El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó la nota de coyuntura intitulada Análisis del dictamen al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para el Ejercicio Fiscal 2020,[1] en el que detalla que los cambios introducidos por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República ignoran las pérdidas de ingresos que generarán los privilegios fiscales recientemente aprobados, suprime ingresos provenientes de donaciones, reduce los presupuestos de las principales entidades que tienen a su cargo el gasto social prioritario y las principales intervenciones en favor de la lucha contra la desnutrición crónica y la inversión pública en niñez y adolescencia, vulnerando derechos como la salud y la educación, y mantiene asignaciones de gasto posiblemente ilegales o inconstitucionales, sin justificación técnica o social, o vulnerables a la corrupción y otros abusos. El Instituto reiteró que la aprobación sin corregir estas anomalías no es recomendable.

El Instituto lamenta que la CFPM haya dictaminado[2] sin haber escuchado previamente las preocupaciones y recomendaciones que organizaciones diversas manifestaron sobre el proyecto de presupuesto entregado por el Organismo Ejecutivo. El Icefi envió a los diputados miembros de esta comisión 24 recomendaciones específicas en el Documento para el Diálogo Fiscal titulado Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020,[3] pero debido a que no fueron atendidas y la gravedad de las anomalías introducidas en el dictamen de la CFPM, en esta Nota de Coyuntura el Instituto agrega 12 recomendaciones específicas al Congreso de la República para corregir estas anomalías por medio de enmiendas durante el proceso de aprobación por artículos y redacción final. 

Sin embargo, el Icefi ve con preocupación que el esfuerzo técnico para corregir tantas falencias requiere tiempo y mucha voluntad política, lo cual constituye un desafío toda vez el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto vence el 30 de noviembre. Hace un llamado a todas las entidades que resultarían perjudicadas a que se pronuncien y actúen, especialmente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en general, como principal beneficiaria del presupuesto público, para exigir la aprobación de un presupuesto con asignaciones legítimas y coherentes con las necesidades de la población y la gobernabilidad democrática.

El Icefi considera que de no corregirse las anomalías advertidas con enmiendas durante el proceso de aprobación por artículos y redacción final, no es recomendable aprobar el presupuesto tal como fue dictaminado por la CFPM.

Guatemala, Centroamérica, 31 de octubre de 2019.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org