Antes de estudiar economía, pensaba que era la mejor opción para no tener la responsabilidad de poner en peligro la vida de una persona, como si pasaría en medicina, por ejemplo, donde una mala praxis podía matar a alguien. La ignorancia es atrevida. Las decisiones en política económica pueden condenar no a una, sino a millones de personas a la pobreza, a la miseria o incluso a la muerte.

Uno de los mayores objetivos en economía es la generación de empleo. En los siglos pasados, se pensaba que si se le permitía a las empresas no pagar impuestos, entonces estas llegarían a invertir, se generaría empleo, las personas tendrían ingresos y todo el mundo sería feliz. Desde entonces, y hasta ahora, El Salvador sigue utilizando la misma receta. Pero, ¿ha funcionado? Los datos demuestran que no. A pesar de ser de los países de Centroamérica que tiene una apuesta más agresiva por otorgar incentivos, es el que menos ha crecido en las últimas dos décadas, el que menos inversión extranjera directa ha atraído y donde los niveles de informalidad han ido al alza. ¿Por qué? El sector empresarial salvadoreño ha señalado, en el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y en la encuesta empresarial del Banco Mundial, que el pago de impuestos no es el factor más importante para decidir invertir en el país.

De qué le sirve a una empresa que se le ofrezca no pagar impuestos, si los niveles delincuenciales son altos, la infraestructura social y productiva es de mala calidad e inadecuada, la mano de obra es poco calificada, existe corrupción, hay ineficiencia gubernamental, inestabilidad política, acceso restringido al crédito y, un gran etcétera. Es decir, el no pago de impuestos es una receta fútil para atraer nuevas inversiones, en otras palabras es una medicina vencida.

Vale la pena señalar que el FMLN como oposición criticó duramente esta estrategia y ofreció cambiarla. El FMLN como Gobierno antes de acabar su mandato propone la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en 26 municipios del oriente del país, donde, entre otras cosas, incluye incentivos fiscales ad eternum, es decir que mientras una empresa opere en estas zonas nunca pagará los impuestos que le corresponden. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y menoscaba las posibilidades de desarrollo del país: el Estado renuncia por siempre a que un sector retribuya los beneficios que ha logrado alcanzar, fruto de las condiciones del país, por lo que nunca aportará a la construcción de los bienes públicos, que además de bienestar, generan las condiciones para el crecimiento económico sostenido y la gobernabilidad democrática; violando el principio de capacidad de pago y de justicia tributaria, que establece la Constitución.

Por si fuera poco, el estudio que respalda la ZEE, elaborado por el MINEC y Proesa, contiene serias deficiencias técnicas e incluso datos falsos, lo cual es alarmante- ¿se sentiría confiado usted si supiera que su médico utilizó un examen con datos falsos para diagnosticarlo?-. Asimismo, un estudio del Banco Mundial que analizó 346 ZEE en 22 países, concluye que el crecimiento económico de las ZEE es difícil de sostener en el tiempo y que los incentivos fiscales no garantizan el éxito y dinamismo de dichas zonas

Por si fuera poco Arena, PCN y PDC ya presentaron su propia propuesta, para que las ZEE no solo se creen en la zona oriental sino en todo el país.

Hay que ser enfáticos. El modelo económico implementado desde la década de los noventas ha fracasado, no solo por sus bajas tasas de crecimiento económico, que era su principal premisa, sino porque ha establecido un modelo que genera pobreza y desigualdad. La propuesta de las ZEE lejos de corregir el modelo económico actual, lo profundizaría; provocando por ejemplo, que el financiamiento del Estado se consiga principalmente por medio de impuestos a los trabajadores, disminuyendo la responsabilidad de los inversionistas y, que el Estado no cuente con los recursos suficientes para superar los factores estructurales que han impedido que El Salvador sea un país competitivo: bajos niveles educativos y de mala calidad, baja infraestructura económica y social, bajos niveles de inversión en I+D+I, por mencionar algunos. Hasta que no se cuenten con estudios serios que garanticen que una de estas iniciativas tendrá más beneficios que costos no debe aprobarse. Basta ya de hacer política pública sin sustento técnico y, de intentarnos dar medicinas vencidas.

Esta columna fue publicada el jueves 11 de octubre en el diario El Mundo de El Salvador