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Comunicados

Guatemala: Icefi reitera que los privilegios fiscales no pueden ser parte de una política efectiva de inversión y empleo

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un evento público en el que sustentó técnicamente la inefectividad de las exenciones de impuestos como mecanismo para atraer inversiones y generar empleos, por lo que recomendó no aprobar las 18 iniciativas de ley identificadas que proponen privilegios fiscales.

El Icefi hizo una reseña de fuentes académicas y estudios sobre los factores críticos determinantes para la inversión en Guatemala. Las numerosas referencias permiten concluir que en muchos países, pero especialmente en Guatemala, el pago de impuestos no es un factor crítico determinante para la inversión. El Instituto destacó que es revelador y relevante que las respuestas de las empresas pequeñas, medianas y grandes a una encuesta realizada por la Corporación Financiera Internacional, no incluyeron el pago de impuestos como uno de los factores más problemáticos para hacer negocios, en contraste con problemas como la criminalidad, la corrupción, la falta de capacidad adecuada en la fuerza laboral, la ineficiencia en la burocracia gubernamental o la falta de infraestructura adecuada.

Con base en los análisis de las fuentes consultadas, el Icefi concluye que crear, mantener o ampliar exenciones de impuestos es una ruta equivocada para alcanzar objetivos legítimos como la atracción de inversiones o la generación de empleos. Sin embargo, una revisión a las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la República desde enero de 2016 revela que por lo menos 18 proponen privilegios fiscales.

La evaluación del Instituto a estas iniciativas de ley revela que 10 proponen exenciones al impuesto al valor agregado doméstico y 8 al impuesto al valor agregado sobre importaciones; 8 proponen exención a los derechos arancelarios a la importación; 9 proponen exenciones al impuesto sobre la renta; 1 propone exención del impuesto único sobre inmuebles; 3 proponen exención del timbre fiscal; 1 propone exención del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo; 2 proponen exención al impuestos de solidaridad, y 1 propone exención de tasas municipales.

Para el Icefi la abundancia de iniciativas de ley y la persistencia de propuestas para crear, mantener o ampliar privilegios fiscales demuestra por un lado la carencia de una política adecuada de atracción de inversiones y generación de empleos de calidad. Pero por otro, lamentablemente  confirma un desequilibrio entre los actores políticos y sociales con capacidad de influenciar las decisiones de la política fiscal, en particular demostraciones de prevalencia del poder privado sobre el público.

Esto después de décadas de vigencia de privilegios fiscales para sectores económicos específicos, los datos y estadísticas muestra que estas políticas no han logrado beneficios en términos de inversión extranjera directa, crecimiento económico o generación de empleos. El Icefi subrayó que los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre desempleo abierto, trabajadores por cuenta propia y empleo en la informalidad muestran incrementos durante las últimas décadas, poniendo en serio entredicho la efectividad de los incentivos fiscales como generadores significativos de empleos formales y de calidad.  

El Icefi considera necesario corregir las visiones y costumbres que en Guatemala prevalecen respecto a la forma de atraer inversiones y generar empleos de calidad. Como desafío político para la atracción inversión y la generación empleo efectivas, el Instituto señaló la necesidad de anteponer el bien común y una agenda de desarrollo económico y social incluyente y democrática, a los intereses de los sectores particulares o específicos que han gozado y gozan privilegios fiscales. Como desafíos técnicos, el Icefi planteó que una política adecuada de atracción de inversiones requiere medidas en al menos cinco elementos particulares:   fortalecimiento de la competencia y competitividad del mercado y de la cultura económica; educación; protección social; infraestructura y política económica.

En el caso del fortalecimiento de la competencia y competitividad del mercado y la cultura económica, el esfuerzo deberá incluir la planificación en sectores que generan mayor valor agregado o que son detonantes de la competitividad en otros sectores.  Entre ellos, el mercado eléctrico para garantizar acceso a la energía eléctrica a precios apropiados; el mercado financiero para garantizar el acceso al crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas; el mercado monetario para flexibilizar el tipo de cambio y adoptar una política monetaria más orientada a la promoción de empleo, y el mercado laboral que garantice tanto el aumento de la productividad del trabajador como el establecimiento de un salario mínimo que garantice un nivel de vida digno para la población.

El tema de la educación, como principal dinamizador de la productividad laboral, deberá incluir la universalización y la búsqueda de respuestas innovadoras a los problemas que enfrenta la producción.   El ámbito de la protección social deberá garantizar una buena calidad y cobertura de los bienes y servicios públicos, imponiendo altos estándares en salud, seguridad social y educación, así como en materia de seguridad; todos elementos que mejoran el capital humano, reducen los costos empresariales y atraen inversiones privadas.

También el país deberá implementar un plan concreto de fortalecimiento de la infraestructura física, que incluya como uno de los elementos fundamentales la modernización real de las aduanas para reducir los costos de la industria guatemalteca.  Finalmente, en el campo de la política económica, se deberán evaluar diferentes alternativas que abarcan desde el otorgamiento de subsidios temporales, focalizados y medibles para ciertas inversiones generadoras de inversión y empleo, pero acompañados de una carga tributaria progresiva, transparencia fiscal, gasto público vinculado a indicadores de cumplimiento de resultados y en general el fortalecimiento de la institucionalidad pública.

Con estos elementos como punto de partida, el Icefi considera que podría empezar a comprenderse la envergadura y complejidad de los desafíos, y con ello abandonar las visiones simplistas que continúan proponiendo que la atracción de inversiones y la generación de empleos se logran vía incentivos fiscales. Pero sobre todo, acercarse al diseño de una hoja de ruta o plan de acción que mitigue los desafíos políticos y convoque a un diálogo democrático, abierto e inclusivo de todos los sectores involucrados. Sin duda, es urgente un diálogo nacional para repensar el modelo económico, la agenda de desarrollo para Guatemala y la política fiscal que lo sustente.

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