Nos encontramos en un momento crítico para el país, en el cual se están realizando importantes discusiones para reformar el sistema de pensiones, tema que ha estado en boga en los últimos meses. Recientemente, fue presentado el estudio “El Salvador: En la búsqueda de un acuerdo nacional de sostenibilidad fiscal”, que tiene el objetivo de fomentar el diálogo para lograr soluciones integrales a las distintas problemáticas del país, desde el ejercicio de la fiscalidad.

Al ser la política fiscal una de las principales formas en la que se relacionan el Estado y la ciudadanía, es a través de la búsqueda de acuerdos sobre la misma, la manera en que se pueden encontrar soluciones a los principales problemas de una sociedad. En un país como el nuestro, sometido por el flagelo de la violencia, elevados niveles de emigración, dentro de una trampa de bajo crecimiento económico y estancamiento de las condiciones de vida de sus habitantes; la necesidad de un acuerdo nacional de esta índole se hace imperante.

El ministro Cáceres en sus declaraciones lanzó una pregunta que muchos salvadoreños nos hacemos ¿cuál es el país que queremos? Lo cual todas y todos sabemos, sin entrar en mayores discrepancias. Sin embargo, la pregunta subsecuente ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Es más difícil de responder y es ahí donde encontramos diferencias ideológicas. El dar respuesta a las diferencias generadas por esta última pregunta, es lo que define a un acuerdo o pacto fiscal.

Un acuerdo o pacto fiscal, determina el origen, destino y composición de los recursos necesarios para financiar al Estado. Lo que a su vez puede definirse como un contrato social, cuyas negociaciones afectan la forma en que cobramos impuestos y el destino que le damos a los recursos; también determinamos mecanismos de representación y el ejercicio de derechos de la ciudadanía.

De esta forma se estarían reconociendo obligaciones y derechos recíprocos entre el Estado y los ciudadanos. Dicho de otra forma, como ciudadanía no podemos exigirle soluciones al Estado sin ser parte de la solución y viceversa. Pero a su vez, los distintos sectores comprendidos por la academia, los políticos, la empresa privada y sus gremiales, y los sindicatos de trabajadores comparten la responsabilidad en el destino de la sociedad.  

En general un pacto fiscal, incluye reformas fiscales de largo alcance y representa un mecanismo que favorece la gobernanza, la participación ciudadana y la consolidación de la democracia. Conlleva la deliberación sobre el problema, la toma de decisión, la instrumentación de la solución, su ejecución, la percepción de los resultados por parte de sus destinatarios y de la población en general, y su respuesta (evaluación).

Es por eso que debemos de diferenciarlo de una reforma fiscal, la cual a menudo no es acordada social ni políticamente con todas las partes y cuyos objetivos usualmente van dirigidos a la obtención de mayores ingresos fiscales y/o cambios en el gasto del Estado en el corto plazo.

Dadas las condiciones fiscales, sociales y económicas de nuestro país, la propuestas cortoplacistas de establecer reglas fiscales presentadas por la ANEP no tienen cabida y solo agravarían el problema. En contraposición, un acuerdo fiscal estaría dando una solución integral a los problemas que enfrenta El Salvador. Dichas soluciones no se refieren únicamente a más impuestos, como el señor Daboub, presidente de la ANEP, expresa en sus declaraciones. Sino que también conllevan esfuerzos de transparencia, mejoramiento en la gestión del gasto y ordenamiento de las prioridades del mismo, por mencionar algunas. Sin embargo, de seguir con aversión dicha asociación solo está corriendo el riesgo de quedarse fuera de la discusión.

Lograr acuerdos no será tarea fácil, es por eso que existe la necesidad de comenzar lo antes posible. De lo contrario, como fue dicho en la lastimada y pobre España post franquista “O los demócratas acaban con la crisis, o la crisis acaba con la democracia”.

Esta columna fue publicada el 29 de abril de 2016 en diario El Mundo de El Salvador