días, pero que el Congreso podría prorrogar), para contratar la reparación de las carreteras, incluyendo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Para el efecto gozará de discrecionalidad para determinar qué obras contratadas deben ser objeto de decremento o reducción de alcances, pudiendo para el efecto cambiar o modificar contratos, y con ello continuar trabajos no ejecutados o en mantenimiento, tanto por administración como por contratación nueva. El artículo 6 (Adquisiciones) exime al CIV y al Ministerio de la Defensa Nacional de la obligación de licitar y cotizar, con excepción del contrato de obra.

A criterio del Icefi, los artículos 5 y 6 referentes a medidas y adquisiciones no guardan la debida consistencia y coherencia con el artículo 2 referido a la justificación, en tanto que la redacción propuesta por el Ejecutivo permitiría interpretaciones laxas, en las cuales las excepciones de los controles podrían aplicarse a contratos cuya ejecución no haya sido suspendida por casos de persecución penal de la corrupción. Como agravante, el Instituto considera que la medida de transparencia propuesta en el artículo 7 es demasiado débil, ya que solamente se limita a una instrucción a las Direcciones Técnica del Presupuesto y Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ambas del Ministerio de Finanzas Públicas, a emitir una nota circular conteniendo los procedimientos a seguir.

En caso el Congreso de la República decidiese ratificar el Decreto Gubernativo No. 5-2017, el Icefi recomienda modificarlo, para:

  • Establecer con mayor claridad que las medidas propuestas en el artículo 5 y las excepciones para adquisiciones públicas propuestas en el artículo 6 aplicarán única y exclusivamente a los casos de suspensión de trabajos derivados de la persecución penal en contra de los contratistas adjudicados y a cargo de la ejecución de las obras.
  • Aplicar controles anticorrupción y de transparencia más rigurosos. El Icefi propuso que las unidades ejecutoras estén obligadas a trasladar a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio de Finanzas Públicas y al Congreso de la República, copia íntegra de los contratos a los cuales les serán aplicables las disposiciones especiales del Estado de Calamidad. Además, debieran informarles de forma detallada y documentada de todas las acciones o actos administrativos que realicen utilizando esas disposiciones especiales. Asimismo, el Instituto recomendó que la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas y el Congreso de la República instalen portales de Internet especialmente dedicados a la publicación abierta de los contratos y toda la documentación vinculada al Estado de Calamidad.
  • Instruir a la Contraloría General de Cuentas que durante los 5 días inmediato posteriores a la caducidad del Decreto Gubernativo No. 5-2017, rinda un informe al Congreso de la República sobre las acciones administrativas y la ejecución de contratos bajo las disposiciones especiales del Estado de Calamidad. El Ente Contralor debería publicar este informe en su portal de Internet en un formato de datos abiertos, y el Congreso de la República debería valorarlo como condición indispensable para considerar cualquier solicitud de prórroga del Estado de Calamidad.

El Icefi recalca que lamentablemente en el pasado los Estados de Calamidad y otros estados de excepción regulados en la Ley de Orden Público han sido mal utilizados para realizar compras y contrataciones sin control, ajenas a la justificación de la excepción y cometiendo actos de corrupción, hoy ampliamente documentados en los casos que han presentado el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Por ello, el Instituto reitera su preocupación por la reparación urgente de la red vial, pero insiste en la necesidad imperativa de hacerlo en un marco de transparencia y apoyo al esfuerzo anticorrupción.

 Guatemala, Centroamérica, 19 de julio de 2017.