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Lejos de una protección social decente

Que no se tenía disponibilidad de los recursos necesarios, de “ni un centavo”, para enfrentar las demandas sociales y proteger a las personas afectadas luego de la tragedia ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego, dijo el presidente en conferencia de prensa. Ante una respuesta lenta e ineficiente del gobierno, desde ese domingo, el país y todos sus distintos sectores se movilizaron de manera sorprendente, desde familias, empresas y organizaciones de sociedad civil, hasta países amigos y organismos internacionales, lo cual permitió tener una mejor reacción inmediata ante la tragedia. Este escenario, en cierto modo, ejemplifica el régimen de bienestar que tenemos en Guatemala, del “sálvese quien pueda”. Y da una idea de cómo en países como el nuestro, donde la capacidad de los Estados es débil, cobra vital importancia la solidaridad y los aportes de los demás.

Con regímenes de bienestar (RB) nos referimos a la manera en que el Estado, el mercado y los hogares interactúan en un país para proveer y distribuir bienestar. En el caso de los RB de Guatemala y del resto de Centroamérica, exceptuando a Costa Rica, se consideran familiaristas (Martinez Franzoni, 2007). Familiaristas en el sentido que buena parte de población depende de arreglos familiares y comunitarios para acceder al bienestar ante las políticas públicas y mercados laborales excluyentes. Es entonces cuando resalta la gran relevancia del trabajo no remunerado prioritariamente realizado por mujeres, o los cuidados y de quehaceres del hogar como le llaman en las encuestas y estadísticas.  Pues una proporción importante de la producción y distribución de bienestar depende de ello ante un Estado indiferente.

Los sistemas de protección social (SPS) son la parte pública del RB, conformado por diversas intervenciones en materia social. A groso modo, los SPS incluyen un sistema de seguro social que engloba un programa de pensiones y otro tipo de seguros; también conlleva políticas de promoción social para mejorar las condiciones de la población; y, por último, políticas sectoriales como la educativa, de vivienda, de salud y trabajo. El objetivo del SPS debiera ser garantizar un nivel de bienestar suficiente para sostener una calidad de vida adecuada para el desarrollo de las personas, facilitar el acceso a servicios y fomentar el trabajo decente. Su importancia radica también en la protección financiera que brinda ante la necesidad o eventualidades, tales como la enfermedad, el desempleo, la jubilación, o un desastre como el del Volcán de Fuego. Además, su importancia se potencializa en los países como Guatemala donde grandes proporciones de población vive en condiciones de pobreza y en constantes amenazas por la vulnerabilidad de los territorios.

En Guatemala, la protección social contributiva o la seguridad social combina aseguramiento público y privado. Sin embargo, en general, su cobertura es muy marginal —apenas cubre al 31.0% de los asalariados, según ENEI-III 2017—por lo que una gran proporción de la población está desprotegida. Esto se debe en alguna medida a la estrecha vinculación del seguro social con mercado laboral. Además, una de las características de los seguros sociales actuales es su lógica meritocrática, no necesariamente de derechos humanos. Un mérito que se demuestra exclusivamente por medio de la participación en el mercado laboral, formal, y el rendimiento en este, medido en función al salario. Por ello, el desempeño del seguro social no puede separarse de la dinámica del mercado laboral. Contrasta el rol que esperaríamos del Estado, de corregir las fallas del mercado, pero en vez replica las falencias del mercado laboral profundizando desigualdades y condiciones precarias de vida.

En Guatemala, la relación de la protección social con el mercado laboral ha sido problemática, pues las condiciones laborales para todos los sectores de la economía históricamente han sido y siguen siendo calificadas como precarias. Como ejemplo, tenemos los tres siguientes factores. Primero, la alta tasa del trabajo asalariado no registrado y del empleo informal que en Guatemala supera el 70% de la PEA; en segundo lugar, los bajos niveles salariales, que también impactan en una base reducida de recursos para financiamiento del seguro social; y por último, tenemos la discriminación de género en el mercado laboral. De esta manera, los seguros sociales se constituyen en una expresión de la desigualdad. Pues como resultado, se obtiene la exclusión de amplias proporciones de la población en la cobertura de estos cuerpos torales de protección social, ni siquiera 3 de cada 10 empleados tienen acceso a seguridad social, a lo que se le añade la estratificación del nivel de beneficios que reproducen la discriminación salarial del mercado laboral (véase gráfica 1).

Gráfica 1. a) Características seleccionadas de las personas ocupadas, por sexo; b. Ingresos promedio por categoría ocupacional y sexo

Es importante destacar, que particularmente por la naturaleza de los RB de Guatemala, las relaciones de género y la división sexual del trabajo son importantísimas para profundizar en el distinto rendimiento que tienen las instituciones de protección social para hombres y mujeres en términos de la cobertura, el nivel de los beneficios que distribuyen, las condiciones de acceso, entre otros. Como en el caso de los esquemas mencionados de seguridad social, que tienden a perjudicar principalmente a las mujeres debido a trayectorias laborales más débiles, relacionas con periodos de ausencia por su maternidad y sus responsabilidades en el hogar.

Lea la columna «La discusión que no hemos tenido: empleo y desigualdad de género»

En el caso específico de los sistemas de previsión social, vemos una serie de elementos que dejan en una situación más vulnerable a las mujeres. La menor participación femenina en el mercado laboral y la sobrerrepresentación de las mujeres en la precariedad e informalidad laboral, se traduce en una menor tasa de cobertura relativa en los sistemas de protección social, en términos de acceso y calidad del beneficio.  Además, por el aún presente paradigma del hombre proveedor como base de estas instituciones, en muchas ocasiones las mujeres accedan a los beneficios de la previsión social como un derecho derivado de su relación de parentesco con el hombre proveedor, en lugar de hacerlo como consecuencia de un derecho propio a partir de su condición de ciudadanas. En resumen, los sistemas previsionales contribuyen a invisibilizar el rol central del cuidado no remunerado al reconocer únicamente los aportes del trabajo productivo.

La protección social se considera un mecanismo fundamental para contribuir a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, por lo que urge que se fortalezca en Guatemala. La responsabilidad de garantizar estos derechos debe recaer principalmente sobre el Estado, con el objetivo de que ésta se materialice como un derecho y no un privilegio, principalmente cuando existen mercados laborales débiles que tienen una limitada capacidad para absorber y remunerar adecuadamente la fuerza de trabajo. Y si bien la protección social puede estar orientada a atender necesidades particulares de determinados grupos de población más vulnerabilizada, como los damnificados por el volcán, esta debería estar disponible también para el conjunto de la ciudadanía. Por ello es crucial que se incorporen mecanismos al sistema de protección social que se ajusten a la realidad del país, las herencias del mercado laboral y la importante labor del cuidado, y que por medio de la política fiscal la protección social deje de ser un sistema excluyente, y todas y todos tengamos un piso mínimo de bienestar.