La discusión de las pensiones ha resultado ser un nudo gordiano para la sociedad salvadoreña. A partir de la presentación de la propuesta del sistema mixto, muchas han sido las reacciones. Desde los intentos de socialización por parte del gobierno, hasta una campaña mediática de desinformación por parte de la empresa privada.

Pero dentro de toda historia siempre existen distintas versiones. En este caso tres: la necesidad del Gobierno por realizar la reforma, la oposición del sector privado, y las preocupaciones de los cotizantes al sistema.

Comencemos por el Gobierno, al que sin importar el partido de turno le hubiera tocado enfrentar esta difícil situación. En principio la complejidad radica en un problema fiscal. Con la privatización de las pensiones, los gobiernos han tenido que asumir el pago de pensiones de aquellos que decidieron quedarse en el sistema público, pero a su vez perdió el flujo de ingresos para sostener dicho sistema.

Esto ha llevado a presionar las finanzas públicas a tal punto que las pensiones a febrero representan el 13.2 % de la producción nacional estimada para el presente año. Dicha carga estaría llevando a la deuda del gobierno central por encima del    60 %, lo cual es alarmante si consideramos que lo recomendado por los organismos internacionales para países como El Salvador es no sobrepasar el    50 %. Pero la dificultad no radica en sobrepasar el valor crítico, sino más bien en el poco margen de maniobra que genera la carga del endeudamiento. Se  complica así la implementación de programas que busquen mejorar las condiciones del país. Desde el punto de vista del Gobierno, llevar a cabo la reforma es complicado, pero el panorama es más incierto de no hacerla.

Por su parte, el sector privado ha resultado el más ofendido con la actual propuesta. Éste se encuentra encabezado por los administradores de pensiones (AFP), las cuales a su forma de verlo son las más afectadas. Claro, esto es debido a que con la propuesta del sistema mixto estarían perdiendo cerca del 80 por ciento de sus cotizantes, porcentaje de usuarios que pasarían al sistema de reparto del Gobierno por ganar debajo de dos salarios mínimos. De igual forma, de acuerdo a los estudios, hasta la fecha dichas entidades han gozado de las comisiones más elevadas de Latinoamérica y ni hablar del control oligopólico que mantuvieron.

Por otro lado, el resto del sector privado tiene su propio berrinche, manifestado en la campaña de desinformación, producto del 2 % adicional que tendrán que pagar en concepto de cotizaciones. Pero pobre de ellos que verán su maximización de ganancias reducida.

Por último, está la versión de los cotizantes. Éstos han sido tan desinformados que en la sociedad existe una enorme incertidumbre sobre lo que realmente va a pasar si la reforma se lleva a cabo. Para aquellos que pasarán inevitablemente al sistema de reparto, se les ha prometido al menos una pensión básica. Lo cual es de mayor beneficio que la devolución de los escasos ahorros que les promete el actual sistema; dado que las condiciones actuales del mercado laboral dificultan que éstos alcancen las condiciones mínimas para optar a una pensión. Por otra parte, aquellos que pasarán al sistema mixto las preocupaciones deben de ser mínimas. En el peor de los casos tendrán una pensión mínima y una devolución de sus ahorros, lo cual no es para nada despreciable.

A pesar de las visiones y las afectaciones para cada grupo. Con esta reforma no se soluciona el problema de la seguridad social en el país. Y esa es la gran tarea pendiente. El  Estado salvadoreño necesita  construir un sistema de seguridad social universal, el cual dé cabida a todos y todas los salvadoreños en igualdad de condiciones. Siendo esto uno de los pasos necesarios para lograr la justicia social y un piso mínimo de protección social en el país.