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Algunos espacios fiscales en El Salvador para que el dinero alcance…

No es justo que se asignen grandes sobresueldos y prestaciones extraordinarias, cuando el pueblo hace un esfuerzo significativo para pagar sus impuestos. Todos estos aspectos deben ser eliminados para que el dinero alcance y, como puede notarse, no significa que están robándose los recursos, solo se están usando mal.


En los últimos tiempos circula frecuentemente en las redes sociales una frase publicada por el presidente Bukele en su cuenta personal de Twitter, y que hace referencia a que “El dinero alcanza cuando nadie roba”.  La frase, que pretende motivar la necesaria eficiencia y eficacia del gasto público, ha sido utilizada como una herramienta en una campaña de teórico combate a la corrupción en el Salvador, y que se espera que tenga como resultados en el mediano plazo una mejor utilización de los recursos públicos en pro del bienestar del pueblo del hermano país centroamericano.  Sin embargo, y aun cuando es elogiable el espíritu de la frase y sobre todo la aparente voluntad política del presidente salvadoreño, no es del todo correcta cuando se habla de finanzas públicas y política fiscal, dado a que hay muchas formas, en las que diferentes personas, sin necesidad estricta de robar, se benefician de la acción o de la inacción del Gobierno, y que obviamente producen que no alcancen los recursos públicos.   

Además, también debe indicarse que las principales manifestaciones de que “el dinero no alcance” son los servicios y bienes públicos insuficientes y de mala calidad, pero también los constantes déficits fiscales y acumulación de la deuda, por lo que para que el dinero realmente sea suficiente, deben emprenderse caminos adicionales a la imperativa estrategia de combate a la corrupción.

Inicialmente, deben entenderse dos conceptos fundamentales en materia de gasto público: la eficacia y la eficiencia, que, aunados a la oportunidad, representan la trípode mínima que necesita la ejecución del gasto para considerarse apropiado.   

En primer lugar, la eficacia se refiere a la utilización de los recursos públicos estrictamente en aspectos que contribuyan a mejorar el bienestar de la población, tanto en la mejora de su productividad en el corto, mediano y largo plazo, como en la elevación de su nivel de vida y satisfacción por vivir en la sociedad.  De esa forma, los recursos públicos deben gastarse, previo a una evaluación apropiada, en el financiamiento de los bienes públicos esenciales como seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura y aquellos otros que la sociedad, por medio de su Constitución Política, esté de acuerdo.   

Sin embargo, el gasto público, aunque no se roben los recursos  en el sentido estricto, deja de ser eficaz, cuando entre otras cosas, se asigna a financiar sobresueldos para los empleados públicos de alto rango, entre ellos para el pago de  dietas por asistir a reuniones, a pesar de que ya tienen un sueldo garantizado;  grandes caravanas de seguridad y elevado número de guardaespaldas, seguros médicos privados, cuando la población que paga sus impuestos apenas tiene acceso a los servicios públicos de salud; alimentación gratis, combustible gratuito, pilotos, teléfonos, mantenimiento de oficinas de lujo, viajes, etc.  

Ahora bien, es justo que los empleados públicos por la responsabilidad de conducir los destinos de un Estado devenguen un salario justo, acorde a sus funciones y a la designación popular, pero no es justo que se asignen grandes sobresueldos y prestaciones extraordinarias, cuando el pueblo hace un esfuerzo significativo para pagar sus impuestos. Todos estos aspectos deben ser eliminados para que el dinero alcance y, como puede notarse, no significa que están robándose los recursos, solo se están usando mal.

Complementariamente, la eficiencia del gasto público se alcanza cuando las compras y servicios se adquieren al menor costo posible.  Aquí entra en acción la prevalencia de la corrupción generalizada que viven los países centroamericanos y entre ellos El Salvador.   De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, El Salvador, lejos de mejorar en los últimos años, ha reportado una tendencia decreciente en la percepción del buen uso de los recursos públicos.

Por supuesto que hay muchas formas de corrupción, que van desde los sobrecostos en las obras públicas, hasta la vigencia de plazas “fantasma” en algunas instituciones, la sustracción de bienes del Estado y las clásicas “mordidas” que reciben algunos funcionarios por mirar hacia otro lado, cuando agentes privados se benefician del papel del Estado.  Aquí, de acuerdo con el Índice de Competitividad Global (2019) hay mucho campo por recorrer en temas de protección a la protección intelectual, respeto a los derechos de propiedad, confiabilidad de los servicios policíacos, eficiencia en el despacho aduanero, entre otras cosas.

Ahora bien, aun cuando definitivamente hay mucha razón en que el dinero alcanza más, cuando nadie roba y, por supuesto, si se usa mejor, todavía alcanza para más. 

Todavía puede ser insuficiente si los que tienen que pagar impuestos no cumplen con la parte que le corresponde, lo que empuja a los gobiernos, aunque usen bien los recursos, a ofrecer pobres bienes y servicios públicos o a la contratación de deuda.  Así, siguiendo el lenguaje del presidente Bukele, es obvio que los que no pagan impuestos están robando.     

De esa manera, el mismo Ministerio de Hacienda reporta en su Marco macrofiscal de mediano y largo plazo 2019-2029, que el nivel de evasión del IVA para 2018 alcanza 17.6 % del potencial teórico (1.7 % del PIB), y que los tratamientos tributarios preferenciales otorgados en forma de incentivos -que rara vez se verifica su pertinencia y eficacia-, alcanzan como mínimo 1.27 % del PIB, en recursos que no ingresan a las arcas públicas.   

Lamentablemente, no existen cifras oficiales sobre la evasión del ISR (una estimación realizada por el autor de este documento la ubica en un promedio del 70.8 % del potencial teórico para el período 2014-2018, para personas jurídicas, lo que implicaría una pérdida recaudatoria del orden del 7.6 % del PIB);  del impacto recaudatorio del contrabando o del efecto de los flujos ilícitos de capital, que conforme el último informe del Global Financial Integrity (2020) representa unos USD1,757.0 millones anuales, lo que implicaría una pérdida en el ISR por el equivalente al 2.1 % del PIB.  

Solo en estos últimos rubros, el Gobierno salvadoreño podría aspirar a tener alrededor de 12.7 % del PIB más en recursos, que permitirían no solo mejores bienes y servicios, sino que no se contratara más deuda.

De esa cuenta, los párrafos previos tienen el propósito único de mostrar que la deseable e imperativa campaña contra la corrupción, no necesariamente hará que los recursos alcancen, por lo que es necesario un combate efectivo a la evasión, a la elusión y a la defraudación tributaria, y una reestructuración de la forma como se administran los recursos, especialmente en las remuneraciones de los altos funcionarios públicos en general.   

El camino parece haberlo iniciado una declaración del presidente Bukele, así que, si realmente es su voluntad política, corresponde a las autoridades continuar con las acciones correctas para que el dinero realmente alcance para atender las necesidades del pueblo salvadoreño que merece tener altos niveles de desarrollo y bienestar.

 

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.