¿Saben cuál es el sonido de un Estado fallido? Yo ni siquiera sabía que ese sonido pudiera existir, pero sí, existe y es el de un niño de 4 años, rodeado de desconocidos, llamando a su papá en medio de un llanto inconsolable; y el de una niña, de 6, asustada y desesperada, recitando un número de teléfono a personas desconocidas, con la esperanza de reunirse «lo más pronto posible» con su mami. Es un sonido desgarrador que hace cuestionar si hemos perdido todo rastro de humanidad.

A inicios de la semana pasada se hizo público un audio en el que se escucha el llanto de varios niños y niñas centroamericanas, principalmente provenientes del Triángulo Norte, que fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos al intentar migrar con sus padres y/o familiares a este país, y que fueron encarcelados en condiciones que atentan en contra de su dignidad y sus derechos. Esto ocurrió en el marco de la implementación de la política Tolerancia cero de nuestro “país amigo”, que criminaliza a los padres migrantes y arranca de sus brazos a sus hijos e hijas, violando de las formas más inhumanas los derechos de la niñez y adolescencia y convirtiendo en una pesadilla la búsqueda del sueño americano. Se estima que por lo menos 2,700 familias migrantes fueron afectadas con la implementación de la política Tolerancia cero, antes de que, por Orden Ejecutiva, se suspendiera la separación de las familias. Todas las demás disposiciones que criminalizan a los migrantes continúan vigentes.

Si bien la política migratoria estadounidense indiscutiblemente viola los derechos de los más vulnerables, los Estados salvadoreño, guatemalteco y hondureño también son responsables de este horror. A la fecha, han fallado en su mandato constitucional de garantizar el bienestar de las personas y construir un mejor futuro para las todas y todos, tanto así, que en muchas ocasiones los padres y madres ven en la migración la única esperanza de lograr mejores oportunidades para  sus hijos.

Para muestra, el Estado salvadoreño, que históricamente no ha podido garantizar derechos básicos a la niñez y adolescencia, ¿y cómo hacerlo si en los últimos años la inversión diaria en cada niño, niña y adolescente, no ha superado el USD1.55? Por eso no es extraño que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes no pueda gozar de su derecho a la educación; o, que en los últimos años se haya observado un incremento de las tasas de deserción y abandono escolar a causa de la violencia, pues nuestra niñez y adolescencia vive en un país con una tasa de homicidios de alrededor de 60 por cada 100,000 habitantes.

Las niñas, niños y adolescentes se merecen un Estado que invierta en su futuro y bienestar; que les proteja y les ofrezca oportunidades de desarrollo en el país que les vio nacer, en lugar de expulsarlos a una jornada que puede dejarles traumas permanentes y que incluso puede costarles la vida; en fin, un Estado que les permita cumplir sus sueños, en lugar de vivir pesadillas. Pero para esto será necesario mucho más que tibios comunicados, declaraciones diplomáticas para expresar preocupación o  la implementación de planes con nombres que evocan la búsqueda de la prosperidad, pero que en la realidad son diseñados bajo estrategias de seguridad nacional y carecen de recursos suficientes para atacar las causas estructurales de la migración.

Esta crisis humanitaria no tiene una solución fácil, ni rápida. Cambiar el sonido del llanto y la desesperación, por un sonido de risas y felicidad, pasa por lograr acuerdos que permitan contar con una política fiscal que ponga al centro a los más vulnerables, una que permita ejecutar los presupuestos públicos necesarios para la garantía de derechos de la niñez y adolescencia y la construcción de oportunidades para sus padres y madres. Definitivamente no será una tarea fácil, pero si una necesaria y urgente, en ella nos jugamos el futuro y el éxito democrático de nuestros Estados.

Esta columna fue publicada originalmente el jueves 28 de junio en el diario El Mundo de El Salvador.