No. 4 - Epoca II. Recientemente fue publicado por la Agencia Francesa de Cooperación al Desarrollo (AFD), un comunicado en el cual Guatemala, Costa Rica y Panamá han sido catalogados como un paraíso fiscal. En abril el gobierno francés eliminó de una lista similar a Costa Rica y Panamá, aún cuando precisó que ambos países seguirían siendo objeto de vigilancia.

En los últimos años, Francia ha endurecido las sanciones fiscales para las empresas que operan en aquellos países considerados paraísos fiscales. Paralelamente al momento de la publicación de la AFD, la justicia estadounidense ejerció acciones en contra de Liberty Reserve, la empresa con sede en Costa Rica que hizo el mayor lavado de dólares en la historia reciente, cerca de 6,000 millones, provenientes de un millón de clientes en todo el mundo; y mientras la justicia alemana considera a Panamá un paraíso fiscal debido a que varios de los evasores de la lista «Falciani» nombrada así en alusión al empleado del banco HSBC en Suiza que en 2008 entregó a las autoridades francesas datos bancarios de unas 130,000 personas, que fueron utilizados para elaborar una lista de presuntos defraudadores fiscales a nivel mundial, han instalado sus empresas en el país Centroamericano. Se califica de paraíso fiscal a un Estado que no aplica impuestos directos, o si existen, son sólo nominales, con escasa capacidad de recaudación.

Por el contrario, si el Estado no aplica impuestos directos pero sí indirectos, estos revisten cierta opacidad fiscal, a la que se suma una legislación o prácticas administrativas que no permiten o dificultan significativamente el intercambio de información para propósitos tributarios, incluyendo el secreto bancario y la protección de datos personales –acciones de empresas al portador-; asimismo, en un paraíso fiscal se concede un tratamiento tributario privilegiado, generalmente reducción de la obligación tributaria, a ciudadanos o empresas no residentes.

Las pérdidas tributarias a nivel mundial, por la utilización de paraísos fiscales, han sido calculadas en 160 mil millones de US dólares, de los cuales Global Financial Integrity estima que el 60% está relacionado con la evasión de impuestos, 30% con el tráfico de drogas y la trata de personas, y entre el 3% y 5% es producto de la corrupción. Todos los países de Centroamérica están avanzando para cambiar las características que los hacen parte del cada vez más incómodo grupo de los paraísos fiscales. Son notorios los cambios en Costa Rica y Panamá. Sin embargo, Guatemala continúa sin tomar acciones decisivas para la regulación del secreto bancario, como mecanismo para facilitar el control tributario.

A la carencia de voluntad política se suma la fuerte oposición del sector privado guatemalteco. Para poder seguir atrayendo inversiones extranjeras y para aumentar las posibilidades de desarrollo y gobernabilidad democrática, la sociedad centroamericana debe eliminar los vicios de su política fiscal, que la enmarcan en el deshonroso mundo de los paraísos fiscales. La región necesita una política tributaria equitativa y moderna, sin privilegios absurdos para sectores económicos dinámicos, y con leyes que fortalezcan las administraciones tributarias, para que estas luchen efectivamente contra cualquier acto de delincuencia tributaria, como el contrabando y la evasión de impuestos.  

Tabla 1: Avances de los países centroamericanos que son sujetos
de evaluación en la temática de paraísos fiscales. (fuente: Icefi)

Gráfica 1: Carga tributaria según tipo de impuesto (directo o indirecto)
como proporción del PIB

(Fuente: Icefi con base en Banco Central de Costa Rica, Banco Central de Reserva de El Salvador, Guatemala Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Secretaría de Finanzas Públicas de Honduras, Banco Central de Nicaragua y Contraloría General de Panamá.)