En la política de El Salvador, la verdad se ha ahogado en un mar de mentiras.-
“Nosotros vamos a tener un plan económico post crisis, en donde sorprendamos no solo a nuestro pueblo, sino también al mundo entero» dijo el presidente Bukele. Mentira. De acuerdo con la información oficial, el gobierno ni siquiera tiene un plan.
La democracia en Guatemala se encuentra en un muy esperanzador punto crítico, con implicaciones para el resto de Centroamérica, y, ciertamente, para el mundo entero.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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Actualmente, en Centroamérica más de la mitad de sus habitantes tienen menos de 30 años, y se proyecta que al final de 2030 la juventud representará el 49.0 % de la población, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Uno de los fundamentos de la democracia es el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades mediante el ejercicio del sufragio.
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Por ello cualquier elección democrática debe ser inclusiva, limpia, competitiva y con la garantía de respeto de los resultados electorales. En un contexto de un creciente deterioro democrático y pérdida de confianza en las autoridades electorales, los ejercicios de observación electoral pueden resultar fundamentales para asegurar la integridad, imparcialidad, transparencia y confiabilidad del proceso electoral.
En medio de un constante bombardeo de mentiras y propaganda disfrazada, una realidad innegable ha caracterizado la administración gubernamental actual en El Salvador: las dificultades financieras.
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A pesar de los esfuerzos por maquillar la situación, las decisiones propias del resquebrajamiento institucional y las improvisaciones han cerrado las puertas del mercado externo financiero, especialmente para recursos de apoyo presupuestario.
El próximo gobierno de Guatemala debe corregir el rumbo y dejar atrás la desidia con la que las autoridades salientes han abordado las problemáticas de la juventud, lo cual ha tenido efectos irreparables en este grupo poblacional y en la sociedad.
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Cuando las constituciones políticas de las repúblicas centroamericanas establecen con propiedad que la tributación debe atenerse a principios de equidad y justicia tributaria, y particulariza la necesaria observancia de la capacidad de pago como guía para la selección de los impuestos a aplicar, surge la discusión en torno a qué es lo que comprende esa categoría y cuál es el mecanismo más apropiado para medirla, logrando así, tanto una abundante recolección tributaria, como el respeto al principio tributario.
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La plataforma busca fortalecer la voz de la región en los debates globales que permitan avanzar en un sistema tributario que sea incluyente, sostenible y equitativo.
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La política fiscal es la herramienta que tienen los países para garantizar que las personas gocen plenamente de sus derechos. Su diseño define, entre otras cuestiones, en qué medida cada integrante de la sociedad contribuye a la construcción de lo colectivo, es decir, determina quiénes pagan impuestos y quienes no lo hacen.
Al cerrar el primer semestre de 2023, si bien se ha incrementado el presupuesto para la inversión pública, estos incrementos han sido orientados para programas de gastos temporales que no siguen un plan o estrategia de gobierno que vaya más allá del corto plazo y que, más que atender las necesidades más básicas de la población, parecieran obedecer a la coyuntura electoral y promover la imagen de quienes se encuentran en la administración pública.
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