No. 7 - Época II. El 1 de agosto inició la vigencia del Acuerdo de Asociación con Europa en Honduras, Nicaragua y Panamá, los cuales se adelantaron a los demás países centroamericanos en su ratificación y preparación, con el fin de alcanzar con mayor celeridad los beneficios ofrecidos para los firmantes del mismo.

Para la región, la implementación y los efectos esperados por este Acuerdo, representa el mayor reto en materia de política comercial desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (CAFTA-RD). Además, también representa un significativo esfuerzo por consolidar la Unión Aduanera Centroamericana, la cual ha estado en proceso de construcción desde los años sesenta del siglo pasado.

Conforme la información de la Unión Europea, UE, en 2012 Centroamérica representó el 1.6% de las importaciones y el 2% de sus exportaciones, y la UE obtuvo un superávit comercial de US$ 5,834.4 millones con la región. El comercio con la zona centroamericana se ha mantenido relativamente estable en alrededor del 8.1% del total y presenta una tasa de crecimiento del 7.6% durante el período 2008-2012, con una tendencia al crecimiento.
Independientemente de los potenciales beneficios en materia comercial, la puesta en marcha del Acuerdo ha significado una serie de desafíos para los países centroamericanos.

El primer desafío fue enteramente político, debido a la poca voluntad de los parlamentos nacionales para agilizar la aprobación de la vigencia del Acuerdo, lo cual produjo retrasos en la preparación de los aparatos burocráticos para su implementación, especialmente en la inscripción de los indicadores geográficos. Precisamente la inscripción de dichos indicadores geográficos y la resistencia de países como Italia, para el inicio de la vigencia en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, se ha convertido en un real obstáculo para que los empresarios de dichas naciones inicien con la exportación al mercado europeo.

Un tercer desafío, vinculado al tema anterior y a la definición de las cuotas para los países centroamericanos en ciertos productos, es la potencial desviación de comercio resultante de la no entrada en vigencia del Acuerdo en un país en particular y que puede promover la proliferación de contrabando de mercancías de un país hacia otro, para aprovechar las ventajas del Convenio. Un ejemplo sencillo es el caso del azúcar que hoy no puede exportarse desde Guatemala y El Salvador, pero que bien podría ser enviada a Europa como de origen hondureño o nicaragüense, aprovechando las cuotas que no serían utilizadas por los dos primeros países o simplemente aparentado que son del mismo.

Posiblemente el cuarto desafío sea el de más difícil solución: La consolidación de la Unión Aduanera. El documento del Acuerdo de Asociación establece que en un plazo que no exceda a dos años, la región debe disponer de un mecanismo para reembolsar los derechos arancelarios y otros costos pagados por un importador de un país centroamericano, cuando reexporte mercancías originarias de Europa a otra nación centroamericana. Este mecanismo ha sido discutido duramente por más de una década, sin que a la fecha exista una solución concreta o fecha específica de aplicación.

También el Acuerdo sugiere que en un plazo no mayor de tres años, la documentación y procedimientos aduaneros deberán estar armonizados, de tal manera que sean de uso general y único en la región. El problema de este último aspecto está vinculado al hecho que se exige cuando aún, debido a la vigencia de otros acuerdos comerciales como el CAFTA-RD, existe heterogeneidad en los tratamientos arancelarios, sanitarios, fitosanitarios y sobre todo de seguridad, respecto a la importación de otros países.

Alcanzar la Unión Aduanera en un plazo tan corto parece no ser posible, sin embargo, si podría desarrollarse un modelo intermedio en el que, garantizando el libre flujo de mercancías y la armonización de procedimientos y documentación, se cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Asociación con Europa, aun cuando exista cierta distorsión en los tratamientos arancelarios. Complementariamente, los gobiernos centroamericanos deberán reiniciar la discusión y acordar en un corto plazo, el mejor mecanismo para la redistribución de los ingresos tributarios, especialmente los obtenidos por medio de aranceles.