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Comunicados

Guatemala: Icefi presenta ante Comisión de Finanzas del Congreso su rechazo a los privilegios fiscales para el sector agropecuario

Durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó un documento con las explicaciones técnicas que fundamentan y reiteran su rechazo a la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 5182, Ley de Facilitación Tributaria para la Formalización del Sector Agropecuario de la República de Guatemala, aprobada en primera lectura el 9 de febrero de 2017.
 
En su intervención, el Icefi coincidió con la posición del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entidades que también se han pronunciado en contra de la aprobación de la propuesta. En particular, el Instituto manifestó compartir los criterios técnicos contenidos en el Dictamen Conjunto DCC-SAT-82-2016, emitido por la SAT el 19 de diciembre de 2016, en el cual advirtió que la propuesta sufría de ambigüedades e inconsistencias, que podría violar los principios constitucionales de legalidad e igualdad, impediría el control y la fiscalización de las actividades beneficiadas, y generaría una pérdida de ingresos tributarios de por lo menos Q1,296.3 millones anuales.
 
El Icefi reconoció la importancia del sector agropecuario para Guatemala, así como la necesidad de que el Gobierno lo apoye con una reforma integral, pero rechazó las presiones para acelerar el proceso de aprobación, en particular del sector ganadero. Rechazó además las amenazas de algunos integrantes del sector agropecuario referentes a elevar los precios de sus productos en caso se les obliguen a pagar impuestos. A criterio del Icefi, de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley del Impuesto al IVA, el precio de venta de un bien o la prestación de un servicio ya incluye el impuesto, por lo que al operar estos sectores en la informalidad, realizando ventas sin trasladar el IVA que va incluido en los precios, en realidad podrían haberse apropiado indebidamente del impuesto, un delito penado hasta con 4 años de cárcel.
 
El Icefi reconoció la conveniencia y utilidad de ofrecer facilidades para los contribuyentes que estén operando en la informalidad, y que voluntariamente deseen regularizar su situación. Además, explicó que estos contribuyentes pueden regularizar su situación recurriendo a la legislación vigente y pagando los impuestos omitidos, con lo cual demostrarían verdadera buena fe, y además podrían acceder a las facilidades que ofrecen los artículos 40 y 91 del Código Tributario vigente, en los cuales ya se establecen rebajas en las multas e intereses para esta acción voluntaria. En el caso de pequeños productores, el régimen para contribuyentes pequeños establecido en la Ley del IVA ofrece ventajas muy generosas cuando las ventas no exceden los Q 150,000 anuales. Considerando estas disposiciones legales vigentes, el Icefi considera que la ley propuesta no es necesaria para facilitar la formalización del sector agropecuario, ni de cualquier otro contribuyente que opere en la informalidad.
 
En conclusión, el Icefi declaró que la oposición a esta iniciativa ley no es un ataque en contra del sector agropecuario. Explicó que una política de fomento y atención al sector agropecuario seria y legítima no debería discutirse con prisa, ni tampoco debería basarse en privilegios fiscales abusivos.