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Comunicados

Costa Rica: Icefi publica recomendaciones al proyecto de presupuesto 2020 para enfrentar los desafíos estructurales de las finanzas públicas y garantizar el bienestar de la población

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó una nueva edición de su serie de Documentos para el diálogo fiscal intitulado «Costa Rica: análisis y recomendaciones al Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020.», en el que se analiza el Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y el dictamen favorable que este ha tenido de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa; a partir de ello realiza una serie de recomendaciones  para enfrentar los problemas estructurales de las finanzas públicas y garantizar el bienestar de la población costarricense. El Instituto reitera que el camino para superar la actual crisis fiscal costarricense requiere de un acuerdo fiscal de gran envergadura, basado en principios de suficiencia, progresividad y justicia fiscal.


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Entre las principales conclusiones del documento, el Icefi advierte que los actuales ingresos públicos de Costa Rica son insuficientes para poder financiar el desarrollo. Particularmente, con una recaudación de impuestos que representa el 93.1% de los ingresos totales. Para el Instituto es alarmante que se considere para 2020 una recaudación de impuestos equivalente al 13.2% del PIB, igual a la obtenida en 2018 e inferior a la estimada por Icefi para el cierre de 2019 (13.6%). Ante esta situación el Icefi recomienda que el Ministerio de Hacienda defina estrategias y metas claras para la reducción de la evasión y elusión de impuestos existente; y, el aumento de la productividad tributaria. Adicionalmente, es necesario que se evalúe la eficiencia y efectividad del gasto tributario y que tanto el Ejecutivo como el legislativo se abstengan de promover iniciativas de ley que contengan exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios serán más altos que sus costos.

Por su parte, los gastos totales del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, considerados en el proyecto de presupuesto alcanzan los ¢8,475.5 millardos, equivalentes al 22.0% del PIB, superior en un 11.5% a la estimación de cierre realizada por el Icefi para 2019. De esos recursos, el proyecto de presupuesto clasificaba ¢7,834.6 millardos como gasto corriente, pero modificaciones introducidas en el dictamen del presupuesto reclasifican gastos de capital como corriente, por lo que el monto total de gastos corrientes incrementó a ¢7,872.3 millardos (20.4% del PIB). El Instituto señaló que esto presiona aún más el cumplimiento de la regla fiscal, ya que este monto representa un incremento de 4.4% respecto al presupuesto aprobado para el 2019 (la regla impone como máximo un 4.67%), reduciéndose así el espacio para posibles modificaciones durante el ejercicio fiscal 2020.

El presupuesto presentado se caracteriza por la aplicación de recortes en el gasto público, que afectan el gasto social y la inversión pública. En cuanto al gasto social, es motivo de alerta que el proyecto de presupuesto para 2020 contemple una caída en la asignación del Ministerio de Educación Pública (MEP) respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2019,  pasando de 7.3% a 6.9% del PIB; esto aumenta la brecha frente a la asignación del 8.0% del PIB establecida en el artículo 78 de la Constitución Política y cuyo cumplimiento fue una de las promesas electorales de la actual administración, contenida en su plan de gobierno Creer y crear la Costa Rica del siglo XXI: compromiso país. En el caso de salud, la cartera a cargo también presenta una reducción del 5.3% en los recursos asignados para 2020 respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2019, pasando de equivaler 0.93% del PIBa 0.89%. En lo relacionado a la inversión en infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), verá reducida sus asignaciones en 58.6%.

El déficit fiscal planteado para 2020, alcanzaría 7.8% del PIB, por encima del 6.1% estimado por Icefi para el cierre de 2019, mientras el servicio de la deuda será la partida más grande dentro del presupuesto (38.2% del total) y representará el 10.4% del PIB en 2020. Esto confirma, la envergadura del problema fiscal en Costa Rica.

El Icefi recomienda a la Asamblea Legislativa que el debate del presupuesto público se realice desde un enfoque de derechos humanos, que ponga en el centro la universalidad de la provisión de bienes y servicios públicos, lo que permitiría proteger las asignaciones presupuestarias en áreas claves para el bienestar y la paz social como salud y educación, evitando así que estas se conviertan en las cuentas de ajuste ante la crítica situación fiscal.  Asimismo, ante la caída en la carga tributaria, resulta impostergable que el Ministerio de Hacienda defina estrategias y metas concretas para la reducción de la evasión y elusión de impuestos existentes, así como para el aumento de la productividad tributaria.

En cuanto a la regla fiscal, el Instituto considera que esta debe ser sometida a revisión de tal forma que su aplicación no restrinja la oferta de bienes y servicios públicos y provoque el deterioro del bienestar social. Además, su definición debe de ser completada e incluir esfuerzos tributarios adicionales y basados en la búsqueda de una mayor justicia fiscal, basada en principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a mayor ingreso, mayor impuesto).

El Instituto también recomienda a las autoridades del Ejecutivo fortalecer los esfuerzos de planificación de corto plazo, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y metas definidos en el PNDIP y con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Finalmente, el Icefi advierte que la construcción de un acuerdo fiscal integral, con la participación de todos los sectores de la sociedad, continúa siendo una necesidad política y una oportunidad para resolver los problemas estructurales de las finanzas públicas. Retrasar esta discusión pone en peligro la capacidad del Estado costarricense para proveer bienes y servicios públicos de calidad que den respuesta a los principales desafíos sociales y económicos que el Estado enfrenta.

 

San José, Costa Rica, 12 de noviembre de 2019.

 

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