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Fecha de la publicación: 
Martes, 15 Marzo, 2016
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Principales retos del presupuesto público 2016: Elementos para la discusión ciudadana

En 2015 culmina un proceso de reacomodo político que tuvo como telón de fondo la investigación y persecución penal de varias redes organizadas de corrupción que venían operando en distintos niveles del Estado. Las repercusiones políticas desataron manifestaciones ciudadanas, paros laborales, renuncias y despidos en todo el gabinete del Ejecutivo; entre otras, la renuncia de los entonces presidente y vicepresidenta.

La persistente debilidad institucional del Estado se reflejó en que la recaudación tributaria alcanzó un 10.2% del PIB en 2015 (el punto más bajo de recaudación desde 1997), lo que generó una política de contención del gasto público. Esto representó una reducción del tamaño del Estado a niveles similares a los exhibidos hace veinte años. De ello se desprende de manera evidente el deterioro de la política social del Estado, lo cual implica riesgos para la gobernabilidad democrática y para los esfuerzos por combatir
el hambre, la pobreza y la desigualdad.

La nueva administración asume un Estado con perspectivas de ingresos tributarios en extremo bajas (pues se prevé una carga tributaria del 10.4% del PIB, la cual será difícil de alcanzar). A esto se suma una administración tributaria severamente debilitada, redes y mecanismos de corrupción todavía incrustados en la burocracia estatal y una expectativa generalizada de rechazo a medidas que incrementen los impuestos o el endeudamiento público. Paralelamente, se avizora una reducción continuada en el gasto público que podría agravar el colapso del sistema de salud, la caída sostenida de la matriculación en el nivel primario y un incremento de la incidencia de la desnutrición crónica en niños y niñas.

Por otra parte, la inversión pública directa en niñez y adolescencia se estima, para 2016, en Q16,909.65 millones (3.23% del PIB), lo que se traduce en una inversión per cápita diaria de Q6.02 (USD0.79). Aunque son cifras relativamente superiores a las de 2015, su perspectiva de cumplimiento se considera difícil de alcanzar dada la precaria situación fiscal.