GT-015-2015. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró la necesidad urgente para controlar, racionalizar y transparentar todas las industrias extractivas en Guatemala. Desde 2010 Guatemala ha buscado la implementación de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el Icefi reitera que la aplicación en Guatemala de esta iniciativa internacional enfrenta demasiadas limitaciones, las cuales impiden que la Eiti constituya una herramienta efectiva.

La Eiti concilia los pagos realizados por las empresas extractivas, lo cual en Guatemala está severamente limitado por el artículo 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 44 de la Ley Orgánica de la SAT y la literal «a» del artículo 101 del Código Tributario. Debido a estas restricciones legales, la Eiti se limita a procesar y publicar información que recibe por una acción voluntaria de las empresas, y no lo que sociedad civil demanda. El Icefi reiteró su preocupación sobre el carácter voluntario de esta rendición de cuentas, la cual puede cesar en el momento en que las empresas extractivas así lo dispongan.

Por otro lado, el Icefi señaló que las empresas participantes en Eiti publican información de forma agregada, omitiendo, entre otros, su nombre y la apertura detallada de montos dentro de los datos a conciliar En el denominado «grupo multipartes» de la Eiti participan organizaciones de la sociedad civil, como elemento que equilibra la participación de las empresas extractivas y del Gobierno. Sin embargo, en Eiti Guatemala no participan las organizaciones sociales especializadas en derechos humanos, medio ambiente, transparencia, fiscalidad, procesos extractivos y como caso particularmente grave, las comunidades directamente afectadas por los proyectos extractivos.

El Icefi advierte que, ante las limitaciones expuestas, la Eiti en Guatemala no constituye un espacio para tomar decisiones y mucho menos impulsar políticas públicas. Las voces de los pobladores cercanos a los proyectos extractivos no tienen un lugar en esta iniciativa, ni tampoco las consultas que realizan. En el contexto actual, los alcances de esta iniciativa son insuficientes para lograr que las empresas extractivas estén obligadas a respetar los derechos humanos, principalmente el derecho al desarrollo, y promover obligaciones legales para regular la transparencia del sector.

A criterio del Icefi estas limitaciones comprometen seriamente la efectividad de la Eiti como un mecanismo de transparencia en Guatemala, y se percibe un riesgo real que se deforme en una «caja de resonancia» de la publicidad millonaria de las empresas, o un mecanismo para «legitimar» ante la opinión pública sus operaciones. En sus informes, el Instituto cita fuentes oficiales que reportan que en 2013 el sector minas y canteras (que incluye minería y petróleo) representó solamente el 1.85% PIB guatemalteco.

En términos de empleo, el sector contaba en ese mismo año con 5,949 trabajadores cotizantes al seguro social (Banguat, 2015). En cuanto a su aporte a las finanzas públicas, las actividades de minería pagaron en concepto de impuestos y regalías Q 410.6 millones, equivalente al 5.3% de la producción de minas y canteras y al 0.65% de los ingresos totales del Gobierno Central. El Icefi considera que estas cifras resultan marginales, en contrate con los altos niveles de ingobernabilidad generados por la industria extractiva: en Guatemala 8 de cada 10 municipios con licencias mineras presentan algún tipo de conflictividad (Iralep, 2010).

Ante esta situación el Icefi propone que: a) ninguna discusión sobre transparencia del sector extractivo debiese realizarse al margen del reconocimiento del derecho al desarrollo de las comunidades, lo que implica su consulta sobre el uso de los recursos naturales; b) la transparencia del sector extractivo en Guatemala debe ir mucho más allá de una iniciativa en la que la información depende de la voluntad de los empresas extractivas; y, c) se promueva la transparencia del sector extractivo por medio de reformas al marco legal e institucional que garanticen el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información.

Guatemala, Centroamérica, 19 de junio de 2015.