Las organizaciones firmantes expresan su preocupación y alarma porque la información proporcionada por el Presidente de la República durante la cadena nacional de la noche del miércoles 27 de enero de 2021,[1] es falsa e inexacta. Este extremo quedó verificado por la información proporcionada por el Ministro de Finanzas Públicas, durante una citación en el Congreso de la República[2]y consideran que:

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1. El Organismo Ejecutivo debe aclarar que a la fecha no se ha reducido el techo presupuestario global vigente de Q107.8 millardos a Q94.4 millardos, tal como lo anunció el Presidente, lo cual, en todo caso, violaría la literal b del artículo 171 de la Constitución Política de la República. Al respecto, el Ministro de Finanzas Públicas informó que la cartera a su cargo se encuentra preparando un acuerdo gubernativo con el cual, fundamentado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Ejecutivo pretenderá realizar transferencias presupuestarias reduciendo los techos presupuestarios de los ministerios, trasladando un espacio presupuestario de alrededor de Q13.4 millardos a la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, los cuales no se ejecutarían en el ejercicio fiscal 2021. Según lo manifestado por el Ministro, el techo presupuestario global continuará siendo Q107.7 millardos, de los cuales se ejecutarían los Q94.4 millardos, es decir, el 87.6%.
2. Es preocupante que el Presidente de la República esté realizando negociaciones políticas bilaterales con los ministros para definir los techos presupuestarios por entidad, sin el acompañamiento ni el respaldo técnico del Ministerio de Finanzas  Públicas (Minfin). Durante la citación en el Congreso, los diputados requirieron al Ministro de Fianzas Públicas explicaciones sobre los montos por entidad divulgados por el Presidente de la República, y detalles de la apertura por programa. El Ministro manifestó desconocer el origen de esos cálculos, e informó no haber participado en las reuniones en las que el Presidente los estableció. Reiteramos la necesidad de que la readecuación del presupuesto se apegue a criterios técnicos, para lo cual es imprescindible la participación del Minfin como ente rector de la política fiscal, y que no sean el resultado de negociaciones políticas opacas.
3. Es urgente que el Minfin transparente y abra a la opinión pública,  la discusión y elaboración del acuerdo gubernativo con el que se propone operar la readecuación presupuestaria. En particular, someter al escrutinio ciudadano el orden de prioridades del gasto público que se reflejará en los nuevos techos presupuestarios por entidad, y su detalle por programa. Esta readecuación presupuestaria debe priorizar, con metas y recursos financieros: 1) las inversiones en protección social, en particular los programas para enfrentar la desnutrición infantil, la pobreza extrema, la deserción escolar y el acceso universal a la salud pública, incluyendo la vacuna contra el Covid-19; 2) programas de reconstrucción y mejora del ámbito rural, tras el paso de  los huracanes Eta e Iota, que eleven sustantivamente el bienestar de la población campesina y garanticen la producción de alimentos para el consumo de los guatemaltecos; 3) el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible;  4) la inversión pública en infraestructura económica y social, ejecutada bajo estándares de transparencia y libre de corrupción.
4. Para lograr una inversión pública en infraestructura transparente y libre de corrupción, recomendamos dar atención especial a la redefinición de los presupuestos para rubros vulnerables al abuso y la corrupción, como son las asignaciones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo. Además, es necesario analizar y discutir con todo detalle las fuentes de financiamiento, con atención especial a la deuda pública. Se reitera la necesidad de realizar estudios de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal.
5. El plan expuesto por el Ministro de Finanzas Públicas de mantener el techo presupuestario de Q107.8 millardos y subjecutarlo hasta un cierre de Q94.4 millardos aunque podría estar legalmente sustentado en la Ley Orgánica del Presupuesto, es fiscalmente opaco, contrariando estándares internacionales de transparencia como el Código y el Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional. Además, este esquema concede al Ejecutivo discrecionalidad excesiva sobre un espacio presupuestario de Q13.4 millardos que actualmente carece de fuentes de financiamiento.

Nuevamente se exige al Ejecutivo realizar el proceso de readecuación presupuestaria con responsabilidad, rigor técnico y respeto hacia la ciudadanía, recordando que el Gobierno aún debe superar las consecuencias y secuelas de la crisis y la contundencia de la protesta popular de noviembre pasado por las anomalías graves que plagaron la aprobación del presupuesto para 2021. Por esta razón, deben corregirse las falsedades e imprecisiones difundidas por el Presidente de la República, reemplazándolas por una comunicación social clara, veraz y respetuosa a la ciudadanía.

Guatemala, Centroamérica, 29 de enero de 2021.