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Fecha de la publicación: 
Miércoles, 1 Junio, 2011
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¿Cuánto estamos invirtiendo en la niñez y adolescencia guatemalteca?

La apuesta de desarrollo que permite a una nación el cumplimiento universal de los derechos humanos y la creación de espacios y oportunidades para que todos los individuos, sin distinción alguna, puedan participar en la vida política, social y económica, es una responsabilidad social en donde la política fiscal constituye uno de los ingredientes más importantes para su logro. A quién se cobran los impuestos, en qué bienes y servicios públicos se traducen y cómo estos satisfacen las necesidades de toda la ciudadanía, son preguntas necesarias en la construcción de una sociedad democrática. Tanto la situación actual de las finanzas públicas guatemaltecas, con tan pocos ingresos y con tareas pendientes en materia de equidad, transparencia y evaluación del gasto público, como los enormes desafíos en seguridad, educación, nutrición y salud, entre otros, obligan a plantear a la sociedad la necesidad de debatir sobre los ajustes que se debe hacer a la política fiscal para que esta desempeñe su papel estratégico en la lucha contra el flagelo del hambre, la enfermedad, la desnutrición o la ignorancia que, aunque silenciosos, también deben ser reconocidos como crímenes que enlutan a muchas familias y truncan a diario millones de proyectos de vida. Es evidente que en los últimos veinticinco años de nuestra historia la transformación política de la sociedad ha permitido allanar el camino para que la mayoría de los ciudadanos pueda ejercer su derecho a expresarse libremente y elegir en forma periódica a representantes locales, nacionales y legislativos. Sin embargo, continúan siendo insuficientes los avances en el reconocimiento, promoción y protección de los derechos a la educación, a la salud o a la protección social, por citar algunos. La sociedad guatemalteca debe preguntarse, en ese marco, ¿qué significa el derecho a votar sin la plena realización del derecho a la educación? ¿qué trascendencia tiene el derecho a la libre expresión del pensamiento si no realizamos el derecho a la alimentación?, o si ¿es respetado el derecho a la vida y a no ser privado de ésta arbitrariamente sin que se goce el derecho a la salud? Los derechos de las personas son innegociables, particularmente los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, para que las personas gocen de estos derechos, el Estado debe tener capacidad para cumplir con sus obligaciones, lo que requiere no solo de suficientes recursos, sino también de políticas públicas efectivas, lo que ha avanzado muy poco en estos pasados veinticinco años. Es por eso que esta serie de publicaciones ¡Contamos! tiene como propósito contribuir a la construcción de un lenguaje común sobre las políticas públicas y la política fiscal: identificar y analizar los avances realizados en estas áreas, evidenciar el camino recorrido, para descubrir nuevas ideas, planes, políticas y programas que aceleren el alcance de una mejor calidad de vida para las niñas, niños y adolescentes del país. De su presupuesto de gastos por año, Guatemala destina para cada niño, niña y adolescente Q 1,472, lo que lo convierte en uno de los países latinoamericanos que menos invierte en la niñez y adolescencia. La poca inversión pública se ha traducido en bajos niveles de calidad y cobertura educativa, principalmente en los niveles pre y post-primario; vergonzosos niveles de desnutrición y una alta mortalidad prematura, elementos que se acentúan más en poblaciones rurales, indígenas y pobres. Precisamente por lo anterior es que, desde este espacio, abogamos por un presupuesto público responsable y suficiente para lograr la universalización del goce de los derechos, la no discriminación y la priorización de los recursos públicos para los que están en mayor desventaja. Guatemala puede alcanzar un mejor nivel de bienestar social fortaleciendo la prestación universal de los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia, entre otros. En ese sentido, les toca a los políticos, a los empresarios y a la sociedad civil organizada buscar consensos para el fortalecimiento de las capacidades públicas, tanto en materia de financiamiento como en la ejecución de su quehacer. Se debe resaltar que, entre otros, dos de los grandes problemas actuales de Guatemala que limitan el desarrollo pleno son la desnutrición y la impunidad en los delitos y crímenes. Ambos suponen desafíos impostergables que se han de enfrentar, contando para ello con un presupuesto público que proteja a la niñez y la adolescencia. La alianza entre el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Unicef continuará, en los próximos meses, explorando y ahondando la comprensión de los principales problemas nacionales, planteando, a la vez, propuestas para su abordaje y financiación. Un país diferente requiere una política fiscal distinta. Guatemala es más que la suma de sus habitantes y tenemos frente a nosotros la impostergable tarea de edificar una sociedad que no solo trate de evitar el sufrimiento de los pobres sino que, sobre todo, permita mediante el concurso de la responsabilidad colectiva, concretar las aspiraciones de todos y cada uno de sus miembros. Porque cada persona cuenta; porque todos y todas contamos.