Nuestro desempeño sigue cayendo. Recientemente el Foro Económico Mundial, organización internacional que reúne a políticos, académicos y empresarios para auspiciar el debate sobre las políticas mundiales para el desarrollo, presentó el Informe Global de Competitividad 2015-2016. Este reporte evalúa el ambiente de competitividad de 140 economías, a través de la revisión de los factores que mueven la productividad y la prosperidad de cada nación. Dicho documento considera la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, y sostiene que las inversiones estratégicas para mejorarla deben buscar el fortalecimiento de las instituciones, la estabilidad macroeconómica, y la dotación de bienes públicos, algo que se considera un requerimiento básico.

Los resultados de El Salvador, lastimosamente no sorprenden. El país cayó 11 posiciones en la clasificación global, ubicándose en la posición 95, siendo una de las tres economías con mayor retroceso de la región latinoamericana y el Caribe. En la evaluación se muestran las principales variables que inciden a la hora de hacer negocios, siendo la criminalidad el factor más problemático. Sin embargo, al combinarla con una burocracia gubernamental ineficiente e inestabilidad política, se vuelve un elemento de mayor peso. Lo que hace imperativo preguntarnos ¿qué tipo de Estado tenemos? y ¿cuál es el que necesitamos?

Al igual que esta evaluación podemos seguir midiendo el desempeño de las variables macroeconómicas, sin embargo, debemos cambiar el enfoque y comenzar a observar más detenidamente cuál es el papel que juega el Estado. Un Estado que se encuentra atado de manos por el alto contenido ideológico en la toma de decisiones no podrá ser un factor de cambios para el país. Por tanto, para poder cambiar dicha situación, la actual administración debe dar luces de confianza e iniciar procesos de diálogo y transparencia en la toma de decisiones. Pero sobre todo debe comenzar a fortalecer los pilares de la sociedad, apostándole a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes, a través del fortalecimiento de sus instituciones.

Es por eso que, antes de enfocarnos en la búsqueda de mayor competitividad debemos dar pasos para tener instituciones que aseguren el disfrute equitativo de los resultados de la prosperidad, solo de esta forma se potenciará la innovación, la retención de talento, el comportamiento ético de las empresas y por ende el crecimiento económico. Hasta la fecha no sabemos cuál es el rumbo que el poder Ejecutivo y Legislativo tomarán para el país. Muchas de las discusiones se siguen estancando y algunas llevan postergadas varios años, entre ellas están: la Ley de Desarrollo Territorial, la Ley de Agua y cambios integrales en la política fiscal. Esta última es de gran relevancia, dado que de la disponibilidad y eficiencia en el manejo de los recursos, depende la capacidad de un Estado para atender las necesidades de su población.

Por tanto, los cambios fiscales se vuelven imperantes. Mejorar las instituciones que brindan seguridad, educación y salud, así como aquellas que generan condiciones para mayor empleo, producción y certidumbre económica tienen su base en cambios en la política fiscal. Con esto lograremos obtener un desarrollo en la calidad de vida de la población, gestando de esta forma, los cambios para una mejor competitividad.

Como país debemos superar la actual polarización política y abandonar el tabú de plantearnos una agenda fiscal, la cual debe fundamentarse en la búsqueda de una mayor transparencia y combate a la corrupción, fortalecimiento de la administración tributaria, vinculación del gasto público con la planificación y evaluación de impacto en el bienestar y desarrollo, y una mayor participación social en la discusión sobre el rol del Estado.

Esta columna de opinión se publicó originalmente el  22 de octubre de 2015 en Diario El Mundo de El Salvador