El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reitera las advertencias de los efectos negativos que generará la vigencia del Decreto número 18-2023, Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024,[1] expuestas en varios comunicados de prensa y el documento de análisis técnico a profundidad, publicados desde septiembre.[2]

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Al ignorar los pronunciamientos y llamados de numerosos y diversos sectores y organizaciones para vetar el citado decreto, el presidente Alejandro Giammattei lo sancionó, y con ello se promulgó y publicó en el Diario Oficial, por lo que el próximo 1 de enero cobrará vigencia un presupuesto plagado de espacios para la corrupción y el abuso, disposiciones posiblemente inconstitucionales y medidas que entorpecerán severamente la gestión del nuevo gobierno. El Icefi reitera su preocupación por que las alteraciones a los artículos 56 y 69, cobrarán vigencia, con lo cual durante el ejercicio fiscal 2024, dependiendo de la interpretación jurídica, se corre el riesgo de parálisis de la colocación o de la recolocación de bonos del Tesoro, lo cual dificultaría al nuevo gobierno pagar oportunamente el servicio de la deuda pública (default), paralizaría buena parte de la inversión pública, y ante esta crisis fiscal artificial, el nuevo gobierno podría verse en la obligación de tomar medidas extremas como afectar el gasto social, o incluso, obligaciones como el pago de salarios.

También cobrarán vigencia los artículos introducidos en el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y en las enmiendas que aprobó la alianza oficialista. Estos artículos establecen asignaciones presupuestarias cuantiosas para proyectos de infraestructura sin el debido respaldo técnico, y que, en muchos casos, están vinculadas con los propios diputados que las aprobaron. Algunas de estas asignaciones podrían ser ilegales, como las contenidas en el artículo 119, que establece asignaciones específicas para dragados, prácticamente imposibles de fiscalizar y por ello son un foco agudo de corrupción y abuso, y que serían ilegales porque contravienen la literal f del artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, los incrementos para el Ministerio Público, para el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Registro Nacional de las Personas y la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras entidades afines al oficialismo y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como ya se anotó, obligándolo a pagar proyectos cuestionables. Estos incrementos se aprobaron a costa de recortes a los ministerios de Gobernación, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cultura y Deportes, Desarrollo Social, al Banco de Guatemala para la cobertura del costo acumulado de la Política Monetaria y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El recorte a la transferencia a la SAT, por Q500.0 millones, también sería ilegal, toda vez contraviene la literal a) del artículo 33 de la Ley Orgánica de la SAT.

Además, como lo detallaron los comunicados anteriores del Icefi, cobrarán vigencia varias normas que limitan la potestad del Ejecutivo par administrar la hacienda pública, contraviniendo la Ley Orgánica del Presupuesto y la literal q del artículo 183 de la Constitución Política de la República. El error notorio de subestimación en la proyección de ingresos tributarios quedó sin corregir en el presupuesto aprobado para 2024, lo que, por cuarto año consecutivo, generará un problema de transparencia fiscal, toda vez la recaudación de impuestos quedará artificialmente por encima de las metas y de la previsión presupuestaria.

Pero, por encima de esta gran cantidad de anomalías específicas, al negarse el presidente Giammattei a vetar este decreto, en 2024 cobrará vigencia un presupuesto bastante alejado de ser un instrumento para el desarrollo inclusivo, que incumple el mandato del artículo 1 constitucional, la realización del bien común, y que, no solo no generará aportes adicionales, sino que puede que implique retrocesos en el bienestar para todas y todos. Con base en sus análisis técnicos, el Icefi reitera que los efectos dañinos del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, y ahora sancionado por el presidente Giammattei, que ya ha sido promulgado y publicado en el Diario Oficial, y que cobrará vigencia el primero de enero, afectará no solamente al nuevo gobierno, sino a toda Guatemala.

Desde ya, el Icefi insta a las y los diputados electos, y reelectos que integrarán la X Legislatura, a manifestar su voluntad por aprobar, en cuanto sea posible, un decreto que modifique el Decreto número 18-2023, suprimiendo y corrigiendo la enorme cantidad de espacios para la corrupción y disposiciones nocivas. Y, esta vez, a comprometerse a abrir espacios plurales, abiertos y transparentes para la discusión técnica de un eventual decreto correctivo, como una manifestación de su compromiso con el desarrollo, el respeto a la Constitución y la lucha contra la corrupción.

Guatemala, Centroamérica, 15 de diciembre de 2023.