Las estrategias de expansión de gasto y los cuellos de botella en el suministro de mercancías e insumos, así como la guerra en Europa del este, provocaron una nueva crisis económica mundial, pero ahora manifestada principalmente por rápidos crecimientos de precios en algunos productos de importancia para el consumo mundial, que se trasladaron, por medio del mercado, al resto de las economías.

En prácticamente todos los países del mundo, en 2020 se registró un aumento del nivel de endeudamiento público, como consecuencia de la disminución del PIB y de las políticas de expansión de gasto para tratar de paliar parcialmente los efectos de la pandemia. En sentido contrario, la reapertura de los mercados en 2021 y el impulso al consumo derivado de enormes cantidades de gasto en los países más avanzados, produjeron una rápida recuperación, generando la ilusión de tasas de crecimiento económico inusuales, que no se replicaron en 2022.

Las estrategias de expansión de gasto y los cuellos de botella en el suministro de mercancías e insumos, así como la guerra en Europa del este, provocaron una nueva crisis económica mundial, pero ahora manifestada principalmente por rápidos crecimientos de precios en algunos productos de importancia para el consumo mundial, que se trasladaron, por medio del mercado, al resto de las economías. Los países más avanzados se apresuraron a dirigir su política pública en los esfuerzos por aplacar el aumento de los precios y sus efectos sobre la estabilidad macroeconómica. Centroamérica no es ajena a esta situación, orientando las políticas públicas al incremento de las tasas de interés líder en los países con emisión monetaria, en otorgar subsidios para controlar el incremento de ciertos precios, y en menor proporción, a la reducción de impuestos a la importación de algunos commodities.

A pesar de la nueva crisis mundial, en el sector fiscal centroamericano de 2022, producto del incremento no esperado de precios en los productos de importación, de las remesas de los migrantes y de los efectos de las políticas de control de precios que mantuvieron la demanda, se produjo un interesante incremento tributario. El cual, aunado al mantenimiento prácticamente generalizado de una política de control de gasto, redujo el déficit fiscal y los niveles de la deuda soberana.

En materia de ingresos, en 2022 la carga tributaria regional aumentó en promedio 0.4%, con los aumentos más importantes en Panamá con 0.9%; en El Salvador y Nicaragua con 0.4%; mientras que en el resto, 0.3% del PIB. La carga tributaria del gobierno central más alta de Centroamérica continuó siendo la de El Salvador con 20.7%, seguida de la de Nicaragua con 19.5%, Honduras con 17.6%, Costa Rica con 14.2%, Guatemala con 12.1% y Panamá con tan solo 8.0%.

Para 2023, y producto de la desaparición casi total de los efectos de las variables exógenas, se estima que las cargas tributarias debieran regresar a niveles cercanos a los de 2021. Lamentablemente, en los presupuestos estatales persiste la práctica de subestimar los valores, con los ingresos tributarios muy por debajo de su normalidad económica y la capacidad recaudatoria vigente. En Nicaragua se observa una disminución del 3.1% en la carga tributaria, mientras que Guatemala y El Salvador es de 1.2%, y Costa Rica, de una forma más discreta, de 0.5%. El país que parece haber realizado una estimación más acorde al comportamiento de su economía y a su capacidad recaudatoria es Honduras, con un retroceso proyectado de 0.2%, para ubicarse al final de 2023 en un nivel cercano a 2021. En sentido contrario, Panamá proyecta un incremento en su carga tributaria de 0.9 puntos porcentuales, explicado por la continuación de su esfuerzo por recuperar sus capacidades administrativas a los niveles del período 2015-2017.

En resumen, la carga tributaria media en Centroamérica aumentó en 2022 hasta un 15.3%, por encima del 14.9% reportado en 2021. Pero los presupuestos de 2023 plantean nuevamente un retroceso a 14.4%, aun ligeramente por encima de los valores medios reportados antes de la pandemia.

En materia de gasto público, los presupuestos aprobados para 2023 en la región, siguen la línea de austeridad que busca disminuir el tamaño del déficit fiscal y el nivel de la deuda pública. Honduras planifica el gasto más grande con 25.2% del PIB, seguido de El Salvador con 23.3% y Costa Rica con 18.8% del PIB. El país que menos gasto público presupuesta, a pesar del muy pobre nivel de vida de su población, sigue siendo Guatemala, con 14.0% del PIB.

La no recurrencia en 2023 de los efectos positivos tributarios de 2022, harán que las estrategias de reducción del gasto sean insuficientes, por lo que se estima que el déficit fiscal se elevará hasta 2.8% del PIB. Destaca el caso de Honduras, que plantea incrementar su déficit fiscal a 6.3% del PIB, el que a priori luce muy alto y puede poner en riesgo la sostenibilidad de sus finanzas públicas. El Salvador, Panamá y Nicaragua muestran un escenario con resultados fiscales mejores que los de 2022, aunque especialmente para Panamá, dependerá mucho de su capacidad real de mejorar la recaudación tributaria. Dado que en Guatemala 2023 es año electoral, y considerando la subestimación de la recaudación tributaria, muestra un ligero aumento de 2.1% del PIB en 2022 a 2.5% presupuestado para 2023, mientras que Costa Rica, también por subestimación tributaria, planificó un aumento de 3.0% del PIB en 2022 a 3.6% en 2023.

A partir de las cifras de los presupuestos, se estima que al cierre de 2023 el saldo de la deuda pública regional media se reducirá a 54.0% del PIB, destacando los casos de El Salvador con una deuda soberana de 73.3% del PIB, Panamá con 63.8% y Costa Rica con 63.7%. Guatemala continuará teniendo las obligaciones soberanas más pequeñas de la región, de 30.2% del PIB.

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.

Con la salvedad de Honduras, la situación de las finanzas públicas previstas para Centroamérica en 2023 luce más ordenada, con déficit fiscales relativamente bajos, lo que debiera llevar poco a poco a una calificación menor de riesgo soberano y a niveles menores de deuda pública. Aun así, debe recordarse que estas solo son una herramienta para alcanzar el bienestar de la sociedad, por lo que en el futuro deben de mejoras en los resultados y en el camino hacia el desarrollo.