El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) publicó su nota de coyuntura No. 04-2020, titulada Guatemala: seguimiento a la ejecución presupuestaria, con énfasis en los 10 programas gubernamentales de asistencia para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19, un análisis de la información pública sobre la ejecución presupuestaria actualizada al 31 de mayo de 2020. Sobre estos programas el Icefi ha detectado problemas de opacidad fiscal, por lo que plantea al Gobierno cinco recomendaciones para transparentarlos, y con ello abonar aún más la ejecución de los 10 programas. Asimismo, lo insta a respetar el principio de atender la crisis sin sacrificar programas esenciales como los destinados a la inversión pública en niñez y adolescencia, en particular aquellos constituidos para erradicar la desnutrición crónica infantil o la mortalidad.

Documentos adjuntos:

• Presentación y análisis impartido por Ricardo Barrientos, Economista sénior
• Presentación en PDF (al 31 de julio)
  
• Comunicado en PDF

El Icefi examinó las tres ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República, las cuales incrementaron el techo presupuestario global en Q19, 806.4 millones, que sumados a las modificaciones internas realizadas con incremento neto de Q239.3 millones, el techo presupuestario global se amplió en Q20, 045.7 millones, pasando de los Q87, 715.1 millones del presupuesto inicial a un presupuesto vigente al 31 de mayo de 2020 de Q107, 760.7 millones. Como lo advirtió en su Nota de Coyuntura No. 03-2020, el Icefi verificó que no todos los recursos de las ampliaciones presupuestarias están destinados a atender la crisis asociada a la pandemia del Covid-19. Del análisis de los decretos aprobados, el Icefi identifica que del total de Q20,045.7 millones: Q13,756.0 millones (68.9%) están destinados a los programas para enfrentar el impacto de la pandemia; Q5,700.4 millones (28.4%) están destinados a adaptar el presupuesto de 2019 a la realidad de 2020, luego de la no aprobación del proyecto de presupuesto de 2020, pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública y otros fines no debidamente justificados; y, Q350.0 millones (1.7%) están destinados a financiar medidas para cumplir promesas específicas de la campaña electoral del presidente Giammattei o de su plan de gobierno.

El documento estudia la forma en que los recursos de estas ampliaciones presupuestarias están vinculados con los programas que el Gobierno de Guatemala ha divulgado para atender la crisis generada por el impacto de la pandemia, y proveer insumos para la auditoría social de su ejecución presupuestaria. Para el efecto, el Icefi consultó la publicidad gubernamental que ha divulgado los siguientes 10 programas de asistencia para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19: Cajas Kit Saldremos Adelante; Alimentación escolar; Fondo de crédito para capital de trabajo; Subsidio a la energía eléctrica; Bono de riesgo para el personal de salud; Bono de apoyo al comercio popular; Bono familia; Dotación alimentaria; Adulto Mayor; y, Fondo de protección al empleo.

Para evaluar la transparencia fiscal de la ejecución presupuestaria de estos 10 programas, el Icefi analizó la información pública disponible en la publicidad del Gobierno, los decretos aprobados por el Congreso de la República, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y el Sistema de Gestión (Siges), y el Tablero de Control Estado de Calamidad Covid-19, estableciendo sus ventajas y desventajas. El Icefi encontró que estas cuatro fuentes proveen información veraz, importante y relevante sobre la ejecución presupuestaria de los 10 programas, pero ninguna logra compilarla de manera completa. A criterio del Icefi esta imposibilidad constituye una muestra de opacidad fiscal importante.

En su análisis por programa de los presupuestos de cada entidad, el Icefi encontró que no se han revertido los recortes presupuestarios a los siguientes programas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): Recuperación de la salud (Q361.9 millones); Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (Q130.0 millones), con consecuencias muy dañinas para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, y una merma en la Inversión Publica en Niñez y la Adolescencia; Prevención de la mortalidad materna y neonatal (Q28.3 millones); Prevención y control de infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA (Q57.2 millones); y, Prevención y control de la tuberculosis (Q1.5 millones). El Icefi consideró como un problema muy grave que con el propósito de atender la emergencia del Covid-19 se recorte el presupuesto de programas esenciales, pese a las ampliaciones presupuestarias con recursos abundantes para la crisis.

Para superar estas falencias de transparencia fiscal, en el anexo 1 del documento publicado por el Icefi provee una ficha técnica para cada uno de los 10 programas de asistencia para enfrentar el Covid-19. Cada una de estas fichas técnicas identifica para cada programa las unidades ejecutoras, la asignación presupuestaria en los decretos aprobados por el Congreso, los beneficiarios previstos, una guía para ubicarlos en el Sicoin, la asignación presupuestaria y ejecución al 31 de mayo de 2020, y si tiene establecidas en el Siges metas físicas que permitan evaluar los resultados, y la ejecución al 31 de mayo de 2020 de estas metas físicas.

Finalmente, el Icefi plantea las siguientes 5 recomendaciones para transparentar la ejecución de los 10 programas de asistencia Covid-19 y corregir los problemas detectados:

1. Rediseñar el módulo de gasto público del Tablero de Control Estado de Calamidad Covid-19. Este tablero de control debería seguir un esquema similar al de las fichas técnicas elaboradas por el Icefi para cada uno de los 10 programas, identificados tal como los publicitó el Gobierno. El rediseño debe evitar las rutas complicadas actuales en el Sicoin, la imposibilidad de identificar programas, tal el caso del Bono de Riesgo para el personal de salud en el MSPAS, y la dificultad para distinguir las asignaciones presupuestarias, como el caso del Bono de apoyo al comercio popular y Bono familia en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
2. Las entidades a cargo de la ejecución de los 10 programas deben modificar la estructura programática de sus presupuestos, creando rubros contables específicos que los identifiquen con claridad, tal como los ha publicitado el Gobierno. Con prioridad, el MSPAS debe corregir la estructura programática de su presupuesto, creando un rubro específico que identifique el Bono de riesgo para el personal de salud.
3. En el marco de la gestión del presupuesto por resultados, establecer metas físicas para todos los 10 programas.
4. Con prioridad y urgencia, el MSPAS debe revertir los recortes a lo presupuestos de los programas esenciales.
5. Mejorar la estructura programática del presupuesto, de forma que el acceso público al Sicoin muestre el detalle de la ejecución presupuestaria de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, detallando los aportes del Gobierno central a entidades autónomas o descentralizadas, entidades no gubernamentales y otras.

El Icefi insta al Gobierno de la República a atender estas recomendaciones, ya que sólo con transparencia y las prioridades correctas en las asignaciones presupuestarias, la respuesta gubernamental ante el impacto de la pandemia del Covid-19 podrá ser más efectiva y gozar de legitimidad y credibilidad. El Gobierno está obligado a facilitar la auditoría social de la ejecución presupuestaria de estos programas de emergencia, y respetar el principio de atender la crisis sin sacrificar programas esenciales como los destinados a la inversión pública en niñez y adolescencia, en particular aquellos constituidos para erradicar la desnutrición crónica infantil o la mortalidad.

Guatemala, Centroamérica, 19 de junio de 2020