El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llevó a cabo el foro político «En la búsqueda de un acuerdo fiscal integral para El Salvador». El evento contó con la participación de representantes de diversos partidos políticos a quienes se les hizo la entrega del documento «Por un acuerdo fiscal justo, transparente e incluyente. Una propuesta para el diálogo en El Salvador», elaborado por el Icefi. La publicación tiene como objetivo presentar aportes que se conviertan en un insumo para impulsar un diálogo que culmine con acuerdos políticos para modernizar la política fiscal salvadoreña y dotarla de fundamentos, estrategias, herramientas y metas que sustenten su legitimidad y efectos ante la sociedad.

El Salvador ha transitado en los últimos años por una crisis fiscal de gran envergadura: reducción del gasto y la inversión pública e insuficientes ingresos tributarios, acompañados de elevados niveles de déficit fiscal e insostenibilidad de la deuda pública. Para el Icefi el mayor problema de la política fiscal salvadoreña radica en que, en los últimos 30 años, esta ha sido vaciada de su necesario contenido democrático y potenciador del desarrollo. En ese sentido, el Icefi planteó que los problemas de la política fiscal salvadoreña son estructurales, y el camino para solucionarlos va más allá del tiempo y poder del gobierno de turno, por lo que los diversos actores de la sociedad salvadoreña deben ser capaces de lograr acuerdos sobre el tipo de sociedad al que se aspira, así como la responsabilidad, pública y privada, en la construcción de la misma.

En ese sentido, el Icefi urgió a los partidos políticos salvadoreños, que participarán en el proceso electoral, llegar a un acuerdo fiscal integral que constituya una agenda de corto (los próximos dos años), mediano (lo próximos cinco años) y largo (los siguientes diez años) plazos en las áreas de transparencia, gastos, ingresos y deuda pública. El Instituto propuso un conjunto de posibilidades de acción en estos cuatro campos. En el área de transparencia recomendó la creación de una política nacional de transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto, así como una política de datos abiertos. Asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos; contar con una institucionalidad moderna a través de reformas estructurales de la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Ética Gubernamental y las unidades de auditoría interna. Asimismo, elaborar y publicar las evaluaciones del impacto económico y social de los regímenes tributarios especiales (exenciones, exoneraciones y deducciones) creados para el fomento de la actividad económica y la generación de empleo, e incorporar la evaluación técnica del impacto económico y social, positivo o negativo, de nuevas iniciativas de ley que afecten la tributación, para publicarlo y difundirlo. Además, buscar mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, que acerquen y legitimen el quehacer de la administración pública frente a la sociedad.

En cuanto al gasto público planteó acciones para garantizar el bienestar de los salvadoreños, a través de un proceso que logre la universalización y mejora cualitativa de los bienes y servicios públicos; la vinculación de la planificación con presupuestos por resultados en sintonía con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; la creación de un sistema nacional de inversión pública; implementación de reformas al servicio civil; la eliminación de gastos superfluos; y, la creación de un fondo intergeneracional que permita financiar las inversiones en niñez y adolescencia.

Con respecto a los ingresos públicos las recomendaciones buscan que estos sean recaudados con simplicidad, efectividad y progresividad; por ello, el Instituto propuso implementar un impuesto al patrimonio y un impuesto predial; el establecimiento de un IVA diferenciado para bienes de lujo; la adopción de impuestos ambientales; la transformación del ISR, pasando de un esquema cedular a uno global, además de establecer el principio de renta mundial; eliminación de privilegios fiscales injustificados; implementación de una política antievasión; así como, el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera. En cuanto a la deuda, se aconsejó ordenar el uso de las Letras de tesorería (Letes) y la reestructuración de la deuda pública, para buscar su sostenibilidad. Por otro lado, planteó la necesidad de reformar el sistema previsional para mejorar la cobertura y alcanzar la universalización de la seguridad social, en sintonía con las medidas pertinentes para lograr una autonomía financiera, prestándole especial atención a los pilares no contributivos de este sistema.

De acuerdo al Icefi, el éxito de un acuerdo fiscal de esta envergadura requiere un proceso de aprendizaje colectivo que facilite la convergencia de posiciones y el desarrollo de un «lenguaje común», que conduzca a lograr el máximo grado de acuerdo posible.  Un diseño bien elaborado es clave para evitar que la negociación se prolongue indefinidamente, y que el proceso degenere en una táctica dilatoria para impedir reformas fiscales; o que se desvirtúen los objetivos del diálogo, y se limite la discusión al análisis de temas coyunturales. Otro defecto que se debe evitar, es convertir la discusión en un espacio entre élites, o que se propongan soluciones técnicamente sustentadas, pero políticamente inviables o viceversa

El acompañamiento técnico sólido, que provea datos y estadísticas serias, precisas, pero sobre todo creíbles, debe ser parte de ese «lenguaje común» a favor del pacto. En este sentido, se recomienda la creación de un grupo técnico de acompañamiento y apoyo durante todo el proceso.

La convocatoria de este proceso debe ser realizada por el presidente de la República, asegurando la participación de los tres poderes del Estado, los partidos políticos, los sindicatos, la academia y el sector privado. Sin embargo, se debe recalcar que es vital la incorporación de expresiones diversas de la sociedad civil. Asimismo, la comunidad internacional, las iglesias, y otros grupos representativos de la sociedad pueden jugar el rol de mediadores para que el proceso sea exitoso. La legitimidad del acuerdo dependerá de quienes sean los actores que participen y de la realización de un proceso transparente cuyas discusiones sean del conocimiento de toda la ciudadanía.

Finalmente, el Icefi señaló que esta propuesta seminal se la entregará a diversos actores de la sociedad salvadoreña, pues reconoce que un acuerdo político de esta trascendencia requerirá tanto acuerdos sobre el futuro del país, como la responsabilidad de cada actor para hacer los cambios necesarios en la política fiscal. Icefi recalcó que un El Salvador diferente, más próspero, más seguro y con mayor bienestar es posible, pero esto requiere una política fiscal distinta.

San Salvador, Centroamérica 18 de julio de 2018.