El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su preocupación por el avance acelerado en el proceso de aprobación de iniciativas de ley fiscalmente dañinas, tal como lo refleja el Orden del Día de la cuadragésima séptima sesión ordinaria adicional del Congreso de la República,[1]programada para hoy, martes 5 de noviembre de 2024.

Especial preocupación causa que la iniciativa de ley número de registro 6388, Ley para la agilización en la ejecución de obras de consejos de desarrollo urbano y rural,[2]que propone reformar la Ley Orgánica del Presupuesto con el propósito de liberar a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) de controles anticorrupción. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda dictaminó favorable esta iniciativa, sin contar con opiniones o dictámenes técnicos favorables de los entes rectores en la materia, principalmente del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), de la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan), y de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y es sin estos avales que se pretende su discusión por artículos y redacción final, el último paso del proceso de aprobación de leyes en el Congreso.

Los defectos y anomalías técnicas de la iniciativa de ley 6388 incluyen obligar al Minfin a trasladar al final de cada ejercicio fiscal la fracción de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) que corresponde a los Codede, independientemente del grado de avance físico o financiero de las obras. Además, contraviene los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que prácticamente exonera a los Codede de la obligación establecida en esas normas de reintegrar a la Tesorería Nacional los saldos de efectivo no ejecutados. Como muy preocupante califica el Icefi que, además, esta propuesta contraviene el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo, en el sentido que facultaría a las municipalidades la evaluación de las obras de los Codede, cuando según esa norma superior, es una facultad de la Segeplan.

Preocupación similar expresa el Icefi por las iniciativas de ley números de registro 6410, Ley de dragados y rescate de la capacidad portuaria marítima nacional,[3] programada para discusión en tercer debate, y 6438, Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a las Municipalidades,[4] programada para discusión en segundo debate. El Icefi reitera que estas iniciativas de ley deben ser estudiadas y analizadas por los entes rectores en la materia, especialmente el Minfin y la Segeplan, y no deben ser aprobadas en tanto no cuenten con opiniones y dictámenes técnicos de estas entidades y no se agoten las discusiones y debates técnicos que requieren propuestas legislativas de impacto fiscal importante.

La citada Orden del Día también incluye la discusión por artículos y redacción final de la iniciativa de ley 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Aunque esta versión, el tercer dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior[5] (la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, que también la conoció, no ha emitido su dictamen), introduce algunas mejoras respecto a las versiones anteriores, este proyecto de ley continúa adoleciendo de errores y elementos discutibles.

A criterio del Icefi, se debe profundizar y ampliar el análisis y la discusión técnica de aspectos de la propuesta de Ley General de Infraestructura Vial, entre otros, los siguientes: la nueva institucionalidad que se propone crear, especialmente una nueva dirección, con un directorio y una gerencia con facultades discutibles y su propio régimen de personal; la gestión financiera de los proyectos; la legalidad de constancia de disponibilidad presupuestaria multianual; el régimen de adquisición pública que se propone; la regulación de pagos atrasados; el procedimiento de expropiación; la posible inconstitucionalidad de la emisión de títulos de deuda pública sin aprobación del Congreso; cambio en los destinos específicos del impuesto a la distribución de combustibles; la propuesta de uso de recursos de caja como fuente de financiamiento del Fondo de Infraestructura para Proyectos Viales Prioritarios, incluyendo el monto inicial de Q6,000 millones.

El Icefi sostiene la necesidad de que toda iniciativa de ley con impacto fiscal importante debe ser técnicamente formulada y analizada. Insta a las comisiones de trabajo del Congreso a no emitir dictámenes favorables a este tipo de propuestas sin que se hayan recibido opiniones técnicas favorables de las entidades rectoras, y al Pleno del Congreso a no aprobar propuestas que no han sido suficientemente discutidas y analizadas. En especial, el Icefi recomienda no modificar leyes orgánicas o reguladoras de componentes críticos de la fiscalidad pública como las adquisiciones, ni debilitar o suprimir controles anticorrupción y de prevención de otras anomalías, con el propósito de atender intereses políticos o circunstancias coyunturales o temporales.