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Comunicados

Icefi recomienda aprobación de la «Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador»

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reconoce que el impacto fiscal de esta regulación es poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos, pues la minería aportó a las arcas públicas en 2016 cerca de USD600 mil. Sin embargo, en el mediano plazo, la aprobación de esta ley elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del medio ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional.  

El Icefi reconoce que la discusión en torno a las actividades mineras en un país, debe estar supeditada al reconocimiento del derecho al desarrollo, que establece la libre determinación de los pueblos y la plena soberanía sobre sus recursos naturales, lo que implica respetar la decisión de las comunidades sobre si este tipo de actividades son parte o no del modelo de crecimiento económico. En ese sentido, en 2015 el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) publicó el estudio «Opiniones y percepciones hacia la minería metálica», en el que mostraba que 8 de cada 10 personas consultadas estaba a favor de que el Estado salvadoreño prohibiera definitivamente la minería metálica.   

Por otro lado, el Icefi recuerda los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica del sector minero, realizada en 2010 por expertos internacionales a petición de los ministerios de Economía y Medio Ambiente en el que se concluye que, debido a la debilidad del marco legal e institucional, en el contexto actual la minería no puede ser ni ambiental, ni socialmente sostenible. El Instituto también señala que el sector de minas y canteras no ha sido un motor del crecimiento económico ni generador de empleos para el país. De acuerdo a estadísticas oficiales, el aporte de este sector al producto interno bruto (PIB), en términos reales, entre 2010 y 2015, apenas ascendió a 0.3%, aclarando que en este sector se incluye además la producción de piedra, arena, arcilla y sal. Adicionalmente, los empleos de todo el sector ascendieron a 659 para 2015, lo que representa un 0.02% de la población económica activa (PEA).

En cuanto al impacto que la aprobación de esta Ley pueda tener sobre las finanzas públicas, el Instituto calculó que la carga tributaria del sector de minas y canteras para 2015 fue de 2.03%, muy inferior al promedio nacional, que para ese año ascendió a 15.9%. Además, enfatiza que en el caso de la extracción de oro y plata para 2016, el aporte tributario directo fue de USD600 mil lo que equivale al 0.001% del presupuesto público para ese año. Estos datos reflejan que la prohibición de la minería metálica no representa ningún impacto significativo para el funcionamiento del Estado salvadoreño. En contraste, la aprobación de esta ley minimiza los riesgos fiscales asociados con la recuperación del medio ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por las actividades mineras en el país.

Ante esta evidencia, el Icefi recomienda al honorable pleno de la Asamblea Legislativa la aprobación de esta ley, como un paso necesario para la construcción de un modelo económico en el que se privilegie la protección de las personas y el ambiente natural en el que estas desarrollan sus proyectos de vida. Finalmente, el Icefi invita a los diversos sectores de la sociedad salvadoreña a que la aprobación de esta ley se convierta en un ejemplo sobre cómo el interés social y la acción colectiva puede allanar el camino para la discusión y concreción del acuerdo fiscal que urgentemente requiere El Salvador. 

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