Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, el Frente Ciudadano Contra la Corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Justicia Ya, expresan su preocupación por el contenido del Decreto No. 30-2022, aprobado ayer por el Congreso de la República, y que modifica las normas complementarias para la ejecución presupuestaria contenidas en el Decreto No. 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022.

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El decreto aprobado deroga el último párrafo del artículo 41 del presupuesto que el Congreso aprobó en noviembre pasado, el cual obliga a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) a reintegrar al Fondo Común del Estado los saldos presupuestarios correspondientes a obras no ejecutadas en ejercicios fiscales anteriores. Suprimir esta norma constituye un riesgo grave para que algunos Codede retomen la práctica de retrasar intencionalmente la ejecución de las obras con la finalidad de malversar los recursos no ejecutados, incluyendo invertirlos a plazo fijo y obtener rendimientos financieros ilícitos.

Agrega un párrafo al artículo 82 de la ley anual del presupuesto de 2022, referido al seguimiento de la inversión física y georeferencial. Este párrafo estaría exceptuando a los proyectos ubicados en el área rural de la obligación de disponer de dispositivos que registren en línea el avance de las obras físicas, y reemplaza este registro visual en línea de las obras con fotografías del proceso. Sin embargo, en los tribunales de justicia se encuentran decenas de casos de obras inconclusas, cuyo avance físico supuestamente se había documentado con fotografías, por lo que esta disposición también constituye un riesgo de volver a prácticas fraudulentas del pasado.

Durante el proceso de aprobación final y redacción por artículos, el Pleno del Congreso aprobó una enmienda que agregó un artículo que modifica lo dispuesto en el artículo 129 de la ley anual del presupuesto 2022, referido a la ampliación presupuestaria para apoyo a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y fortalecimiento de la salud. La modificación aprobada permite que, además de proyectos de agua, saneamiento, drenajes, educación y otros proyectos relacionados al fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, los Codede puedan destinar los Q290.0 millones aprobados, para financiar proyectos de infraestructura. Esta disposición constituye un riesgo grave de que los Codede desvíen estos recursos de las acciones realmente necesarias para enfrentar la desnutrición infantil, para financiar obras de infraestructura plagadas de anomalías y actos de corrupción, tal como ocurre con demasiada frecuencia en la ejecución presupuestaria de los Codede.

Debido a estas anomalías y la posibilidad de violaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Constitución Política de la República, recomendamos al presidente de la República vetar el Decreto No. 30-2022 aprobado por el Congreso de la República, y con ello evitar disposiciones que pueden ampliar los espacios para actos de corrupción y abuso de los recursos públicos.