Un nuevo ciclo escolar inició para millones de niños, niñas y adolescentes, o está a punto de iniciar, en el caso del sector educativo público, que según el Ministerio de Educación (Mineduc), arrancará el 15 de febrero de 2023. Se perfila como un año en modalidad presencial, que no pasaba desde marzo de 2020, por lo que docentes, personal administrativo y centros educativos deberían estar listos y preparados para el desafío.

Según las últimas cifras oficiales del Mineduc, en 2021 un total de 4.2 millones de niñas, niños y adolescentes cerraron el ciclo educativo, más que los registrados en 2020 y 2019, de los cuales 75.1 % asistieron a un establecimiento oficial, 20.5 % a uno privado, 4.0 % a uno por cooperativa y 0.4 % a uno municipal.

En este escenario y dada la coyuntura de salubridad a la que nos hemos enfrentado durante los últimos tres años, y al hecho de que es necesario garantizar la salud y bienestar de quienes se presenten a los centros educativos, conviene analizar el Programa de Seguro Médico Escolar, creado en 2020 por el Acuerdo Gubernativo número 44-2020. Es una póliza que se entrega al encargado de la alumna o alumno inscrito en el sector educativo público, para que, en caso de emergencia de salud, se gestionen los siguientes beneficios cubiertos: a) gastos médicos por accidente; b) atención médica por enfermedades comunes; c) suministro de medicamentos; y, d) asistencia para gastos funerarios.

El Mineduc paga la prima del seguro al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que se encarga de administrar la prestación del servicio y realizar subcontrataciones. Se pretende brindar servicio privado con un médico registrado que atiende telefónica o presencialmente, evaluando las necesidades del paciente, recetando medicamentos y remitiendo a una farmacia privada para cubrir hasta un monto de Q300 mensuales, o cubre gastos médicos por accidente hasta por Q15,000. Se crítica este programa porque no en todos los territorios hay servicios de médicos o farmacias privadas registradas, o las que existen son de acceso difícil. Tampoco cubre a todos los municipios, y solo cubre 23 enfermedades registradas, por lo que claramente es excluyente. Existen otras dificultades, como el desconocimiento del servicio y de los beneficios a los que se puede optar, y desafíos de acceso a todos los pueblos y comunidades lingüísticas.

Según el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), al cierre de 2022 el costo financiero de este programa fue de 265 millones de quetzales, desagregados en 57 millones de quetzales ejecutados para niños y niñas del nivel de preprimaria, mientras que para el nivel de primaria se ejecutaron Q208.7 millones de quetzales. En ambos niveles educativos, estos montos representaron el 99.7 % del presupuesto.

En 2023 se incorporaron al programa los niveles de educación básica, diversificado y educación inicial, por lo que la asignación presupuestaria vigente se distribuye de la siguiente forma: para estudiantes del nivel preprimaria el presupuesto inicial es de 66.1 millones; para estudiantes del nivel primaria, 237.4 millones; para estudiantes del nivel básico 32.1 millones; para estudiantes del nivel diversificado 8.5 millones; y, para niños y niñas de la educación inicial 2.4 millones. Totaliza 346.5 millones de quetzales, del cual a enero no se ha ejecutado nada.

Tratándose de un monto financiero cuantioso y de implicaciones tan importantes, es necesario un análisis con base técnica. Si bien es necesario proteger a nuestros niños y niñas de los riesgos y peligros cotidianos a los que se enfrentan, ya que sin duda las emergencias ocurren, este seguro médico no se vincula de manera integral con el resto de los programas del sistema de salud, para lograr descentralizar los servicios de pediatrías públicas o privada, y por ello no se puede considerar funcional. Además, es necesario invertir en prevenir las causas de las enfermedades. Tampoco se justifica reducir o duplicar las obligaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Debe cuestionarse la funcionalidad y la existencia de programas, bienes y servicios públicos con dificultades para socializarse y universalizarse, que no son equitativos y que tampoco superan las barreras estructurales y complejidades económicas, sociales, culturales y territoriales de un país. De mantenerse y continuar este programa, resulta indispensable que las autoridades responsables rindan cuentas, presenten con frecuencia y de fácil acceso público sus resultados, muestren los impactos y beneficios en la salud de la población estudiantil beneficiaria, así como la eficiencia de gasto realizado. Es indispensable, además, capacitar al personal responsable y a todo sector involucrado sobre los patrones culturales y lingüísticos del país, y realizar campañas de comunicación social sobre estos temas prioritarios.

Sucely Donis Bran // Economista investigadora / @SucelyDonisB

Esta columna fue publicada originalmente en Plaza Pública, disponible aquí.