El Icefi presentó a la sociedad centroamericana el volumen II de su III Informe de Política Fiscal Centroamericana, titulado Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030, que incluye la presentación del modelo de política fiscal recomendado para que la región Centroamericana avance en forma definitiva en la mejora del bienestar de la población y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al menos parcialmente. En dicho evento se contó con los comentarios del señor Iván Velásquez, ex comisionado de la CICIG, y Flavia Marco-Navarro, experta en bienestar social.  Con este aporte, el Instituto contribuye a los Estados de la región a establecer una hoja de ruta mínima que permitirá la construcción básica de condiciones de desarrollo en el mediano plazo.

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• Documento - Agenda Fiscal Centroamericana 2021-2030 (Vol. II) | La Centroamérica que es posible: desarrollada, sostenible e inclusiva

El volumen II de la AFCA 2030 parte de recordar que los contratos sociales —las Constituciones Políticas de cada República—consideran como objetivo final de las sociedades centroamericanas la construcción de condiciones de desarrollo, de bienestar común y de fortalecimiento en el reparto de la riqueza; además de garantizar la libertad de las personas, promueven la utilización de la democracia como modelo político para la toma de decisiones y apuntan hacia la edificación y mantenimiento de la paz y el bien común.

Sin embargo, a pesar de que los Estados cuentan, aunque con diferencias cuantitativas y cualitativas notorias, con sistemas de planificación estratégica en los que los objetivos planteados se encuentran en concordancia con los fines plasmados en las constituciones políticas, en la práctica, los resultados obtenidos distan significativamente de los niveles de bienestar esperados, observables en la atención de los derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la construcción de ambientes sanos y ecológicamente equilibrados y a la igualdad.   Gran parte del distanciamiento entre los objetivos y la realidad de las naciones centroamericanas iniciaron con la implementación de los principios del Consenso de Washington, que permitieron la adopción de Estados de austeridad en la región, que incluso prevalecen en algunos países hasta la actualidad, y a la subordinación de la política fiscal a intereses de las élites económicas y políticas.

De esa forma, para avanzar efectivamente en la construcción del bien común en la región, hace falta alinear los resultados observados en el bienestar de la población centroamericana con la planificación, a partir de la definición y ejecución de condiciones específicas de funcionamiento de los gobiernos en Centroamérica, en donde la política fiscal ocupe el papel de catalizador y se constituya como un mecanismo concreto y alternativo a la idea del  “derrame económico” ofrecido por los teóricos neoclásicos; contribuyendo efectivamente a la potenciación de un modelo económico que se refleje en la modernización productiva, en la igualdad social, en la promoción de la eficiencia y eficacia pública y en la creación de condiciones de desarrollo, que descansen en la igualdad económica, de género y étnica.    Así, la política fiscal debe también ser fundamental en la promoción de la inversión por medio de la creación de condiciones competitivas efectivas, a partir de la potenciación de la inversión física y social, la investigación y el desarrollo.

Para el efecto, la visión filosófica del Icefi sugiere que las sociedades centroamericanas avancen en el establecimiento de tres pilares fundamentales: el de crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo; la construcción de la igualdad económica y de género, y la efectividad del Estado, todo con el propósito de promover el bienestar económico y social, la identidad colectiva, la seguridad individual y colectiva y la legitimidad del Gobierno, en el camino de la construcción de democracia y desarrollo.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas planteó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que contempla 17 grandes objetivos, 169 metas y 244 indicadores que pretenden la construcción de condiciones integrales de bienestar para la población, a partir de la promoción del bienestar económico, social, ambiental y de género.   La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de la que son suscriptores todos los Estados centroamericanos, contempla adicionalmente la necesidad de movilizar recursos para financiar la ejecución de proyectos y programas dirigidos a la consecución de los objetivos planteados por la Naciones Unidas.

En el camino del cumplimiento de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, las sociedades centroamericanas han reportado muy pocos avances, y aun cuando han presentado informes de cumplimiento, los mismos solo demuestran la poca sistematización de la información, datos de la atención de proyectos y programas y el acomodo de las metas de corto y mediano plazo para aparentar que los avances son apropiados.   Una evaluación detenida del cumplimiento de los ODS muestra que de los 17 objetivos planeados en la Agenda ODS, Costa Rica refleja retrasos significativos o críticos en la ejecución de 9, El Salvador en 11, Guatemala en 15, Honduras en 15, Nicaragua en 14 y Panamá en 14, lo que permite concluir con toda exactitud que, con las estrategias políticas actuales, será imposible para los países de la región cumplir con la totalidad de la agenda hacia 2030.  

Comprendiendo que la trayectoria de cumplimiento actual de la agenda ODS 2030 no garantiza el cumplimiento con los objetivos planteados, y en sintonía con los acuerdos internacionales, el Icefi plantea la ejecución de una agenda mínima de acciones, que ha denominado la Agenda Fiscal Centroamericana 2030 (AFCA 2030), que contempla la búsqueda específica de aquellos objetivos que reportan un mayor número de sinergias en la potenciación del bienestar económico y social para las sociedades centroamericanas.  La propuesta de la AFCA 2030 se convierte entonces en una hoja de ruta mínima, para que por lo menos hacia 2030, las sociedades centroamericanas logren la eliminación de la pobreza extrema, la universalización de la salud y de la educación primaria y secundaria, la potenciación de la infraestructura económica y social y la construcción de Estados efectivos, tomando en consideración los ejes transversales de protección ambiental y enfoque de género.

El documento finaliza con las justificaciones para implementar esta agenda y la enumeración de las metas de desarrollo sostenible que serán alcanzadas, haciendo énfasis en aquellas que podrán ser obtenidas al interrelacionarse con las metas transversales de protección ambiental y enfoque de género.

Centroamérica, 5 de octubre de 2021.