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Icefi analiza en informe la fiscalidad en las industrias extractivas en el Triángulo Norte

El estudio «La minería metálica en Centroamérica: una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad» se presentó en Ciudad de Guatemala, el 24 de marzo. El estudio estuvo bajo la conducción del Centro de Estudios Guatemala (CEG) –en coordinación con Oxfam Guatemala- ; además colaboraron FLACSO Guatemala y el Icefi, que tuvo a su cargo el capítulo «Aporte económico y fiscal de la minería en Guatemala, El Salvador y Honduras».

La presentación del estudio estuvo a cargo del coordinador de la investigación, Sandino Asturias, director del CEG, quien abordó temas como los antecedentes históricos, el marco legal, la conflictividad social y la militarización en zonas de desarrollo minero, y los impactos de la actividad minera en las mujeres.

Por su parte, Lourdes Molina, economista sénior a cargo del área de Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo, presentó el capítulo elaborado por el Icefi. Y durante su exposición destacó los principales datos económicos y de fiscalidad de Guatemala, señalando que al analizar el período 2005 – 2014 se concluye que en ninguno de estos años, el aporte tributario directo de las empresas mineras superó el 0.15% del PIB. Esto hace a esta actividad económica la que menos aporta a la economía del país.

En torno a la generación de empleo, es conocido que la actividad minera no es intensiva en la utilización de mano de obra. En Guatemala, datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dan cuenta que –haciendo un promedio de los diez años estudiados-  los afiliados al seguro social provenientes de este sector son 4,217.

Frente a estos datos, Lourdes Molina afirmó: «Si no es un aporte significativo para la economía, y el empleo que ocupa es mínimo, se esperaría que el aporte tributario fuese el beneficio que justificara esta actividad en el país». No obstante, las cifras observadas reflejan una carga tributaria del sector minero de entre 3.8% y 5.6%. Por ejemplo, en 2015, de cada 100 quetzales producidos por el sector de minas y canteras, el Estado recibió únicamente Q3.80 en concepto de impuestos y regalías de las actividades mineras.

Aún más alarmantes son los análisis sobre los costos que conlleva el cierre de una mina –por los daños ambientales ocasionados-. Se considera que el Estado guatemalteco no presta atención a esta etapa de la actividad minera, y no realiza los cálculos correspondientes. El Icefi estima que el cierre de una mina puede representar entre USD 186 y USD 906 millones de dólares. Por lo que si lo relacionamos con el presupuesto del país, en el escenario más bajo, el cierre de minas costaría 20 veces lo que se invierte en infraestructura y salud. Asimismo, el costo de cierre de minas es mucho más que el aporte tributario de las empresas mineras en Guatemala.

Frente a todas las cifras presentadas, el Icefi brinda insumos para responder lo siguiente: ¿El aporte fiscal compensa los impactos sociales y ambientales? No obstante, para el Instituto, es necesario que antes de hablar de fiscalidad en la minería, se consideren los temas de gobernanza y la garantía del derecho al desarrollo de las comunidades. Y una verdadera gobernanza de los recursos naturales, conlleva la posibilidad de que las comunidades afectadas sean consultadas, y la posibilidad de que éstas puedan decir no. 

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