Según estimaciones oficiales, en 2016 la economía guatemalteca tendrá un crecimiento real en torno al 4%; la inflación se ubicará entre 2.5 y 4.5%; se espera un aumento de las remesas familiares de 8.5%; reservas monetarias internacionales netas en torno a los USD7.7 millardos, (11.6% del PIB) y un tipo de cambio nominal relativamente estable.  Además, el Índice de Confianza de la Actividad Económica muestra a diciembre de 2015, un puntaje de 54.97 sobre 100, lo que refleja expectativas relativamente optimistas de dinamismo económico en los próximos meses, así como una recuperación de la confianza empresarial después de los sucesos políticos registrados desde abril y que dieron como resultado la renuncia de los entonces mandatarios.  

La macroeconomía del país se encuentra sana y estable y desde hace muchos años ha contribuido a mantener períodos de alto crecimiento económico.  Por ello, la pregunta: ¿Por qué dichos resultados no se han trasformado en una mejora de las condiciones de vida de la población guatemalteca?  Solo entre 2000 y 2014 la economía del país creció cerca del 50%. Sin embargo, en el mismo período la pobreza extrema aumentó también 50%, mientras que la pobreza general se ubicó en cerca del 60% de la población.    Estos resultados, en una economía que ha crecido como Guatemala, solo pueden explicarse por la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades del guatemalteco.

Es obvio que el sistema económico no facilita por medio del empleo y los salarios el derrame ofrecido por los teóricos del sector empresarial, por lo que el único camino, lamentablemente lleno también de muchos obstáculos, es la atención subsidiaria del Estado a las necesidades de los guatemaltecos.

La provisión de bienes públicos para enfrentar la desigualdad y pobreza continúa siendo escasa, con pocos resultados de impacto y por ende, insuficiente. Como ejemplo se muestra que con los datos disponibles, alrededor de 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, entre los 0 y 18 años, se encontraban fuera del sistema escolar, manifestando un retroceso en la cobertura educativa.  En salud, el Ministerio no ha logrado dar un salto cuantitativo, ni cualitativo de la atención a los habitantes, con una infraestructura con capacidad para atender a la población guatemalteca de 1955 y con la continuación de estrategias de focalización de servicios mínimos. En seguridad, aun cuando los funcionarios del gobierno anterior argumentaron mejoras, para el guatemalteco común la extorsión y el crimen, son problemas cotidianos.

Por ello, sin mejoras en la generación de empleos y los salarios, y sin acceso a servicios públicos básicos que garanticen la salud, la educación y la seguridad, el crecimiento económico es solo un espejismo, pues el país no está avanzando por una senda de desarrollo que garantice la democracia.

La administración del Presidente Morales arranca con una enorme expectativa ciudadana porque se opere una mejora en la gestión pública que permita dejar atrás la frustración que genera la corrupción y el desprecio por el bienestar de las mayorías. Sin embargo, esta altísima expectativa contrasta severamente con los recursos y medios disponibles.    Fiscalmente, el de Morales es un gobierno que prácticamente arranca quebrado, sin dinero en las arcas, muchas obligaciones pendientes de pago y demandas crecientes de la población; por ello, la tarea básica y urgente es estabilizar las cuentas fiscales, para posteriormente dedicarse a la implementación de una agenda fiscal para el desarrollo, que permita mejores condiciones de vida para la población en general,  más allá de seguirnos ufanando por presentar resultados macroeconómicos buenos a la comunidad internacional.

Esta columna fue publicada el 22 de enero de 2016 en revista "Crónica" de Guatemala