El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló que el nuevo Gobierno (2022-2026), encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, asume su mandato en medio de una situación fiscal con desafíos estructurales que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas de campaña y de los mandatos constitucionales del Estado costarricense. Por ello, el Instituto recomendó al nuevo gobierno iniciar el proceso político que le permita construir un acuerdo fiscal integral.

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El Icefi destacó que durante la administración del presidente Carlos Alvarado, Costa Rica enfrentó un proceso de drástico ajuste fiscal que sentó sus bases en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el  Acuerdo de Servicio Ampliado suscrito con el Fondo Monetario Internacional, pero cuyos resultados han sido insuficientes frente a los desafíos fiscales costarricenses, los impactos de la pandemia y las perspectivas de crecimiento de precios derivados del conflicto Rusia-Ucrania.

En el marco del cambio de gobierno el Instituto reiteró su preocupación por que la política fiscal costarricense contribuya efectivamente al cumplimiento del mandato constitucional de procurar mayor bienestar a la población y recordó el carácter fundamental de las finanzas públicas en temas diversos como: la erradicación de la pobreza y de las desigualdades, generación de empleo, seguridad ciudadana, mejora de la infraestructura vial, educación, salud pública, sostenibilidad ambiental, , entre muchos otros. Para el Instituto, el complejo contexto fiscal obligará al gobierno del presidente Rodrigo Chaves a enfrentar problemas estructurales en materia de ingresos, gastos, deuda y transparencia.

En materia de ingresos, el principal desafío es la insuficiencia del sistema tributario para financiar el gasto público. Previo a la pandemia la carga tributaria costarricense se mantenía por debajo del 13.0%, y aunque en 2021 alcanzó un valor de 13.9%, esto obedeció el rebote económico, el aumento de precios —especialmente de los combustibles— y los efectos rezagados de la reforma tributaria aprobada en 2018. Aunque la estimación de recaudación para 2022, equivalente al  12.5% del PIB, puede estar subestimada por las autoridades hacendarias salientes, el mantener una baja recaudación refuerza la tesis de que el único camino hacia la estabilización fiscal se encuentra en el recorte de gastos.

El nuevo gobierno deberá enfrentar los altos niveles de incumplimiento tributario, el Ministerio de Hacienda reportó que el nivel de incumplimiento del IVA alcanza el 33.2% del potencial, alrededor del 2.0% del PIB.  En cuanto al ISR para personas jurídicas, el incumplimiento ronda el 55.4% del potencial, aproximadamente el  2.1% del PIB. La mejora en la efectividad de la administración tributaria permitiría contar con recursos que podrían contribuir a la sostenibilidad fiscal.

El Icefi también señaló que las nuevas autoridades deberán valorar la revisión y limitación de la estrategia de gasto tributario para promover la inversión en el país, la cual no ha tenido los efectos de largo plazo deseados. De acuerdo con datos del ministerio de Hacienda, en 2020, el gasto tributario representó una renuncia fiscal de 4.1% del PIB —1.7% corresponde al ISR y 2.3% al IVA—.

A criterio de Icefi, en materia de gasto, el principal desafío reside en que la severa política de austeridad no limite la capacidad del Estado costarricense para promover el desarrollo. Costa Rica presupuestó para 2022 un nivel de gasto total equivalente al 20.2% del PIB, por debajo de lo reportado en 2019 (20.8%). Sin embargo, la demanda creciente de recursos para el servicio de la deuda pública, que pasó de 4.0% del PIB en 2019 a 5.1% en 2022, ha obligado al Estado costarricense a reducir en 1.7% del PIB los gastos de funcionamiento e inversión. Esto constituye un retroceso de dos décadas en los niveles de gasto público, y afectará seriamente el crecimiento económico, el empleo y la provisión de bienes y servicios públicos que garantizan el bienestar social en el corto, mediano y largo plazos. 

El Instituto remarcó que, a pesar de la política de austeridad implementada, el déficit fiscal no se ha reducido al nivel necesario para alcanzar sostenibilidad fiscal. Entre 2015 y 2019 el déficit representó 5.8% del PIB y, para finales de 2022, si no hay cambios fiscales, se estima que será de 4.8%. Este comportamiento del déficit fiscal provocará que al finalizar el 2022, el saldo de la deuda pública del Gobierno Central se ubique en torno al 69.0% del PIB.

En ese sentido, el Icefi señaló que la insostenibilidad de la deuda pública es otro desafío que deberá enfrentar la administración Chaves. Al respecto, el principal problema reside en la utilización persistente de deuda interna para el financiamiento del déficit fiscal, lo que implica una tasa media de interés de alrededor de 8.1% para 2021 (8.3% planificada para 2022), mientras que la tasa de interés de la deuda externa es de 4.9% (3.7% planificado para 2022), por lo que recomendó una renegociación urgente de los pasivos públicos del país para reducir los costos y con ello liberar recursos para la estabilización fiscal, sin la necesidad de reducir gastos e inversiones públicas estratégicas.

El Icefi recordó al nuevo gobierno la necesidad de apostar por medidas que mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción e impunidad, como mecanismos para legitimar la política fiscal y el quehacer de las instituciones públicas frente a la ciudadanía.

Finalmente, y ante estos desafíos, el Instituto recomendó al presidente Chaves aprovechar la ventana de oportunidad que representa el comienzo de una nueva administración para impulsar un proceso urgente de construcción colectiva y transparente de un acuerdo fiscal integral, que permita consensuar el tipo de sociedad en el que los y las costarricenses aspiran vivir y definir una política fiscal congruente con dichas aspiraciones.

Costa Rica, Centroamérica, 6 de mayo de 2022