No. 22 - Época II. Durante los primeros años del siglo XXI, los Estados han desplegado esfuerzos para enfrentar la corrupción e impedir que unos pocos obtengan beneficios personales ilegítimos, en especial si se afecta el bien común, así como la provisión de los bienes y servicios públicos adecuados para resolver las principales necesidades de la población. El primer reto para este propósito ha sido reconocer que la prevalencia de actos de corrupción varía de un país a otro, en función de los actores, procesos, instituciones e incentivos involucrados.

Asimismo, factores como el costo de oportunidad, la probabilidad de detección, la severidad de la sanción social o de las penas reguladas para estos actos, determinan el alcance y la forma en que la corrupción se pueda manifestar en cada caso. A partir de una comprensión sistémica sobre las causas que originan y alientan la corrupción ― ya sean históricas, sociopolíticas, económicas, administrativas, entre otras―, el segundo reto ha sido identificar el marco jurídico y la ingeniería institucional que se necesita para fundamentar estrategias efectivas para el combate de este flagelo social.

En este sentido, la experiencia en la implementación de políticas públicas diseñadas para lograr prácticas eficaces contra la cultura de opacidad, ha resaltado la necesidad de complementar el uso de mecanismos de prevención de la corrupción con los esfuerzos para su control y sanción. En Centroamérica, con avances diferenciados en cada país, se ha incrementado de manera notable la demanda ciudadana para crear condiciones que garanticen una gestión transparente y adecuada de los recursos públicos.

Frente a este escenario, la mayoría de Estados han asumido el compromiso de implementar estándares internacionales en materia de combate a la corrupción, por medio de la ratificación de diversos instrumentos legales (declaraciones, convenciones, convenios, acuerdos), o mediante su adhesión voluntaria a iniciativas multilaterales, dentro de las que destaca la recientemente conformada Alianza para el Gobierno Abierto ―AGA―. Sin embargo, reconociendo los diferentes contextos y efectos particulares que tiene la corrupción en cada país, persiste una alarmante percepción de que las acciones desarrolladas hasta ahora no están rindiendo los resultados esperados.

De acuerdo con los resultados de la edición 2014 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI), América Latina y el Caribe no muestra un movimiento significativo en sus calificaciones. Idéntica interpretación surge al analizar los resultados que obtuvieron los países de Centroamérica: con excepción de Nicaragua, que mantiene la misma puntuación del 2013, el resto de países refleja un leve aumento en su calificación. Costa Rica y El Salvador aumentaron su nota en un punto, Panamá en dos, mientras que Guatemala y Honduras lo hicieron con tres.

El resultado, lejos de constituir una esperanza sobre cambios efectivos que deriven de los esfuerzos anticorrupción, denota un estancamiento en el progreso de los Estados de la región en esta materia. El IPC 2014 refleja que, con excepción de Costa Rica, el resto de países de Centroamérica no alteran la tendencia histórica de ubicarse dentro del segmento de países del mundo con una percepción de altos niveles de corrupción, al obtener una puntuación inferior a 50 puntos.

En conjunto, los estados centroamericanos obtienen un promedio de 36.5 puntos, por debajo del promedio global (43) y de América Latina y el Caribe (45). Los resultados reflejan un contexto en el que persiste la cultura de opacidad; los escándalos que involucran a personas vinculadas a las altas esferas del poder en los gobiernos siguen siendo muy frecuentes, mientras las instituciones públicas con funciones de control no cumplen con vigor sus atribuciones para detectar, prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Como consecuencia de esta cadena de impunidad que favorece los actos de corrupción, se ven disminuidas las capacidades del Estado para atender satisfactoriamente las demandas de la sociedad para procurar el desarrollo económico y social.

Como afirma TI, existe la sensación de que algunos países de la región llevan a cabo reformas anticorrupción puntuales para mostrar que se está haciendo algo, pero no avanzan con temas clave. En materia de transparencia fiscal, el desafío en los siguientes años es promover agendas que sean creíbles, verificables y logren efectos más allá de una gestión gubernamental específica, como las que está promoviendo la AGA, por medio de los planes nacionales de gobierno abierto que impulsan las administraciones públicas en Centroamérica. El reto para la sociedad es acompañar estos esfuerzos para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado y denunciar su incumplimiento cuando sean evidentes los nulos o escasos resultados.

En general, las acciones que favorezcan la transparencia y el combate a la corrupción deben abarcar de manera integral aspectos tales como legislación, institucionalidad, acceso a la información pública y participación ciudadana. Por último, se hace necesario en la sociedad centroamericana, fomentar una reflexión social profunda que permita explicar qué elementos estructurales están limitando los esfuerzos para avanzar hacia sistemas de transparencia y rendición de cuentas, así como la forma de superarlos. Alcanzar resultados en esta materia puede resultar clave para que los objetivos de desarrollo definidos por las sociedades no queden en meras aspiraciones, sino se vuelvan proyectos con posibilidades reales de aplicación y de sustento para las democracias.  

Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional Puntuación obtenida por los países de Centroamérica y puesto obtenido en la medición global Periodo 2012 - 2014

        Fuente: Índice de Percepción de Corrupción, Transparencia Internacional. La puntuación del índice oscila entre 0 (percepción de mayor nivel de corrupción) y 100 puntos (percepción de menor nivel de corrupción).

Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional Datos relevantes, edición 2014