En el campo económico y financiero institucional público se encuentran vigentes en la discusión ciudadana, dos diferentes instrumentos de planificación y programación pública:   el denominado Plan para la Recuperación Económica de Guatemala, y el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2021. En teoría, ambos instrumentos deben formar parte de la planificación de largo plazo del país.   Así, si efectivamente creemos que el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032 refleja los objetivos y propósitos de la sociedad guatemalteca, tanto el Plan de Recuperación, como el proyecto de Presupuesto, debieran estar encaminados a cumplir el K’atun (que al menos en teoría, está sintonizado con la atención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible), como con la Constitución Política de la República,  que refleja los ideales de la sociedad guatemalteca.

La Constitución Política establece en su artículo no. 1 que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, que si bien es un concepto multivariado, es decir que depende de muchos aspectos, es relativamente fácil de entender… El Estado de Guatemala se considerará exitoso si ha contribuido a mejorar el bienestar de la población.   Así, el K’atun, como parte de la planificación de largo plazo del país, persigue propósitos que apuntan a mejorar el bienestar de la población de Guatemala, por lo que la planificación de mediano plazo y el presupuesto, debieran apuntar al K’atun, como a cumplir con los propuesto por la Constitución;   sin embargo, parece que no necesariamente es de esa forma.

El Plan de recuperación que es una forma de plan económico de Gobierno de mediano plazo, aunque incluye algunos elementos corto plazo, influencia decididamente la acción pública de mediano plazo y establece la factibilidad real del Estado de alcanzar mejoras en el bienestar social de los guatemaltecos.   Así, el Plan de recuperación se orienta,  como acciones principales,  hacia el fortalecimiento de la infraestructura nacional, especialmente por medio de la administración de Alianzas Público-Privadas; la ampliación de los privilegios fiscales a las zonas francas y a Zolic; la ampliación de créditos a las Mipymes; la flexibilización del mercado laboral, especialmente por medio de la gestión del trabajo a tiempo parcial; y la suscripción de Acuerdos de Doble Tributación, que, al menos en teoría, fortalecería el marco legal para la promoción de inversión extranjera.

El supuesto fundamental del Plan de recuperación es que al promover la inversión extranjera, principalmente, y la construcción en el país, se producirá una mejora en el crecimiento económico, derivado de algo que los economistas llamamos “el derrame económico”,  lo que mejorará el empleo y el bienestar de la población.     Este supuesto, que es válido cuando el funcionamiento del mercado es apropiado, especialmente cuando existen adecuadas condiciones de competencia y de remuneración a los factores de producción, ha sido utilizado por las políticas públicas del país desde la década de los ochenta del siglo pasado, cuando se establecieron regímenes de privilegios fiscales y se inició con la desescalada de la acción pública de la economía, basada en los vetustos e incorrectos conceptos del Consenso de Washington.

En la actualidad, el  escenario económico y social del país presenta una muy pobre gestión pública, especialmente por la limitada capacidad de la política fiscal para promover la productividad de los factores y la redistribución del ingreso y de la riqueza,  y también por la limitada efectividad del mercado, producto de la escasa competencia, alimentada por la existencia de mercados monopólicos y oligopólicos, muchos de ellos construidos a partir del otorgamiento de privilegios para sectores económicos, por lo que en ningún caso se ha producido un efecto multiplicador que mejore efectivamente el bienestar social y transforme la realidad de los guatemaltecos, es decir,  el derrame económico no se ha observado. 

Por ello, para iniciar con el cambio que necesita la sociedad guatemalteca, toda su planificación debiera orientarse a crear condiciones que mejoren la eficacia y eficiencia del Gobierno, así como a promover un mayor nivel de competencia y eficiencia en el funcionamiento del mercado.   El Plan de recuperación propuesto por el Mineco, mantiene, y en algunos casos profundiza, las condiciones del modelo actual de privilegios fiscales y de mantenimiento de condiciones oligopólicas/monopólicas en el mercado, y de limitación de la acción pública,  por lo que no parece que producirá un efectivo positivo sobre el bienestar.

No obstante,  el Plan de recuperación  incluye algunos temas de interés para la sociedad, como el desarrollo de infraestructura (aunque hay que evaluar el modelo de APP), la aprobación de una ley de quiebras, la aprobación de la ley de leasing, y el acceso al crédito a las Mipymes;  sin embargo, vuelve a caer en el error de desestimar la necesidad efectiva de crear un Plan General de Inversión, que cree condiciones generales para todos los empresarios en el país, y  que incluya la aprobación de aspectos como: la Ley General de Competencia,  para mejorar la eficiencia del mercado;  la Ley de Aguas para el manejo apropiado de los recursos públicos;  la regulación de los precios de la electricidad en el interior de la República para mejorar la competitividad de las Mipymes; la eliminación de los privilegios fiscales no productivos y que distorsionan el funcionamiento del mercado;  la apropiada protección del consumidor (no por medio de la Diaco), y porque no, de la vigencia de un sistema tributario de aplicación general, que evite la distorsión de las decisiones de los agentes y reduzca la elusión fiscal,  entre otras cosas.    Además, lo que es muy preocupante, el Plan de recuperación no plantea, lo que es indispensable, una efectiva medición de lo que su “recuperación económica” significa y lo producirá sobre el mercado,  dado que ni siquiera se indica cuál es su efecto marginal sobre el crecimiento de la actividad económica y sobre la creación de empleos, para que por lo menos se pueda evaluar si valen la pena sus intenciones de otorgar más privilegios a las Zonas Francas y suscribir un Acuerdo de Doble Tributación con México.

Por ello, el Plan de recuperación es un nuevo esfuerzo de las autoridades del país y de ciertos grupos económicos interesados, para mantener relativamente constantes las condiciones socioeconómicas y productivas del país, es decir es un poco de más de lo mismo que ha sido dado a conocer en el pasado.   De igual forma, el proyecto de Presupuesto no hace más que acomodarse a lo limitado de la visión estratégica que se incluye en el Plan de recuperación. Ambos instrumentos están claramente desarticulados de los objetivos previstos en el K’atun y la Constitución, al asumir supuestos que, con la evidencia estadística suficiente, no son válidos para Guatemala, dado a que cinco décadas de implementación de modelos similares no han producido más empleos formales (de hecho si han producido más migración hacia el resto del mundo) y reducción de la pobreza.  

Por supuesto que Guatemala necesita un Plan de Recuperación económica y por supuesto de un Presupuesto que se ajuste a las necesidades y disponibilidad reales del país, pero ambos orientados hacia lo que es importante para la sociedad guatemalteca, dejando de regalar impuestos, impulsado las Mipymes y la inversión por medio de un real Plan General de Inversión que fortalezca la competitividad en el mercado;  de no ser así,  es claro que seguimos haciendo lo mismo,  por lo que lo más probable es que tengamos los mismos resultados… o peores.

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab