Desde hace varios días se discute la posibilidad  de reformar la Ley Orgánica de la SAT ante una iniciativa del Congreso de la República, y que para muchos podría representar la solución a los problemas que aquejan a la administración tributaria desde 2013.

En dicho proceso el Icefi presentó la versión final de su estudio “Diagnóstico y propuesta de hoja de ruta para lograr una administración tributaria efectiva” resultado de nueve meses de investigación y que contó con la participación y sugerencias de diversos entes nacionales; al final del estudio, Icefi presentó una propuesta de iniciativa para reformar la Ley de la SAT.  La propuesta presentada descansa en las siguientes premisas:  

1. La reforma a la Ley de la SAT es una condición necesaria pero no suficiente para recuperar la capacidad administrativa y fiscalizadora de la institución:  La mayor parte del debacle de la SAT se debe a desorden administrativo, abandono de la carrera laboral, carencia de visión estratégica,  inapropiada disponibilidad y utilización de recursos, pero sobre todo a la falta de mecanismos transparentes que permitan controlar y combatir los focos de opacidad institucional que dan origen a corrupción.    Todos estos aspectos no se corrigen con un cambio legal.    
2. El propósito de reformar la Ley es simple:   recuperar la gobernanza y crear mejores mecanismos de transparencia que faciliten la rendición de cuentas y la ubicación de responsabilidades en la dirección de la institución.  En su diseño, la SAT es un intento de copia del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos,  que descuida el hecho que el diseño de un ente depende de sus funciones y no viceversa; por ello la SAT fue dotada de un Directorio, como una especie de símil de la Junta Monetaria, sin embargo, a diferencia de aquella (que también es una prueba de corporativismo) exacerba la penetración del sector privado en la toma de decisiones públicas, en las que debido a que los dirigentes no son funcionarios públicos y por ello ni son cuentadantes ni responsables en la toma de decisiones, han pasado escándalo tras escándalo, sin reconocerse conocedores de la situación de la SAT, mucho menos iniciando acciones para su transformación.  Más preocupante es que este cuerpo de personas privadas se encargue de conocer los recursos de revocatoria de los contribuyentes ante las acciones fiscalizadoras, cuando su principal actividad es la asesoría y consultoría de contribuyentes;  por ello, existe un innegable conflicto de intereses que no se corrige cambiando de personas porque la debilidad es institucional.  En consecuencia, la remoción del Directorio es la opción propuesta por el Icefi y deriva de una investigación seria en la que se destaca el hecho que no existen administraciones tributarias en el mundo que utilicen el mismo modelo que Guatemala.
3. Debe avanzarse en el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas del Superintendente y los funcionarios de la SAT: Por ello, es indispensable la creación de los mecanismos que permitan la auditoría social sobre sus funciones y las de la institución. 

La reforma a la ley de la SAT es importante, pero no definitiva, por lo que es igual de  importante  iniciar las acciones para designar a un superintendente probo y dinámico, que junto con su equipo de trabajo formulen un plan específico para combatir los focos de opacidad descritos por Icefi  y que sin su tratamiento, no permitirán que la SAT recupere su capacidad recaudatoria y por ende que el Estado disponga de nuevos recursos para promover el desarrollo social.

Esta columna fue publicada el 10 de marzo de 2016 en revista "Crónica" de Guatemala