El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó el documento Análisis de la Ley del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2023 de El Salvador y su comparación con el presupuesto ejecutado en 2022. En este documento se analiza el contexto económico, social, político y fiscal, y señala que, si bien hay una disminución en el déficit fiscal y el saldo de la deuda pública, puede ser a costa del bienestar de la población salvadoreña.

---

Documentos adjuntos:

• Comunicado en PDF
• Documento - Análisis de la Ley del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2023 de El Salvador y su comparación con el presupuesto ejecutado en 2022

En el contexto económico, se prevé que la economía salvadoreña continúe desacelerándose en 2023, ubicándose con el menor crecimiento económico en la región centroamericana, al igual que sucedió en 2022. El aumento de la inflación, especialmente en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, ha provocado un deterioro del poder adquisitivo de las personas. No obstante, las remesas continúan siendo el principal amortiguador de cualquier crisis. En el ámbito social, sobresale el aumento de la pobreza, especialmente la extrema, y los niveles de inseguridad alimentaria, provocando que una de cada dos personas salvadoreñas no haya comido lo suficiente, o, en algunos casos, no hayan comido nada. Asimismo, debería ser motivo de preocupación la caída en las tasas netas de matrícula escolar.

En el contexto político, los indicadores internacionales siguen colocando al país en un franco deterioro institucional. Además del control del aparato estatal, ahora se suma el anuncio del presidente Bukele de buscar la reelección presidencial, en contra de lo que dicta la propia Constitución de la República. Esta compleja situación política también tiene una relación directa con la incertidumbre sobre qué pasará con la situación económica y financiera, tanto en el corto como en el mediano plazo.

En el contexto fiscal, un año más, el mercado de capitales continuó restringido para el gobierno salvadoreño, lo que provocó mayor dependencia de la deuda interna de corto plazo. La posibilidad de un acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional se vislumbra lejana, en tanto esa entidad recomendó un ajuste del 3.55% del PIB para los próximos tres años para buscar una senda de sostenibilidad. La falta de una planificación fiscal sigue impidiendo pronosticar con confianza la situación de las finanzas públicas en los próximos años.

Los ingresos recaudados en 2022 fueron superiores incluso al valor que se había presupuestado. Sin embargo, para 2023 se espera una caída en la carga tributaria, que pasaría de 20.7% en 2022 a 19.4% esperado para 2023. El peso de la recaudación continúa dependiendo mayoritariamente de los impuestos indirectos, y con ello, la estructura del sistema tributario salvadoreño continúa siendo regresiva.

Por el lado del gasto público, en 2022 tuvo características de austeridad, debido al acceso limitado al financiamiento y la prioridad al pago del servicio de la deuda pública. Por ejemplo, en el caso del ramo de educación, pasó de 4.6% del PIB en 2021 a 3.9% en 2022, mientras que el de salud pasó de 3.5 a 3.4% del PIB, y el de obras públicas de 1.5 a 0.9% PIB. El Icefi advierte que una aparente mejor en el resultado macro fiscal y de la sostenibilidad de la deuda pública sea a costa del bienestar de la población salvadoreña. En 2023, la partida presupuestaria más grande es el pago del servicio de la deuda pública, que incluye intereses y amortizaciones, alcanzando USD2,134.9 millones, muy por encima de los USD1,502.5 para el ramo de educación o de los USD1,131.1 millones para el de salud. Es decir, casi una cuarta parte del presupuesto de 2023 está asignada para el pago de la deuda pública.

Por su relevancia en un contexto de inflación alta y con niveles bajos de cobertura de protección social, el recorte que en 2023 se está aplicando al ramo de agricultura y al programa de la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, contrasta con los aumentos en las asignaciones de recursos para la Secretaria de Comunicaciones y la Secretaria de Prensa, de la Presidencia de la República. Además, nuevamente el presupuesto aprobado incluye partidas de gasto subestimadas, como la devolución de impuestos y el servicio de la deuda.

Se espera que tanto el déficit fiscal como el saldo de la deuda pública mantengan una tendencia a la baja. En cuanto a la transparencia, se siguen encontrando obstáculos para acceder a la información pública y faltan espacios para la participación ciudadana. Además, persiste el uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), un mecanismo ampliamente discrecional y opaco, especialmente porque a su manejo no le aplica el marco legal para la compras y contrataciones del Estado y permite hacer transferencias entre instituciones, sin la autorización de la Asamblea Legislativa. En 2022 el presupuesto para el Fopromid fue USD4.0 millones, pero al finalizar el año terminó ejecutando USD148.6 millones. La asignación inicial en 2023 para el Fopromid era también de USD4.0 millones, pero solo en enero se ejecutaron USD24.0 millones.

El Icefi también realizó un análisis comparativo entre el proyecto de presupuesto 2023 presentado por el Ejecutivo y el aprobado por la Asamblea Legislativa. Aunque no hay diferencias en el monto global, se reacomodaron los montos institucionales, principalmente para incluir transferencias a organizaciones no gubernamentales, sin respaldo ni justificación técnica.

Con el propósito de mejorar el presupuesto de 2023 en un contexto complejo, garantizar el bienestar de las personas sin poner en riesgo la democracia ni los derechos de la población, el Icefi recomienda no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones o incentivos, sin el respaldo de estudios técnicos que demuestren que los beneficios de esas medidas son más altos que sus costos; readecuar el presupuesto, reduciendo los recursos asignados a la partida 54305 relacionada con publicidad, a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa de la Presidencia; eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados; prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem y regular las escalas salariales de los asesores; mayor regulación en el rubro de contrataciones de consultorías; aumentar los recursos para los programas orientados a las mujeres, jóvenes, la estrategia de la erradicación de la pobreza, la educación, así como la infraestructura hospitalaria del país; liquidar el fideicomiso bitcoin y reducir la discrecionalidad en el uso de recursos del Fopromid.

San Salvador, Centroamérica, 19 de abril de 2023