El pasado 16 de marzo, el gobierno de la República de Honduras determinó unilateralmente el cierre de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), después de casi 22 años de funcionamiento, siendo creada vía Decreto 159/94 del 17 de diciembre de 1994.

Este cierre responde al plan de reestructuración de la administración tributaria, que tendrá como resultado final la creación de una nueva entidad, según el contenido de los Decretos ejecutivos PCM 083-2015y PCM 084-2015, creándose el Servicio de Administración de Rentas (SAR). El SAR  tendrá como principal reto mejorar la eficiencia en la recaudación, intentando lavar su rostro ante los contribuyentes, que esperarían una mejora considerable en cuanto al servicio otorgado. Dado este repentino y abrupto cierre, surgen algunas interrogantes: ¿Qué incluye este plan de reestructuración? ¿Cuánto costará su implementación? ¿Afectará la meta de recaudación de este año?

Es necesario aclarar que esta no es la primera vez que se ha realizado una reestructuración de la administración tributaria. Revisando la historia del sistema tributario de las últimas dos décadas, encontramos que la DEI inicialmente en 1994 se concibió como un ente desconcentrado, que tendría autonomía administrativa, técnica y financiera. Sin embargo, en el 2004, por medio del  Decreto 219-2004, Ley de la Restructuración de la Administración Tributaria,  se transforma a la DEI en un apéndice de la Secretaría de Finanzas, cambiando sus atribuciones y algunas de sus funciones.

Posteriormente, en  2010, nuevamente se toma otro giro en la administración tributaria, mediante la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010), convirtiendo a la DEI, nuevamente, en un ente desconcentrado, con un sistema laboral especial y autonomía administrativa.

Esta enésima reestructuración para 2016, ya había sido anunciada en diciembre del año anterior, por el titular del Ejecutivo, exponiendo que es necesaria la reconversión de la DEI y la elaboración de un nuevo Código Tributario. Se aduce que para esta nueva institución encargada de la administración tributaria se debe mejorar el capital humano e implementar una visión de profesionalización del funcionario público. También en el Acuerdo stand-by firmado con el FMI en diciembre de 2014, se observa un impulso hacia esta transición, fortaleciendo unidades como la de grandes contribuyentes y de inteligencia tributaria, quedando plasmado en el segundo informe de avance del acuerdo, la meta estructural de establecer una nueva agencia de administración tributaria para finales de junio de 2016.

Para esta transición, el gobierno ha estimado un costo de 837 millones de lémpiras, de los cuales unos 565 millones de lémpiras serán utilizados para reconocer prestaciones de los funcionarios despedidos, según las declaraciones del Secretario de Finanzas. Por otra parte, el gobierno ha logrado un apoyo financiero  del BID, institución que en noviembre de 2015 anunció un financiamiento por USD60 millones que «busca apoyar mejoras en la gestión de las finanzas públicas», en particular la modernización de la administración tributaria (operación 3590/BL-HO).

Dado el contexto anterior, no existen sorpresas sobre este evento debido a que ya se conocían las intenciones, también era de conocimiento público que la DEI era una institución politizada, debilitada e inclusive infiltrada por el crimen organizado, esto último según declaraciones de Angela Madrid, miembro de la comisión de transición.

Lo sorprendente de este evento es cómo se realizó, de forma espontánea y brusca, utilizando el apoyo de la policía militar para separar a 1,500 empleados de un total de 2,600; bajo el criterio de resguardo de información de alta importancia. Los funcionarios y empleados que no fueron cesados, y que en su mayoría se encuentra en las aduanas del país, quedaron a cargo de la Secretaría de Finanzas.

Si bien es cierto es muy temprano para cuantificar posibles pérdidas de la recaudación debido a esta decisión, es necesario manifestar la preocupación que embarga este proceso, que podría tener como principal afectado al contribuyente, por lo que es indiscutiblemente obligatorio  que las autoridades otorguen las justificaciones sobre la forma en que se ha realizado este proceso, ya que la ciudadanía  tiene derecho de conocer todos los detalles de esta decisión, bajo el marco de la transparencia y reciprocidad que se esperaría entre gobierno y ciudadanos.

¿Será esta otra muestra de la destrucción sistemática de la institucionalidad? Según los que se presenta en el Decreto ejecutivo PCM 84-2015, el nuevo organismo recaudador, SAR, tendrá rango ministerial y será una entidad desconcentrada adscrita a la Presidencia de la República, que según este marco legal tendrá autonomía. Sin embargo la pregunta que surge de lo anterior es ¿por qué dependerá de la Secretaría de la Presidencia?, sabemos que el nuevo Código Tributario propuesto otorga al presidente de la República funciones  que no son de su potestad, por lo tanto, el novedoso diseño del engranaje tributario parece estar en línea con una concentración de poder y recursos.  La sociedad deberá esperar por lo menos hasta junio de 2016 que es la fecha estipulada por el acuerdo stand by para que este nuevo órgano tenga plenitud funcional, y a partir de ese momento evaluar la nueva administración tributaria que, en el peor de los casos, podría significar un mayor autoritarismo.