El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó un nueva edición de su serie de Documentos para el Diálogo Fiscal titulado «Costa Rica: análisis y recomendaciones al Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022», en el que se analiza el Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2022 y realiza una serie de recomendaciones, en particular, el Icefi reitera la urgencia de construir un acuerdo fiscal integral que reconozca el rol del Estado como garante de derechos y como actor clave para la recuperación económica y el bienestar social.

Documentos adjuntos:

• Documento - Costa Rica: recomendaciones del Icefi al proyecto de presupuesto 2022 incluyen elevar la meta de recaudación tributaria, priorizar y blindar el gasto social y estudiar modificaciones a la regla fiscal
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Entre las principales conclusiones del documento, el Icefi señala que el proyecto de presupuesto reconfirma que la recaudación de impuestos es la única fuente de financiamiento real del presupuesto, pero la misma resulta insuficiente para financiar la gestión del Estado. De acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado, la carga tributaria se reducirá a un 13.4%, algo que pone en entredicho los esfuerzos por fortalecer la administración tributaria y contradice las expectativas de recuperación de la actividad económica. Por ello, el Icefi recomienda que como parte de la discusión legislativa se revisen las estimaciones de la carga tributaria esperada, la cual podría estar subestimada entre 0.4% y 0.6% del PIB. Además, el Instituto ha señalado la urgencia de realizar esfuerzos serios para incrementar los ingresos fiscales con sentido de progresividad y justicia tributaria.

El presupuesto de gastos totales del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, fue elaborado con base en la aplicación de los criterios de la regla fiscal, alcanzando los ¢8,725.2 millardos, equivalentes al 21.6% del PIB, superior en 0.5% al monto considerado en el presupuesto vigente para 2021, pero inferior en3.4% respecto a la estimación de cierre de Icefi. Del total considerado, los gastos corrientes alcanzan ¢8,218.5 millardos, equivalentes al 94.2% del gasto total presupuestado, y reportan un crecimiento del 6.3% respecto a lo considerado por Icefi en sus estimaciones de cierre para 2021, aunque solo del 1.0% respecto a al presupuesto vigente para 2021; mientras que los gastos de capital se contraen con una asignación de ¢501.4 millardos (1.2% del PIB), 7.1% por debajo de lo considerado en el presupuesto vigente para 2021.

El Icefi señala que una de las características del proyecto de presupuesto presentado es la aplicación de recortes a las asignaciones de la mayoría de instituciones, lo que afecta a sectores estratégicos para el desarrollo como infraestructura, ciencia y tecnología, salud y educación. En el ámbito del gasto social se alerta nuevamente una caída en la asignación destinada al Ministerio de Educación Pública (MEP) respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2021, pasando de 6.8% a 6.4% del PIB; esto aumenta la brecha frente a la asignación del 8.0% del PIB establecida en el artículo 78 de la Constitución Política y cuyo cumplimiento fue una de las promesas electorales de la actual administración. En el caso de salud, la cartera a cargo también presenta una reducción del 34.7% en los recursos asignados para 2022 respecto al presupuesto vigente a septiembre de 2021, en el que se incluyen transferencias corrientes a la Caja Costarricense del Seguro Social para la compra de vacunas, pasando de un 1.31% a un 0.86% del PIB. En lo relacionado a la inversión en infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), verá reducida sus asignaciones en 61.3% y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en un 57.3%. El Instituto recomienda que, dentro del debate parlamentario del presupuesto, se prioricen y blinden los destinos sociales del gasto y los sectores clave para la recuperación económica con el fin de evitar que estos rubros se conviertan en las cuentas de ajuste.  En contraste, el servicio de la deuda pública se mantiene como el principal destino de los egresos del Estado, al representar el 43.4% del monto total, equivalente al 12.4% del PIB, representando un alto costo de oportunidad frente al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo.

El déficit fiscal esperado para 2022 equivale al 6.6% del PIB, similar al estimado para el cierre de 2021, lo que se traduce en una demanda equivalente de financiamiento para las actividades públicas, esto se explica porque a pesar de que la austeridad del gasto ha logrado reducir el déficit primario, los intereses de la deuda continúan creciendo. Como consecuencia de las estimaciones de déficit fiscal se espera que, para el cierre de 2022, la deuda pública representará el 73.0% del PIB, en un contexto de altas tasas de interés implícitas. Sobre este punto, el Icefi ha hecho el llamado urgente a realizar una auditoría de la deuda pública y una posterior reestructuración que permita renegociar los términos de endeudamiento.

En cuanto a la regla fiscal, el Instituto reitera que su esquema debe ser estudiado y modificado para que su aplicación no restrinja la capacidad del Estado de proveer bienes y servicios públicos que garanticen los derechos de la población, como lo hace nuevamente en el proyecto de presupuesto para 2022. El esquema de la regla fiscal debe completarse con la inclusión de esfuerzos tributarios adicionales bajo los principios de progresividad y suficiencia fiscal.

El Icefi recomienda a las autoridades del Ejecutivo vincular los ejercicios de presupuestación con la planificación del desarrollo, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y metas definidos en el PNDIP y con los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Además, en conjunto con el resto de entidades públicas, y como parte de la consolidación democrática, se debe avanzar hacia la institucionalización de espacios y mecanismos que permitan la participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario.

Finalmente, el Icefi advierte sobre la necesidad de que en el actual contexto electoral las diferentes expresiones de la sociedad costarricense exijan a los partidos y aspirantes a puestos de elección popular, propuestas concretas para construir una acuerdo fiscal de carácter integral que ponga al centro la garantía de los derechos de las personas y defina una ruta clara hacia la solución de los problemas fiscales de Costa Rica, reconociendo que estos no se solucionarán, e incluso podrían incrementarse, con un enfoque de austeridad. En el contexto electoral será valioso el reconocimiento social y político del rol del Estado como garante de derechos y como actor clave para la recuperación económica y el logro de una senda de más rápido desarrollo y mayor bienestar social.