Pasó Navidad y se acerca el Año Nuevo, la época de los buenos deseos y nuevos propósitos para que el año por iniciar sea diferente, mejor. Sin duda la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas deseamos que, en el 2019, el país sea uno en el que las niñas y los niños gocen su derecho a la educación; en el que las personas puedan realizar su derecho a la salud independientemente si tienen la capacidad de pagar por atención médica, o no; en el que los padres y madres de familia, no vean que migrar sea la única forma de ofrecerles a sus hijas e hijos un futuro mejor; en el que los jóvenes, no sean las víctimas de una guerra sin final; un país en el que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos; y, un país en el que el medio ambiente se reconozca como un elemento indispensable para el bienestar de las personas.

Estos anhelos están muy presentes, especialmente porque en el actual período electoral, los partidos políticos se han esmerado en ofrecernos el país ideal, sin reconocer que construir ese país lleva más de 5 años y requiere acuerdos de país. Pero sobretodo sin reconocer que hasta la fecha ninguno de sus candidatos a la presidencia ha sido capaz de presentar propuestas concretas, decir cuánto cuestan y mucho menos aclarar la forma en las que se van a financiar.

Nuestro país tiene muchos retos, y las cosas no cambiarán de un día para otro, pero hay algunos aspectos no negociables que deberíamos exigir a nuestros funcionarios y funcionarias públicas durante el próximo año:

• Que todas las personas que ocupan un cargo o puesto en el sector público, independientemente de su credo o religión, ejerzan sus funciones respetando la laicidad del Estado.
• Que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, abandonen las prácticas de tener negociaciones opacas, que luego se traducen en votaciones que solo sirven para vanagloriarse por cumplir con sus obligaciones de legislar, pero que poco sirven para garantizar los derechos de la población salvadoreña.
• Que exigir rendición de cuentas y transparencia no sea visto como ataques o persecución política, sino como una forma de recuperar la legitimidad de la política pública frente a la población.
• Que ninguna persona con función pública exija y reciba seguros privados de salud, sino que esos recursos se destinen a fortalecer el sistema público de salud.
• Que haya más participación política de las mujeres, especialmente en el nuevo gabinete; pero sobre todo que las personas que ostenten cargos públicos impulsen políticas públicas para la garantía y plena realización de los derechos de todas las mujeres.
• Que el Ejecutivo y Legislativo no aprueben privilegios fiscales sin ningún argumento técnico, sin ningún mecanismo de evaluación, ni requisitos de que las empresas beneficiarias cumplan con sus obligaciones patronales y no generen daños ambientales.
• Que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial dejen de criminalizar a las mujeres que tienen emergencias obstétricas o partos extra hospitalarios.
• Que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Agua que tenga como punto de partida el reconocimiento y la garantía del derecho humano al agua y al Estado como garante de ese derecho y administrador de ese recurso.
• Que el nuevo gobierno, reconozca la difícil situación fiscal del país y lidere un acuerdo fiscal integral: que se construya de manera participativa e incluyente; que transforme la forma en que se recaudan los ingresos públicos, bajo el principio de progresividad; que reivindique el presupuesto público como herramienta para la garantía de los derechos humanos; y, que bajo el argumento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, no se defiendan los derechos de las variables económicas, sino los derechos de las personas.

Pero todo esto será infructuoso si no nos comprometemos, nos informamos, exigimos espacios de participación y ejercemos una ciudadanía activa. Que la empatía, la justicia y la generosidad nos permita  en 2019 empezar construir un Estado donde no sobre nadie, en dónde se garanticen nuestros derechos, a la vez que asumimos nuestras responsabilidades.

• Que todas las personas que ocupan un cargo o puesto en el sector público, independientemente de su credo o religión, ejerzan sus funciones respetando la laicidad del Estado.
• Que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, abandonen las prácticas de tener negociaciones opacas, que luego se traducen en votaciones que solo sirven para vanagloriarse por cumplir con sus obligaciones de legislar, pero que poco sirven para garantizar los derechos de la población salvadoreña.
• Que exigir rendición de cuentas y transparencia no sea visto como ataques o persecución política, sino como una forma de recuperar la legitimidad de la política pública frente a la población.
• Que ninguna persona con función pública exija y reciba seguros privados de salud, sino que esos recursos se destinen a fortalecer el sistema público de salud.
• Que haya más participación política de las mujeres, especialmente en el nuevo gabinete; pero sobre todo que las personas que ostenten cargos públicos impulsen políticas públicas para la garantía y plena realización de los derechos de todas las mujeres.
• Que el Ejecutivo y Legislativo no aprueben privilegios fiscales sin ningún argumento técnico, sin ningún mecanismo de evaluación, ni requisitos de que las empresas beneficiarias cumplan con sus obligaciones patronales y no generen daños ambientales.
• Que la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial dejen de criminalizar a las mujeres que tienen emergencias obstétricas o partos extra hospitalarios.
• Que la Asamblea Legislativa apruebe una Ley de Agua que tenga como punto de partida el reconocimiento y la garantía del derecho humano al agua y al Estado como garante de ese derecho y administrador de ese recurso.
• Que el nuevo gobierno, reconozca la difícil situación fiscal del país y lidere un acuerdo fiscal integral: que se construya de manera participativa e incluyente; que transforme la forma en que se recaudan los ingresos públicos, bajo el principio de progresividad; que reivindique el presupuesto público como herramienta para la garantía de los derechos humanos; y, que bajo el argumento de la sostenibilidad de las finanzas públicas, no se defiendan los derechos de las variables económicas, sino los derechos de las personas.

Pero todo esto será infructuoso si no nos comprometemos, nos informamos, exigimos espacios de participación y ejercemos una ciudadanía activa. Que la empatía, la justicia y la generosidad nos permita  en 2019 empezar construir un Estado donde no sobre nadie, en dónde se garanticen nuestros derechos, a la vez que asumimos nuestras responsabilidades.

Esta columna fue publicada el 27 de diciembre de 2018 en el diario El Mundo de El Salvador