No.21 - Época II. La situación fiscal de Centroamérica se ha agudizado en los últimos meses, debido principalmente a una carencia estructural de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de la población centroamericana y concretar muchos de los compromisos asumidos por los gobiernos. Los casos más paradigmáticos son El Salvador y Honduras que, atendiendo a la existencia de déficits fiscales crecientes en los últimos períodos y una significativa acumulación de deuda pública, se han embarcado en fuertes programas de austeridad, dirigidos a tratar de reducir los niveles de gasto.

Similar situación se ha observado en Guatemala, en donde la austeridad es producto tanto de una caída en los ingresos por el debilitamiento de la administración tributaria, como de la negativa del Congreso de la República para aprobar los bonos necesarios para financiar parte del presupuesto de gastos. Por su parte, Costa Rica enfrenta un saldo creciente del déficit fiscal, y ante las dificultades para alcanzar un acuerdo político que permita avanzar en la postergada agenda de modernización tributaria, los saldos de la deuda pública han crecido en los últimos años hasta alcanzar niveles cercanos al 40% del PIB.

Esto aumenta las posibilidades de distorsiones macroeconómicas y el riesgo de insostenibilidad en las cuentas fiscales del gobierno central de dicho país. Panamá, por su parte, derivado de la implementación de políticas de expansión del gasto, relacionadas con la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura, ha recurrido a altos niveles de endeudamiento, los cuales pueden en el corto plazo no considerarse peligrosos, atendiendo al hecho que las tasas de crecimiento económico relativamente altas están manteniendo la relación deuda/PIB en niveles relativamente estables. Si esta relación se desequilibra, aumentando el tamaño de la deuda pública, en el mediano plazo, el Estado panameño podría verse obligado a un ajuste fiscal significativo. Nicaragua parece ser un país de mucha cautela en la ejecución fiscal. Sin embargo, existe en círculos académicos, empresariales y de la sociedad en general, preocupación sobre el potencial impacto que el endeudamiento vinculado a Petrocaribe pudiera ocasionar en el corto y mediano plazo.

El cada vez menor acceso a la información fiscal, puede aumentar la incertidumbre sobre la confiabilidad y certeza de los datos oficiales. Las estimaciones del Icefi permiten anticipar que la carga tributaria promedio para la región, cierre 2014 en torno al 13.4% del PIB, ligeramente por debajo del 13.5% observado en 2013. Este resultado es producto de dos fuerzas divergentes: por un lado, el aumento producido por la reforma tributaria implementada en Honduras en donde se estima que los ingresos tributarios se incrementarán de 14.7% a 15.9% del PIB; mientras que en sentido contrario, en el resto de los países del istmo se registrarán disminuciones, entre otros aspectos, por la falta de dinamismo económico, la relativa inelasticidad de los ingresos tributarios y por la percepción generalizada de falta de capacidad de las administraciones tributarias para hacer frente al desafío que implica propiciar mayores ingresos para las naciones. Por su parte, el gasto público promedio de la región cerrará el año con un crecimiento, pasando del 18.7% al 19.2% del PIB.

Este incremento, en mayor medida, estará siendo absorbido en el pago de la deuda pública. De acuerdo a la información disponible, el único país que registrará una ligera disminución del tamaño del gobierno central es El Salvador que, incluyendo el costo del sistema previsional, reportaría una contracción de 2%. El resto de gobiernos tendrán leves crecimientos en su gasto, destacando Honduras, Nicaragua y Panamá, en donde se estiman aumentos del 0.5%, 0.3% y 0.4% del PIB, respectivamente, con respecto a lo observado el año anterior. Por su parte, se estima que el déficit fiscal disminuirá en El Salvador y Honduras, como producto de su política de austeridad, así como por la reforma tributaria implementada en el segundo de los casos.

En ambos países, aún con la disminución, el déficit está lejos de un nivel que no ponga en dificultades la sostenibilidad fiscal. De acuerdo al pronóstico realizado, El Salvador cerrará el año con un déficit de alrededor del 4.0% del PIB, del que solamente una tercera parte corresponde al Gobierno Central y el resto es resultado de los gastos derivados del sistema previsional. En Honduras, la última revisión oficial supone un déficit de 5.2% del PIB, significativamente inferior al 7.9% registrado en 2013.

Por el contrario, el déficit fiscal aumentará en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. En el caso del primero, se estima que el déficit fiscal se aproxime al 6.2% del PIB, por encima del 5.4% observado en 2013, con lo cual se aumenta la urgencia para que el Estado avance hacia una reforma fiscal que aumente los ingresos, como de un programa de evaluación del gasto público que permita reconocer espacios para recortes sin disminuir el impacto en el bienestar social. En el caso de Guatemala, producto principalmente de una reducción en los niveles de recaudación tributaria, se estima que el déficit fiscal aumentará 0.1% respecto a lo observado en 2013; este valor sin embargo, dependerá de la ejecución final de los bonos aprobados recientemente en el Legislativo. Merece destacar el caso de Nicaragua que ha presentado superávit fiscal durante varios períodos consecutivos, lo que produjo una reducción del nivel de deuda acumulada respecto del PIB. Sin embargo, de acuerdo a la trayectoria de 2014, se estima que, salvo la implementación de algún mecanismo de austeridad en los meses que quedan, el Estado presentará un déficit cercano al 0.4% del PIB, que aunque manejable implica una reversión de la tendencia mostrada en los últimos años. Finalmente, en materia de deuda pública, el saldo promedio de Centroamérica pasará de 35.9% a 36.8% del PIB, destacando el aumento de tres puntos en la deuda de Costa Rica que se estima pasará de 36.0% a 39.0% del PIB. Honduras, que registrará un aumento de 2.2% del PIB, cerrando con un saldo de 45.2% del PIB, muy similar al cierre que tendrá la deuda pública de El Salvador (45.9% del PIB). Por su parte, Guatemala reportará un ligero aumento en el saldo de la deuda pública del 0.7% y Panamá en 0.4% del PIB. De acuerdo a la trayectoria actual, el único país que podría reducir ligeramente su deuda respecto al período anterior es Nicaragua, producto del aumento de su actividad económica.

Aun cuando en general, los resultados fiscales de 2014, dan pie para suponer que, salvo Costa Rica, los países están implementando mecanismos para mantener sanas las cuentas fiscales de la región, resultan destacables algunas alertas rojas. Primero, el relativo raquitismo fiscal de Guatemala, en donde, aun cuando hay menor deuda acumulada en comparación al resto de la región, el nivel de gasto continúa estando lejos de los estándares regionales o mundiales y por ende, la posibilidad de promover el desarrollo económico y una mejora del bienestar es muy lejana.

Segundo, las reformas tributarias implementadas en los últimos años han sido insuficientes para dotar a los países de los recursos necesarios para financiar el quehacer del sector público, debido a que incluso con ellas, se sigue presentando déficit fiscal estructural. Tercero, el nivel acumulado de la deuda pública se acerca peligrosamente a los valores en los que puede considerarse insostenible. Cuarto, es urgente promover la construcción de una política fiscal que tanto en los ingresos como en el gasto y en la transparencia, esté sincronizada con los actuales desafíos de la transformación productiva, la mejora del bienestar y la consolidación democrática. Ante esta realidad, los poderes Ejecutivo y Legislativo, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones sociales centroamericanas deben promover espacios para la discusión y puesta en común sobre acuerdos políticos fiscales que garanticen a las naciones romper la tendencia a la sobrevivencia para allanar el camino hacia un desarrollo sostenible e incluyente.