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Observatorio Fiscal

¿Cómo perciben la corrupción los centroamericanos?

Transparencia Internacional publicó recientemente el estudio “Barómetro global de la corrupción. Las personas y la corrupción en América Latina”, trabajo que sintetiza los resultados de una encuesta realizada, entre mayo y diciembre de 2016, a más de 22,000 personas en 20 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluyen las naciones centroamericanas. El objetivo ha sido conocer experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y las percepciones acerca de la magnitud de la corrupción.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la mayoría de personas en la región, cerca del 62% de los encuestados, considera que la corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta. A nivel centroamericano esta afirmación fue hecha por el 53% de los entrevistados, siendo Costa Rica, El Salvador y Honduras los países con la peor percepción. 

Resultados de algunas preguntas relacionadas con la corrupción

Al preguntar sobre cuán corruptos se perciben diversos grupos de poder en cada país, los resultados indican que el 47% de las personas encuestadas sostienen que la mayoría o todos son corruptos en la policía y en el Congreso. El porcentaje baja al evaluar a los gobiernos locales (45%), a los funcionarios que dependen del presidente (43%), y jueces y magistrados (40%). Finalmente, el 36% de los entrevistados cree que los ejecutivos de empresas son sumamente corruptos. En cuanto a la lucha contra la corrupción, más de la mitad de los ciudadanos (53%) considera que su gobierno está haciendo mal esta tarea.

El estudio afirma que casi la tercera parte de usuarios de servicios públicos (educación, salud, documento de identidad, policía, servicios públicos y tribunales) pagó soborno en los últimos doce meses, lo cual equivale a casi 90 millones de personas en los 20 países encuestados. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas pagaron un soborno, dieron un regalo o hicieron algún favor al funcionario o empleado público para conseguir acceso al servicio requerido. Sin embargo, solamente el 9% de quienes pagaron sobornos denunciaron el hecho ante las autoridades. De este limitado número de personas, el 28% sufrió consecuencias negativas, mientras que en uno de cada cinco casos denunciados se tomaron medidas contra el autor.

En Centroamérica, entre un 24 (Costa Rica) y 38% (Panamá) de los entrevistados afirmó haber pagado sobornos. Dentro de los datos más reveladores están el que más del 51% de los entrevistados en Honduras, que utilizaron el sistema de justicia, afirmó haber tenido que pagar soborno; Entre 21 y 30% de los encuestados en El Salvador, Honduras y Panamá, debió pagar sobornos para acceder a servicios públicos de educación o salud. Por su parte, Guatemala tiene el más alto porcentaje de sobornos en el Istmo ―entre 21 y 30% de los encuestados― pagados a la policía.

El estudio preguntó a los encuestados si consideran que las personas comunes pueden hacer la diferencia frente a la corrupción y el 70% dijo que sí. En Centroamérica, el porcentaje se situó en 73%: las personas tienen confianza en que su participación activa y la denuncia de los hechos de corrupción ayudan a luchar contra este flagelo, principalmente en Costa Rica (82%), Nicaragua (77%),  Honduras (76%) y Guatemala (70%).  

El estudio agrega entre sus recomendaciones la necesidad de que los gobiernos involucren más a la sociedad civil en sus esfuerzos en contra de la corrupción, lo que puede dotar de credibilidad a sus esfuerzos. Asimismo, se debe crear un contexto seguro que favorezca la participación social, al tiempo en que se fortalecen las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción. También se recomienda eliminar la inmunidad política en los casos de corrupción y proteger a los denunciantes mediante la creación de canales de denuncia accesibles y anónimos.

Para reducir los sobornos en los servicios públicos, el estudio recomienda que los gobiernos aseguren que las tarifas oficiales de dichos servicios se exhiban públicamente; así como optimizar los procedimientos para que la toma de decisiones no resulte prolongada o arbitraria, e invertir en plataformas de gestión electrónica que permita solicitar servicios sin interactuar personalmente con funcionarios o empleados públicos. Finalmente, para sanear las instituciones policiales se recomienda mejorar sus capacidades de investigación, así como afianzar medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión institucional.

La corrupción, como mecanismo de ejercicio del poder, es un cáncer que está matando la democracia al destruir la confianza y la cohesión social, y al prostituir la institucionalidad pública frente a los fines particulares, por lo que toca hacerle frente de manera integral y estructural.

Estudio completo