Dijeron que los bancos públicos tenían una crisis de insolvencia como consecuencia de la intervención del Estado y a su incapacidad administrativa de realizar, de manera eficiente, tareas de intermediación financiera; y entonces lo que debía hacerse era privatizarlos. Aunque omitieron el grado de responsabilidad de muchos deudores que lograron que las entidades a nacionalizar les concedieran créditos cuantiosos, que nunca pagaron, pese a tener suficiente capacidad para hacerlo. Lo que si hicieron fue asegurarse que con recursos públicos se sanearan estos bancos para luego pasar a manos privadas, entre las que se encontraban las del expresidente Cristiani.

Dijeron que la empresa de telefonía pública era ineficiente y la privatizaron. Sin embargo, omitieron que según las proyecciones financieras de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) para 1994-1999, elaboradas por el entonces Ministerio de Planificación, mostraban que la institución casi triplicaría su superávit en ese período; así como también olvidaron mencionar que de acuerdo a diversos estudios la tasa de ganancia en el sector comunicaciones era más de 180%, uno de los sectores más rentables del país.

Dijeron que las empresas públicas que distribuían energía eléctrica eran incapaces de incrementar la cobertura y las privatizaron. Pero no dijeron que el mercado energético se iba a convertir en un oligopolio distribuido geográficamente, donde uno como cliente no tiene opciones para decidir con qué empresa adquirir el servicio eléctrico; pero sobre todo no mencionaron que la matriz energética iba a depender cada vez más de fuentes no renovables y contaminantes.

Dijeron que el sistema de pensiones público estaba quebrado y lo privatizaron. Aunque obviaron contarnos que se convertiría en un duopolio, donde además el esquema de privatización obligó al Estado a asumir una deuda que se ha hecho insostenible y los problemas de cobertura no mejoraron.

En todos los casos, la excusa siempre fue la incapacidad del sector público para encubrir las ansias de ganancia de unos cuantos a costa del Estado. Siempre fue más fácil mostrar que el sector público era corrupto que buscar los mecanismos para evitar que este tipo de prácticas sucediera. Siempre fue más fácil decir que lo mejor era vender las empresas públicas que fortalecerlas. Y así se ha ido creando todo una percepción sobre lo público, donde incluso se ha llegado a pensar en privatizar la educación, la salud, el agua … Así como también escucharemos que es mejor recortar el gasto público en programas sociales que eliminar privilegios fiscales o hacer que quienes tienen más paguen más.

Pero lo peor ha sido que quienes discursiva y enérgicamente se opusieron al debilitamiento del Estado, al estar en el poder han sido cómplices de incrementar la percepción sobre la inoperancia del mismo, ya sea con sus actos de opacidad, ineficiencia y negocios a costa del Estado, o con su completa pasividad para impulsar los cambios que permitan reivindicar el valor de lo público.

¿O es que lo público no tiene valor? Todo dependerá en el tipo de sociedad que se desee vivir. Si usted quiere vivir en un país donde las posibilidades de tener un alto nivel de vida dependan del apellido que lleve, el compadrazgo que tenga o el nivel de influencia que pueda alcanzar, pues sí seguramente a usted lo público le hará estorbo.

Pero si usted quiere vivir en una sociedad donde se le respeten sus derechos humanos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales; donde se garantice igualdad de oportunidades sin importar su sexo, religión o nivel de ingresos; donde los bienes públicos como la salud y la educación sean universalistas y no el premio de consuelo para aquellos quienes la mano invisible soltó; pues entenderá que lo público es lo que hace posible vivir en una democracia plena. Que esto requerirá cambiar el acomodo individual por la marcha colectiva también es cierto; pero al final de cuentas de eso se trata vivir en sociedad y aunque nos digan que la sociedad es ineficiente, ésta sí que no se podrá privatizar. 

Esta columna fue publicada el 3 de marzo de 2016 en diario El Mundo de El Salvador