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Fecha de la publicación: 
Martes, 14 Noviembre, 2017
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Espacios fiscales para mejorar el financiamiento de la inversión en la niñez y adolescencia guatemaltecas

Estimaciones del Icefi y Unicef dan cuenta de que para la concreción de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Estado de Guatemala ha debido asignar inversiones públicas de aproximadamente el 5.7 por ciento del PIB en 2014. En 2017, esta cifra debería ser del 7.0 por ciento, y del 8.3 por ciento en 2021. Estos montos se deberían destinar a ejes como la educación, la salud y la asistencia social, entre otros, con la finalidad de implementar políticas públicas que garanticen un piso mínimo de protección social, en un marco de promueva el acceso universal y la realización de los derechos, así como el respeto hacia el enfoque territorial, de género y de ciclo de vida. 

No obstante, dadas las precarias condiciones de las finanzas públicas del país, el reto consiste en contar con el suficiente financiamiento para la implementación de las propuestas elaboradas, las que deben responder, a la vez, a una gestión apropiada que garantice su impacto. En tal sentido, el presente informe busca hacer una aproximación a los espacios fiscales disponibles, es decir, a las acciones técnicas y políticas cuyo objetivo es incrementar los recursos financieros del sector público, de manera que las condiciones de bienestar sean amplias para la niñez y la adolescencia, sus familias y comunidades. Al tomar en cuenta el desfinanciamiento actual del Estado de Guatemala se vislumbran espacios en el mediano plazo para la inversión en niñez y adolescencia que, si se adoptan cambios legales y decisiones políticas, ascienden al 2.31 por ciento del PIB. A corto plazo se perciben espacios fiscales dirigidos a proteger inversiones sociales ya comprometidas. Queda pendiente, sin embargo, una agenda de transformación de política fiscal a largo plazo que, sustentada en los principios de la justicia fiscal, logre agenciar recursos tributarios suficientes y sostenidos para concretar el desarrollo humano de todas y todos los ciudadanos del país, en un contrato social en el que la niñez y la adolescencia se consideren un protagonista fundamental.