No. 16 - Época II. El trabajo infantil constituye una de las más notorias manifestaciones de la exclusión social y económica que padecen alrededor de 1.7 millones de niñas y niños centroamericanos. Las Convenciones 138 (1973) y 182 (1999) de la Organización Internacional del Trabajo establecen que la edad mínima de admisión a cualquier trabajo o empleo no debe ser inferior a la edad de completar la educación obligatoria, y en ningún caso menor de 15 años.

Asimismo, advierten las peores formas de trabajo infantil, por medio de las cuales se esclaviza, se les recluta a la fuerza, se les somete a la trata y prostitución y se les obliga a cometer actos ilegales. La propia Convención de derechos del niño que este año arriba a su 25 aniversario exige el reconocimiento del derecho de todos los niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra cualquier labor que dañe su desarrollo físico y mental.

Sin embargo, y aunque los países centroamericanos han ratificado estos acuerdos internacionales, los niños trabajadores centroamericanos continúan siendo víctimas de una triple agresión. Por un lado, el estar insertos de manera temprana en el mercado laboral para compensar los bajos ingresos de su hogar, revela la poca inversión del Estado en su protección y bienestar. Por otro, el trabajo infantil vulnera la integridad física, psíquica y, en ocasiones, moral de los niños y, finalmente, interfiere con su educación y sacrifica su salud.

Estudios realizados sobre el tema revelan que una de las principales causas de abandono escolar es el trabajo infantil, el que a su vez refleja la persistente inequidad, no solo en el acceso a la educación sino también en la redistribución de la riqueza generada socialmente, que enfrentan ciertos grupos excluidos de la sociedad, tales como las poblaciones pobres, rurales, y, en algunos países, migrantes e indígenas. El trabajo infantil tiene un costo para quienes lo sufren pues perpetúa el ciclo de la pobreza y la exclusión, pero también para la sociedad, al no permitir a todos la formación de capacidades intelectuales y ciudadanas, necesarias para la convivencia y el desarrollo en el contexto actual.

Asimismo, el estudio Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil, estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012 (OIT/Ipec. 2013) revela que, a nivel mundial, la agricultura concentra al 59% de todos los niños trabajadores, seguida por el sector servicios (32.3%) y la industria (7.2%). También revela que el 7% de los niños de América Latina en situación de trabajo infantil, lo hacen en actividades peligrosas.

Aún cuando las estadísticas registran mejoras en la disminución del trabajo infantil es urgente acelerar la erradicación del trabajo infantil. Las sociedades centroamericanas, con especial énfasis en sus gobiernos y sus sectores empresariales, deberán comprometerse a erradicarlo disponiendo de mayores recursos (humanos, materiales y financieros) para el aumento de la cobertura y calidad de los sistemas públicos de educación y salud, la existencia de un programa efectivo y transparente de transferencias condicionadas dirigido a la niñez en situación de pobreza, la puesta en marcha de programas de transformación productiva y generación de empleo para adultos, y finalmente, fortalecer a las instituciones que supervisan el cumplimiento de las normas legales que persiguen el castigo y la erradicación del trabajo infantil.

Esto requerirá apartarse de lo que pretende la concepción materialista del homo economicus, lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo, en la que el ser humano se reduce a un mero agente de producción económica, considerado solamente en función de su capacidad laboral, y comenzar a comprender que la construcción de sociedades democráticas y competitivas requiere del respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todos y cada uno de sus miembros.