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Icefi y Unicef presentan boletín sobre inversión pública dirigida a la primera infancia

GUATEMALA. Con el título «Primera Infancia: Alas para el despegue al desarrollo» fue lanzada una nueva edición de la serie ¡Contamos!, que en esta ocasión está orientada al análisis de la inversión pública destinada al desarrollo de la primera infancia (niños y niñas entre 0 y 6 años), y que concluye que la misma ha sido escasa y marginal.

El estudio advierte que el Estado guatemalteco invierte sólo Q 6.1 diarios en el desarrollo integral de las niñas y los niños entre los 0 y los 6 años de edad, cantidad muy por debajo de lo necesario para garantizar su protección y el desarrollo del país. Este cálculo es un promedio para los años 2007 a 2014, y resulta de la evaluación de tres niveles de inversiones: individual; familiar y comunitaria; e institucional.

Si se observa sólo el nivel de inversión individual, lo que se destina en ese ámbito es apenas de Q2.5 diarios per cápita (USD 0.30 al día). En tanto, la inversión familiar y comunitaria se estimó, en promedio, en 0.6% del PIB (Q2.0 o USD0.3 diarios per cápita); y la inversión institucional se estimó, en promedio, en 0.5% del PIB (Q1.7 o USD0.2 diarios per cápita).

El estudio revela que entre 2007 y 2014 las inversiones presentan una tendencia decreciente, a pesar que a partir de 2012 se implementó el Pacto Hambre Cero, iniciativa que buscó consolidar inversiones intersectoriales dirigidas a este grupo etario.

Llama la atención que entre 2012 y 2013, la inversión del Estado en fertilizantes y asistencia alimentaria «asociada a la primera infancia», fue el triple de lo invertido conjuntamente en programas que evidencian un mejor abordaje para el desarrollo de la primera infancia, tales como los Hogares Comunitarios y Centros de Atención y Desarrollo Infantil. Ambos programas en promedio, entre 2007 y 2014, fueron financiados minúsculamente con inversiones de 0.01% del PIB asociadas a la primera infancia.

Icefi y Unicef afirmaron que es necesario retomar los esfuerzos por articular y financiar un sistema de protección social integral para la primera infancia, niñez y adolescencia según los compromisos de Estado delimitados en las políticas públicas y marco legal definido para el caso.

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