El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su cuarto boletín^[1]y la actualización del observatorio trimestral en línea de gasto público en justicia y seguridad (GPJS).^[2]Estos instrumentos facilitan el seguimiento y la auditoría social del gasto que realizan las instituciones del sistema de justicia, y otras entidades que, por mandato constitucional o legal, tienen facultades y responsabilidades en materia de seguridad, transparencia o rendición de cuentas.

El Icefi reportó que al primer trimestre de 2024 el presupuesto vigente para el GPJS fue Q18,235.8 millones (USD2,334.7 millones), 0.4% (Q81.5 millones) menor que el presupuesto asignado al inicio del año, como consecuencia de las modificaciones presupuestarias registradas en varias entidades del sector justica. Como prioridad macroeconómica, este gasto representa el 2.2% del producto interno bruto (PIB) y una inversión per cápita diaria de Q2.80 para cada ciudadano. El presupuesto ejecutado al primer trimestre de 2024 fue Q3,431.1 millones, equivalentes a 18.8% del presupuesto vigente. A criterio del Icefi, un porcentaje de ejecución bajo cuando corresponde por lo menos 25% al final del primer trimestre.

El 52% del GPJS se destinó a entidades del sector justicia (Q9,481.7 millones o 1.1% del PIB), el 43.1% fue para entidades que prestan los servicios de seguridad pública (Q7,850.5 millones o 0.9% del PIB) y 5.0% se dirigió a los servicios de transparencia y rendición de cuentas (Q903.6 millones o 0.1% del PIB). El 53.6% del GPJS lo tuvieron a cargo entidades descentralizadas y 46.4% la Administración central. El 96.9% del gasto total en justicia lo realizaron entidades descentralizadas y autónomas, el 95.3% de los servicios de seguridad se ejecutó por medio de la Administración central y el 98.1% de las acciones de transparencia y rendición de cuentas fueron llevadas a cabo por entidades descentralizadas y autónomas.

Para el gasto en justicia se analizaron 15 entidades, entre las cuales destacan: el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otras. El análisis del Icefi detalló los programas y actividades realizadas por cada entidad, identificando los que registran mayor y menor ejecución, así como los que tienen las modificaciones más significativas en sus techos presupuestarios. En el gasto en seguridad, se revisaron 10 entidades, de las cuales resaltan: el Ministerio de Gobernación, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, entre otras. En los gastos de transparencia y rendición de cuentas se analizaron 4 entidades: la Contraloría General de Cuentas, la Presidencia de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas y la PDH. El análisis y detalle de los datos para cada componente de gasto se encuentra en el boletín y el Observatorio en línea de GPJS.

El Icefi analizó el GPJS por ubicación geográfica, encontrando un alto grado de centralización de los recursos públicos, en el departamento de Guatemala se concentró el 79.5% del GPJS. Al respecto, el Icefi reiteró cautela con la interpretación de los datos oficiales por ubicación geográfica, toda vez que algunos bienes y servicios se adquieren de manera centralizada, pero luego se entregan en varios municipios. Las instituciones encargadas de ejecutar el GPJS muchas veces no registran en los sistemas de información financiera el lugar en que efectivamente se entregan los programas públicos. Pese a esta falencia, los datos que proporciona el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoín) son útiles porque, en cierta medida, permiten ubicar geográficamente la unidad responsable de los programas, actividades u obras que integran el presupuesto y, con ello, medir el grado de centralización y concentración de los recursos.

En la clasificación por fuente de financiamiento, el Icefi reportó que 65.3% del GPJS se financió con recursos del Tesoro y 23.2% responden al cumplimiento de disposiciones constitucionales que establecen asignaciones específicas para entidades del sector justicia y de seguridad, lo que indica que la gran mayoría del GPJS es altamente sensible a las variaciones en la carga tributaria. La fuente de financiamiento del GPJS con la ejecución más baja fueron los créditos internos, con ejecución del 0.4% (Q4.8 millones) de los Q1,117.9 millones disponibles. De los ingresos que se obtienen por los procesos de extinción de dominio, el 99.7% correspondió a productos y rendimiento de dineros incautados y el 75.5% del total tuvo como destino el MP.

En el análisis detallado por rubros de gasto, es decir, al revisar en qué se utilizan los recursos para producir los bienes y servicios públicos que garantizan la justicia y la seguridad pública, el Icefi reportó que 82.3% del GPJS se destinó al pago de servicios personales —sueldos y salarios—. En cuanto a la ejecución de cada rubro, resaltó la ejecución baja del GPJS destinado a la construcción de infraestructura —propiedad, planta, equipo e intangibles—, donde se ejecutó 0.6% (Q6.5 millones) de los Q1,154.7 millones disponibles, y 0.0% para las transferencias de capital de un disponible de Q2.4 millones.

Tanto el Boletín como el Observatorio, además de la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, analizan la ejecución del presupuesto por resultados, es decir, examinan la ejecución al nivel de los productos y los subproductos que generan las entidades responsables de la justicia, la seguridad y la transparencia. Se revisaron 187 productos y 414 subproductos, con diversas unidades de medida, destacando que entidades como el MP y el OJ reestimaron en algunos casos sus metas físicas, sin congruencia con el historial de ejecución reciente. Por otra parte, este esfuerzo permite vincular el GPJS al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El Icefi espera que la información proporcionada por el Boletín y el Observatorio, como instrumentos técnicos para el seguimiento y la auditoría social de los gastos en justicia y seguridad, resulte de utilidad para las personas y organizaciones, ya sea de la sociedad civil organizada, la prensa, el sector académico, los centros de pensamiento e investigación, la cooperación internacional, al sector público, así como a toda persona o entidad interesada en la justicia y la seguridad.

Guatemala, Centroamérica, 11 de junio de 2024.

Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org