En 1997 los líderes de los países industrializados, después de hacer un mea culpa por ser los principales contaminantes, acordaron tomar medidas que permitieran la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A esto se le denominó el Protocolo de Kyoto (Japón), quizá el primer paso en serio en la lucha contra el cambio climático. Cabe señalar que el congreso estadounidense no ratificó este protocolo a pesar de ser uno de los principales países contaminantes del mundo.

Casi dos décadas después, se está discutiendo en París el acuerdo que sustituirá el Protocolo de Kyoto, solo que está vez el compromiso sería adoptado por todos los países del mundo, incluido El Salvador.  Si bien es cierto nuestro país apenas produce el 0.026% del total de GEI es uno de los países más vulnerables a recibir el embate de los efectos producidos por el cambio climático. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (Cepal) entre 1980 y 2008 se produjo en el país, en promedio, 1.5 desastres naturales por año que provocaron la muerte de casi 7,000 personas, afectaron a 2.9 millones más y tuvieron un costo estimado de USD470 millones anuales, equivalente a 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

A pesar de que existe más de algún malintencionado que alega que todo esto es efecto de fuerzas oscuras, no se necesita tener el conocimiento científico para darse cuenta de cuánto ha cambiado el clima. Pero si alguien lo duda, el 2015 será probablemente el año más cálido del que se tienen datos, con unas temperaturas en la superficie del océano a los niveles más elevados desde que comenzaron las mediciones de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Y la Organización Mundial de la Salud plantea que durante el periodo 2030-2050, el cambio climático causará 250,000 muertes adicionales cada año por dolencias asociadas a sus efectos ambientales.

El problema del cambio climático debería estar en los primeros lugares de la agenda política del país. Lastimosamente no es así. Cuando se analizan, por ejemplo, los compromisos de parte del Estado salvadoreño para enfrentar los impactos observados y mitigar el cambio climático, plantean que únicamente serán posibles si: el país mantiene una estabilidad macroeconómica, existen los recursos financieros internacionales disponibles, si no se presenta en el país en los próximos años un evento climático extremo asociado al cambio climático que provoque pérdidas y daños y, toda vez no se  enfrente un suceso de impacto nacional que afecte directamente la asignación de recursos financieros públicos. Luego se plantean una serie de buenas intenciones, eso, buenas intenciones.

Es decir, pareciera una declaración hecha para evadir la asunción de responsabilidades. Porque si bien es cierto que los países industrializados deben comprometerse y apoyar financieramente a aquellos países más vulnerables como El Salvador, internamente se deben reorientar recursos que permitan mitigar, pero sobre todo adaptarse al cambio climático.

Por ello esta situación debería ser una oportunidad, dada la compleja situación fiscal de El Salvador y una realidad climática que se debe enfrentar, para llevar a cabo una reforma fiscal verde.  Por el lado de los ingresos además de tener la premisa de ser progresivos, también deben gravarse aquellas actividades más contaminantes que permitan cambiar los hábitos de producción y consumo – que permita financiar los procesos para mitigar sus externalidades negativas–, promover la utilización de materiales biodegradables y tecnologías limpias; se debe promover el principio que quien contamine pague. Por el lado del gasto público, se deben hacer inversiones que permitan transformar la matriz energética, incluso planteándose la adopción de empresas públicas; inversiones en infraestructura resiliente, pero también en infraestructura verde (reforestación, manejo de cuencas, conservación de áreas protegidas); así como el apoyo a la agricultura sostenible.

De la COP21 seguramente surgirán nuevas reglas de juego para luchar contra el cambio climático, y como sociedad estamos obligados a alcanzar acuerdos que nos permitan tener un país más habitable, no solo por nosotros si no también por quienes lo heredarán.